El Estado capturado, por Eliana Carlín
No sorprende que abogados y analistas hoy funjan de operadores políticos.
Esta semana presenciamos el inicio del juicio contra Keiko Fujimori (KF) por el caso Cócteles, y también las realineaciones mediáticas respecto al trabajo del fiscal José Domingo Pérez. Como era de esperarse, esto último no debe sorprendernos, en vista del enorme poder económico de los implicados en las donaciones y el pitufeo atribuidos a Fuerza Popular mientras KF era congresista, para financiar uno de sus intentos presidenciales como candidata. Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep y Dionisio Romero Paoletti, del grupo Credicorp, son solo dos de los pesos pesados involucrados en el proceso. Ante esto, no es sorprendente que tanto periodistas como abogados-analistas (que en realidad son operadores políticos) hayan afilado sus dientes contra la actuación fiscal. ¿Quiere decir esto que es un proceso que no presenta fallas? De ninguna manera, pero resulta llamativo el discurso coordinado.
El alegato inicial del Ministerio Público dibuja prístinamente la captura del Estado, de la que nos habló el profesor Francisco Durand. Estamos viendo, en vivo, cómo las “correas” que transmiten el poder, se extienden cual tentáculos hacia el poder político –desde el momento de campaña electoral–, optando por operar desde y en favor de una organización criminal con cascarón de partido político que ha variado nominalmente desde 1990.
Me detengo en el momento de campaña electoral, porque es un periodo intensivo en gasto y donde cunde la desesperación de empresas y partidos políticos por quedarse con el mayor pedazo de la torta posible. Esto nos vuelve a remitir al profesor Durand (2018), quien señaló que las grandes empresas privadas tienden a moverse en una “zona gris” entre lo lícito y lo ilícito. Su ubicación en ese continuo tiene que ver con la orientación de sus líderes, y la tentación de hacerse de grandes ganancias, incluso si esto significa caer directamente en sobornos o conexiones políticas cuestionables.
Finalmente, la Comisión Permanente acaba de aprobar una norma que busca prescribir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que se hayan cometido antes del 2002. Nos convertimos en reales parias internacionales, y no de la mano del “comunismo”, sino por obra de la coalición autoritaria que nos gobierna, con el gentil auspicio de las empresas que capturan Estados.