Consumo intensifica su investigación contra los anuncios de pisos turísticos ilegales pidiendo a los ayuntamientos que aporten información
El Gobierno sigue avanzando en su plan para poner coto a la proliferación de los alquileres turísticos, un fenómeno que ha desatado una oleada de protestas coincidiendo con inicio de la temporada vacacional. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se ha puesto en contacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para proponer a los ayuntamientos de todo el país que colaboren con la investigación que el departamento que dirige Pablo Bustinduy puso en marcha a comienzos de junio sobre las plataformas de alquiler turístico por anunciar viviendas que operan sin licencia, una práctica que supondría una infracción de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
A principios de mes, la Dirección General de Consumo envió requerimientos a las principales plataformas de alquiler turístico para obtener información sobre las viviendas que son anunciadas así. Con la información que le suministren, los responsables de Consumo quieren determinar la actividad y responsabilidad de aquellos grandes arrendadores o empresas dedicadas a la gestión de numerosos pisos turísticos en diversas comunidades y que podrían estar incurriendo en prácticas comerciales desleales al anunciar pisos turísticos que no disponen de licencia para operar como tal.
Ahora, el departamento de Bustinduy quiere intensificar esta investigación pidiendo a los ayuntamientos que aporten la información de la que disponen. Asimismo, "Consumo pone sus competencias a disposición de los consistorios para trabajar de formar conjunta en la identificación de viviendas no habilitadas para operar como turísticas", ha señalado el Ministerio en un comunicado.
Consumo señala en su carta a la FEMP el “importante impacto en el modelo de ciudad” que tienen las viviendas turística y “la necesaria colaboración que debe haber entre las distintas administraciones” para poder garantizar que se cumplen los derechos de los consumidores y usuarios, así como para velar por una competencia legal en un sector “que profundiza en la habitabilidad de las ciudades”.
El Ministerio estudiará la posibilidad de abrir expedientes sancionadores por estas prácticas que pueden llegar a calificarse como infracciones graves con multas de hasta 100.000 euros, una cantidad que se puede sobrepasar hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Pero la ofensiva del Ejecutivo contra las alquileres turísticos es más extensa. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunió ayer con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un encuentro donde se planteó modificar de la Ley de Propiedad Horizontal para vetar los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios, al considerar que las viviendas ejercen una actividad económica, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo."Lo que voy a hacer es ofrecer una norma con la idea de facilitar todos los instrumentos. Si es necesario abordar la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, haremos una propuesta", detalló. "Para poder llegar a esa consecución, necesitaremos después forjar los acuerdos parlamentarios, y tengo confianza en que en un asunto como este lo vamos a hacer", añadió.
Además, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la creación de una plataforma única estatal mediante la cual, controlar y combatir el fraude que se produce en el mercado de los pisos turísticos. El desarrollo de esta plataforma surge para adelantar el cumplimiento del reglamento europeo que regula el fenómeno de los servicios de alquiler de corta duración, que entró en vigor el pasado 20 de mayo, y que cuenta con un plazo de dos años para implantarse.
En el ámbito local, Barcelona no renovará las licencias para que en los próximos cuatro años desaparezcan las 10.000 viviendas turísticas de la ciudad. En Madrid, la concejala del Ayuntamiento en representación de Más Madrid Rita Mestre, ha propuesto imponer una tasa de tres euros a los turistas que duerman en Madrid con la que se recaudarían 65 millones anuales y se destinarían a la construcción de vivienda pública, a la promoción de alquileres asequibles y a la rehabilitación. En Palma, el Ayuntamiento de la capital balear propuso en mayo prohibir las nuevas viviendas de alquiler turístico y limitar los cruceros y los coches de alquiler.