Acción de amparo: Futuro de dos miembros de Sunedu en manos de jueza de Arequipa

Este lunes, Karina Apaza resolverá si hubo irregularidades en elección del superintendente Manuel Castillo y del consejero Andrés Ramos. Ya la Contraloría halló indicios en la designación de Castillo y de Israel Hernández, otro consejero. Pese a estos resultados, la PCM y el Minedu siguen en silencio.

Desde que entró en funciones, hace casi 17 meses, el actual Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se encuentra envuelto en una serie de cuestionamientos; sobre todo, por la elección de sus integrantes. Esta situación ha devenido en una demanda de amparo que hoy está en curso en el Poder Judicial y en una investigación de la Contraloría, cuyos resultados sobre indicios de irregularidades –hasta la fecha– nadie toma en cuenta.

“Se sienten ‘autónomos’, intocables, sin control. Por eso digo que hemos vuelto a la ANR (Asociación Nacional de Rectores)”, responde el congresista Jorge Marticorena, quien está pidiendo acciones a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Educación (Minedu) que brillan por su ausencia.

Pues bien, La República ha podido acceder a los documentos de ambos procesos en los que están involucrados, en total, tres de los cuatro miembros activos del consejo directivo de la Sunedu.

Primero, veamos el tema judicial.

Juzgado decidirá en julio

Un mes después de la instalación del actual Consejo Directivo de la Sunedu, es decir, el 23 de marzo del 2023, el rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), Hugo Rojas, presentó una demanda de amparo ante el Primer Juzgado Constitucional de esa ciudad para dejar sin efecto las resoluciones ministeriales con las que se designaron a Andrés Ramos Salas, como representante del Ministerio de Educación ante el consejo directivo de la Sunedu, y a Manuel Castillo, como superintendente.

Para el demandante, en la designación de Ramos no se cumplió con la Ley n.° 31520, también llamada ley de la contrarreforma universitaria, cuyo artículo 17 ordena que los miembros del Consejo Directivo de la Sunedu deben cesar un año antes su relación con las universidades.

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Y es que cuando fue elegido, el 8 de febrero del 2023, por el entonces ministro de Educación, Óscar Becerra, Ramos figuraba, hasta un mes antes, como director del Departamento Académico de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres. Esta irregularidad fue advertida por la congresista Susel Paredes y la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap), pero no fueron escuchados.

Fue así como Ramos, pese a las denuncias, lideró el proceso y convocó a los otros tres consejeros elegidos en ese momento (Manuel Castillo, Manuel Israel Hernández, por las universidades públicas, y Miguel Vallejos, por los colegios profesionales) y entre ellos, el 23 de febrero del 2023, designaron a Manuel Castillo como jefe de Sunedu. Por esto, el demandante solicita también al juzgado dejar sin efecto esa decisión.

Así, en marzo del 2023, la demanda de amparo fue admitida a trámite y desde esa fecha ha sufrido una serie de postergaciones por diversos pedidos de los demandados y por la sobrecarga laboral propia del Primer Juzgado de Arequipa.

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Finalmente, en una de sus últimas decisiones, de fecha 29 de mayo del 2024, la jueza Karina Apaza del Carpio decidió que este lunes 1 de julio se realice una audiencia única.

Ella, en aplicación del principio de suplencia de queja deficiente, se pronunciará no solo sobre lo solicitado por el demandante sino también acerca de la designación de Manuel Castillo como miembro del consejo directivo de la Sunedu, la cual viene siendo cuestionada. Para eso incorporó a la rectora de la Universidad de San Marcos, Jeri Ramón, como litisconsorte pasivo por haber sido quien dirigió el proceso de elección. La jueza también sumó nuevos medios probatorios.

“El proceso se ha dilatado tanto. Ya estamos esperando un año y mientras tanto la contrarreforma universitaria continúa en marcha. Esperamos que la jueza puede analizar las irregularidades y pueda detener todo esto”, respondieron diversas fuentes de la UNSA y de la Aunap.

Pero no es el único proceso que se abrió.

Hay indicios de irregularidad

Un informe de la Contraloría, de fecha 1 de marzo de este año, advierte indicios de irregularidad en la elección de dos miembros de la Sunedu. Se trata de Manuel Castillo y, esta vez, de Manuel Israel Hernández, ambos designados por los rectores de las universidades públicas.

En el caso de Hernández, la investigación de la Contraloría concluye que asumió como consejero de la Sunedu el 17 de febrero del 2023 sin haber cesado un año antes de su cargo de director del Departamento Académico de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, como ordena la Ley n.° 31520.

Hernández debió haber renunciado el 17 de febrero del 2022, pero recién lo hizo el 3 de octubre del 2022; es decir, cuatro meses y 13 días antes de su elección como integrante de la Sunedu. “Por eso vulneró el artículo 17 de la Ley n.° 31520”, señala.

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En el caso de Castillo, la Contraloría detectó que si bien asumió como consejero de la Sunedu el 17 de febrero del 2023, él ejerció de forma paralela el cargo de coordinador del Programa de Maestría de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura (UNP). Lo hizo “hasta el 21 de febrero del 2023, al haber suscrito documentos hasta esa fecha, luego de la cual –un día después– se le otorgó licencia sin goce de haber”.

Según la Contraloría, Castillo no ocupaba un cargo directivo, según la normativa de la UNP; por lo que no transgredió la Ley n.° 31520, como su colega Manuel Hernández. No obstante, sí incumplió la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la cual “dice que los servidores deben actuar con neutralidad e imparcialidad” (artículo 7) y “que están prohibidos de mantener conflicto de intereses” (artículo 8). Esta última norma fue nombrada por el Tribunal Constitucional (TC) cuando validó la ley de la contrarreforma.

“No hemos quebrantado el orden jurídico. Todos los plazos han estado pegados. Déjennos trabajar”, afirmó Manuel Castillo, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el último 10 de junio. Esa vez también tuvo que responder por la denuncia del doble sueldo que cobró en Sunedu y la UNP durante los meses de marzo y agosto del 2023. Él dijo que se trató de un error involuntario de la oficina de RRHH de la UNP y agregó que devolvió el dinero.

Así, con todos estos indicios de irregularidades, la Contraloría recomendó a la Sunedu adoptar acciones. Sin embargo, la institución se lavó las manos.

A través de un informe firmado por el jefe de la oficina de asesoría jurídica, el excongresista fujimorista Carlos Mesía, se concluyó que la Sunedu no tiene competencia para pronunciarse ni para iniciar medidas de fiscalización porque la elección de esos consejeros lo realizaron los rectores de las universidades públicas.

Piden acciones y no lo atienden

Ante estas respuestas, el congresista Jorge Marticorena, del Bloque Pro Reforma Universitaria, solicitó a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM informar qué institución es competente para tomar acciones. “¿O la ‘supuesta’ autonomía total de la Sunedu impide eso? También he pedido una reunión con el ministro de Educación, Morgan Quero, para advertirle que la Sunedu se ha convertido en la ANR y que tome medidas”, agregó.

Marticorena señaló que además ha denunciado a la rectora de San Marcos ante la Procuraduría General porque fue responsable de la elección, supuestamente irregular, de Manuel Castillo y Manuel Hernández.

Jerí Ramón cumplió un papel activo en la contrarreforma universitaria, acudiendo en reiteradas veces al Congreso y reuniéndose con el entonces presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina. Ambos ya han sido reconocidos por la actual Sunedu.

Un detalle importante del informe de Contraloría es que esta no pudo determinar indicios de irregularidad en el caso del consejero Andrés Ramos, citado inicialmente por la demanda de amparo, porque la Universidad San Martín de Porres no respondió a las peticiones de información para conocer si ocupaba un cargo directivo. No obstante, el Primer Juzgado Constitucional de Arequipa sí tiene pruebas.