La ocupación ilegal de viviendas es uno de los problemas que más preocupa a los propietarios en España. La falta de una respuesta rápida y eficaz puede llevar a largos procesos judiciales, dejando a los dueños en una situación vulnerable durante meses o incluso años. Ante esta situación, las aseguradoras buscan ofrecer soluciones para mitigar el impacto de la ocupación ilegal y proteger a sus clientes. En respuesta a esta necesidad, Mutua Madrileña ha introducido una nueva cobertura antiocupación para sus pólizas de hogar. Disponible como opción adicional por 7,5 euros al año , esta cobertura puede ser contratada tanto con pólizas nuevas como con las ya existentes, y ofrece una serie de beneficios destinados a asegurar una rápida recuperación del inmueble y compensar los costos asociados a la usurpación. Entre los principales beneficios de esta cobertura se incluye un asesoramiento legal ilimitado. Esto permite a los asegurados contar con apoyo jurídico continuo para recuperar su vivienda, ya sea por medios amistosos o judiciales. Además, la cobertura cubre los costos notariales y judiciales, incluyendo honorarios de abogados y procuradores , así como los gastos de medidas cautelares y la ejecución forzosa de sentencias, hasta un máximo de 10.000 euros. Además, si la ocupación ilegal se produce en la vivienda habitual del asegurado y este tiene contratada la cobertura Global Plus o Global, la póliza ofrece el pago de un alojamiento alternativo por hasta 800 euros al mes durante seis meses. También cubre los costos de reparación de daños materiales causados por los ocupantes ilegales, con un límite de 6.000 euros para el continente y 1.200 euros para el contenido de la vivienda. Finalmente, la cobertura incluye el pago de los suministros de agua, gas y electricidad durante la ocupación ilegal, hasta 100 euros al mes por un período de seis meses, tanto para la vivienda principal como para una segunda residencia. Además, se contempla una indemnización de hasta 7.500 euros por daños y perjuicios a terceros causados por los ocupantes ilegales, siempre y cuando dichos daños sean reconocidos por una sentencia judicial firme.
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