Ante incertidumbre por reforma judicial, volatilidad financiera
La prima de riesgo del país ha aumentado debido a la posibilidad de que se apruebe una reforma al sistema judicial que genere incertidumbre entre los mercados e inversionistas.
Desde la elección del 2 de junio, las principales variables financieras, como son el tipo de cambio y las tasas de interés de los bonos gubernamentales, han mostrado elevados niveles de volatilidad, reflejando una mayor percepción de riesgo hacia el país. Es importante aclarar que la reacción de los mercados no se explica por el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum: ese ya estaba totalmente descontado por los mercados financieros, sin que ello causara ningún tipo de nerviosismo. De hecho, cuando las primeras encuestas de salida indicaban que la candidata de Morena iba a ganar por un margen contundente, el tipo de cambio no tuvo movimientos significativos. El alza del tipo de cambio comenzó la madrugada del 3 de junio, cuando se dio a conocer que había una posibilidad importante de que Morena y sus aliados tuvieran las mayorías necesarias para hacer cambios a la Constitución. El peso se depreció todavía más, cuando se anunció la intención de realizar una reforma constitucional al Poder Judicial al amparo de dichas mayorías. Esto causó volatilidad en los mercados ante la incertidumbre de cómo podría cambiar el sistema judicial mexicano.
Con respecto a los niveles observados antes de la elección, el peso se ha depreciado 6.8 por ciento respecto al dólar. El diferencial entre el rendimiento de los bonos gubernamentales mexicanos a 10 años y los del Tesoro de Estados Unidos del mismo plazo ha aumentado en 29 puntos base. El costo de asegurar deuda gubernamental mexicana ante un evento de incumplimiento (medido con los credit default swaps) ha aumentado 13.3 por ciento desde la elección.
Es decir, la prima de riesgo del país ha aumentado debido a la posibilidad de que se apruebe una reforma al sistema judicial que genere incertidumbre entre los mercados e inversionistas. Me parece que en tanto no se conozca la reforma que se vaya a aprobar, seguiremos observando una alta volatilidad en las principales variables financieras. Si la reforma que se termine aprobando genera incertidumbre en los mercados, lo más factible es que terminemos con un tipo de cambio más elevado que el que se observa hoy y con mayores tasas de interés. Si, por el contrario, se aprueba una reforma que genere certidumbre y se perciba como una mejora al sistema judicial mexicano, el peso se podría apreciar y el diferencial de tasas respecto a Estados Unidos disminuir, aunque no a los niveles observados hasta antes de la elección.
La materialización del primer escenario arriba mencionado sería negativa para la economía mexicana pues, por una parte, las mayores tasas reducirían aún más el margen fiscal a la próxima administración y por la otra, porque se podría alcanzar un equilibrio de menor inversión en la economía.
En este sentido, es bienvenida la propuesta de la virtual presidenta electa de tener un amplio diálogo en torno a la reforma judicial. Esperemos que dicho ejercicio resulte en un mejor sistema judicial (nadie duda que hay mucho por avanzar) y que genere mayores niveles de inversión y certidumbre en los mercados, ampliando el margen fiscal, permitiéndole al próximo gobierno desplegar un mayor gasto social, como por ejemplo, en los ramos de salud y educación, en los que hay necesidades muy relevantes.
Ahora bien, es necesario poner las cifras en contexto. Si bien es cierto que la percepción de riesgo del país ha aumentado, también lo es que no se está en niveles particularmente altos cuando se le compara con la historia reciente, ni con la mayoría de países emergentes. Esto se debe a que los fundamentales del país permanecen bien anclados gracias a la independencia del banco central, al tipo de cambio flexible, al relativamente bajo nivel de deuda como porcentaje del PIB, y a la ausencia de desequilibrios externos. La expectativa es que estos fundamentales se van a conservar.
El país no está en un equilibrio de mucho mayor riesgo al que ya se ha visto en el pasado no muy lejano. Pero una reforma al sistema judicial que atienda las deficiencias, pero conserve los elementos que sí funcionan, que no son pocos, resultaría en un mayor nivel de inversión y, por tanto, en una mayor creación de empleos, crecimiento y bienestar.