El jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, pide al juez Aguirre que archive la pieza separada sobre la denominada trama rusa del 'procés' y aplique la amnistía . Es decir, que decrete el sobreseimiento de las pesquisas, que tilda de « ensoñaciones impropias de una investigación judicial ». En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, su defensa, que ejerce Gonzalo Boye , sostiene que «cualquier solución» que no sea aplicar el olvido penal «no será más que una interpretación arbitraria y aberrante de la norma, con las consecuencias que ello tendría, tanto a efectos de responsabilidad penal como en relación con el dispendio de dinero público». Y es que después de que la Audiencia Provincial tumbase la prórroga de las pesquisas sobre las supuestas injerencia del Kremlin en Cataluña, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona abrió una nueva pieza separada , en la que pidió investigar a Puigdemont -él no puede hacer por ser aforado- por alta traición. En esta misma causa otorgó la calidad de investigado a Alay, y a otra decena de personas; entre ellas, al propio Boye, quien ahora, en su escrito, apunta que la resolución posterior de Aguirre «no solo no es ajustada a derecho, sino abiertamente prevaricadora y desobediente » y que «se ha gestado a partir de un uso indebido de fondos públicos para mantener una persecución política que no es compatible con las reglas de un Estado democrático y de derecho». El abogado indica además que, en su auto, el instructor ni siquiera recoge una clara configuración de hechos que imputar a los investigados, sino que desgrana una « una suerte de telenovela en la que se van entrecruzando distintos relatos, incluidas ideaciones fantasiosas o ensoñaciones impropias de una investigación judicial». Por eso insiste -como ya hiciera en otros recursos, como el que admitió la Audiencia Provincial- en el « escaso o nulo recorrido que tiene esta nueva e insólita aventura procesal ». Al respecto, Boye detalla que «parece existir una interesada confusión» al haber decidido el instructor que los hechos que forman parte de esta nueva pieza separada estaría excluidos de la ley de amnistía, «cuando no es así». Sostiene así el abogado que la intención de Aguirre es burlar la decisión de la Sección 21 -que tumbó la prórroga de la instrucción sobre la denominada trama rusa- con una «ficción procesal» para seguir investigando. «Del propio recorrido procesal se desprende una intencionalidad». Recuerda asimismo que, «aprovechándose de la existencia de una pieza separada en vía muerta, la Catmon-Igman, burlando lo ordenado por la superioridad, traslada a ella el contenido de la pieza separada 2 -la conocida como de la 'trama rusa'- para, una vez materializado el traslado del conjunto de la investigación abrir, a su vez y con manifiesta intención de burlar a la superioridad, una nueva pieza separada a la que ahora denomina pieza separada para la investigación de la injerencia rusa en el 'procés'», auto que ahora recurre el letrado, en representación de Alay. Boye apunta además que el propio Aguirre, en su resolución del pasado 21 de junio, reconoce el fraude de ley , cuando apunta que «al estar recusado por el investigado Josep Lluís Alay, hubiera constituido un fraude procesal que se abriera pieza separada sobre la injerencia rusa, desgajándola de otra pieza de las diligencias previas 111/2016, puesto que el fondo de la recusación se refería a una opinión emitida por este magistrado ante la televisión pública alemana, sobre el papel de Rusia en la desestabilización de occidente (solamente 40 segundos de intervención). Una vez resuelta la recusación denegándola no hay inconveniente procesal en seguir la instrucción de la cuestión rusa en otra pieza separada siempre que esta última pieza separada tenga ligazón suficiente para desgajar de ella la injerencia rusa». Respecto a los delitos de traición , el escrito de la defensa de Alay recuerda que la amnistía sólo los excluye en caso de que se hubiese producido, tanto una amenaza efectiva y real, como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España. «Pues bien, en el presente caso, nada de lo descrito en el auto de fecha 21 de junio de 2024, difundido por el magistrado instructor ampliamente a los medios de comunicación, con antelación a su notificación a los afectados, cumple con los requisitos -cumulativos- que el legislador ha previsto para que sea de aplicación la exclusión pretendida por el magistrado instructor y sus asesores externos», sostiene Boye . Por tanto, concluye así el abogado que los actos que se pretenden «atribuir a mi representado y otros, entran de lleno en el ámbito objetivo» del olvido penal y procede así el sobreseimiento libre .
