A menudo no se valora la oportunidad educativa hasta que se pierde. La educación es un derecho humano fundamental y universal, sin embargo la desigualdad en el acceso es un problema que afecta cada vez a más personas, sobre todo en un contexto de guerra donde los ataques a escuelas y hospitales se encuentran a la orden del día. Se calcula que se produjeron hasta 6.000 ataques contra la educación entre 2022 y 2023. En la actualidad, existen muchas guerras activas reconocidas a nivel mundial, en concreto 56. Las leyes de la guerra, o derecho internacional humanitario (DIH), son un conjunto de normas internacionales que establecen lo que se puede y no se puede hacer durante un conflicto armado. El principal objetivo del DIH es preservar un poco de humanidad para salvar vidas y aliviar el sufrimiento, permitiendo además, que sea posible volver a convivir cuando termine la guerra. Sin embargo, son numerosas las ocasiones en las que estas normas se vulneran. Un estudio global de Coalición Mundial para proteger la Educación de los Ataques (GCPEA) ha destacado un aumento de casos y de frecuencia de los ataques a la educación en escuelas, universidades, estudiantes y personal en 2022 y 2023. Desde India hasta Colombia, desde la República Democrática del Congo hasta Palestina, estudiantes y profesores son asesinados, violados y secuestrados, mientras que los centros escolares y universidades son bombardeados, quemados y utilizados con propósitos militares. Mientras que hay niños a los que no les gusta ir al colegio, a otros les encantaría. Sin embargo, sus deseos se ven mermados por la inseguridad. Los más valientes que se arriesgan a ir, se exponen al peligro. Es el caso de una joven de 19 años que decidió acudir a su centro de educación y falleció a causa de una explosión. Tras su muerte, el padre señaló que entendía los riesgos pero la niña decía «incluso si me matan, que sea en nombre de la eduación». En algunos casos, estudiantes o educadores resultaron heridos o muertos, mientras que en otros, fueron objeto de secuestros o detenciones o sufrieron daños cuando se dirigían al colegio o a la universidad. Hay constancia de que al menos 10.000 personas del sistema educativo murieron, resultaron heridas, fueron secuestradas o sufrieron algún otro tipo de daño. Los ataques y el uso militar de instalaciones educativas se incrementaron casi un 20% durante el periodo de estudio del informe, en comparación con los dos años anteriores. El mayor número de ataques a la educación registrados se concentraron en Palestina, Ucrania, la República Democrática del Congo y Myanmar. En cada uno de estos países, cientos de escuelas fueron amenazadas, saqueadas, incendiadas, atacadas con artefactos explosivos improvisados o alcanzadas por bombardeos o ataques aéreos. Mientras tanto, en India, Pakistán, Palestina y Afganistán se registraron un elevado número de heridos o muertos. El informe también describe la situación en dos nuevos países no incluidos en el informe anterior: Egipto y Kirguistán. En el primero se registraron más de diez casos de uso militar de escuelas o universidades; en el segundo, más de 20 centros resultaron dañados o destruidos. La educación es un derecho y no patrimonio de la guerra, o al menos no debería serlo. Los enfrentamientos bélicos impiden el progreso de la educación y agravan las desigualdades. A nivel mundial, las fuerzas y grupos armados no estatales ocuparon cada vez más escuelas y universidades para utilizarlas como bases, cuarteles, puestos de tiro y almacenes de armas, entre otros fines no educativos, superando los 1.000 incidentes, casi el doble que en el último estudio. Las niñas y mujeres fueron atacadas por su género en al menos diez países, con alumnas y profesoras o sus centros educativos siendo objeto de ataques en un intento de impedir que recibieran educación en determinados contextos, entre ellos Afganistán y Pakistán. Los estudiantes con discapacidades, así como los estudiantes LGBT y los de comunidades indígenas y minorías étnicas, también enfrentaron mayores vulnerabilidades. Vigilados, expulsados. Durante los periodos de guerra, los estudiantes con discapacidad se ven afectados de forma distinta. Desde la ONU indican que si su discapacidad no les permite huir de los ataques de forma independiente, pueden correr mayor riesgo si son abandonados por falta de personal de apoyo. Explosivos y armas se utilizaron en alrededor de un tercio de todos los ataques denunciados contra la educación en 2022 y 2023. Estos ataques incluyeron bombardeos aéreos, cohetes y artillería, así como el uso de artefactos explosivos improvisados y minas terrestres, en países como Colombia, Myanmar, Palestina, Sudán, Siria, Ucrania y Yemen. De media se calcula que se producen ocho ataques diarios a la educación, motivo por el que algunos padres optan por no enviar a sus hijos a la escuela.
