El pasado 27 de julio, el Gobierno publicó el Real Decreto-ley 4/2024 por el que prorroga determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Ucrania y Oriente Próximo. En materia energética había una importante novedad que introducía el Ministerio liderado por Teresa Ribera : las comunidades de vecinos podrán seguir contratando la tarifa regulada del gas; la denominada TUR Vecinal para consumo centralizado. Una situación que se ofreció como algo coyuntural durante la crisis, pero que se ha hecho permanente. Esto supone una distorsión en materia de competencia para las empresas. Antes de la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, las comunidades de vecinos con caldera comunitaria de gas solo podían acceder al mercado libre. Los consumidores domésticos con caldera individual, sin embargo, también tenían acceso a la tarifa regulada —más barata—. La diferencia entre ambas tarifas reside en el precio, y en que la tarifa libre la pueden ofertar todas las compañías, mientras que la tarifa regulada solo la comercializan cuatro compañías: Iberdrola , Naturgy , Endesa y TotalEnergies . Esta situación ha provocado una distorsión competitiva en el negocio del gas en un mercado muy suculento para las compañías. Las comunidades de vecinos son grandes consumidores por volumen de contratación, y supone una vía de ingresos interesante para los comercializadores de gas. Cuando se anunció la medida, el Gobierno estimaba que existían 1,7 millones de potenciales clientes que se podían acoger a la medida, aunque los cambios de tarifas fueron mínimos en comparación con los usuarios individuales que sí apostaron por la tarifa regulada. El problema, según explican fuentes del sector a ABC, es que la tarifa regulada, por su configuración de precios a través de los mercados mayoristas, puede ofertar a los clientes tarifas muy competitivas en precio en comparación con el mercado libre. De esta forma, existe un grupo de grandes empresas que pueden vender gas en el mercado libre y el mercado regulado —de forma barata—, mientras que otras energéticas solo pueden captar clientes en el mercado libre. Se trata de una distorsión que también existe en el mercado eléctrico , donde todas las empresas pueden vender en el mercado libre, mientras que la tarifa regulada (PVPC) solo la comercializan las denominadas compañías de referencia. En este caso la desventaja para el resto de empresas surge cuando cae el mercado mayorista de la luz y se convierte en más atractivo. Algo que ha sucedido en la primera mitad del año, donde ha sido más atractiva la tarifa regulada que solo pueden vender un pequeño grupo de empresas. En la exposición de motivos de la norma, el Gobierno explica por qué ha mantenido esta medida pese a la situación que genera a nivel de competencia. Argumentan que en 2009 se estableció que «solo tendrían derecho al suministro de último recurso aquellos consumidores conectados a presión igual o inferior a 4 bar y consumo anual inferior a 50.000 kWh/año, con el objetivo de proporcionar dicha tarifa a las familias que consumiesen por debajo de dicho umbral». Asumen desde el Gobierno que « esta redacción supuso en la práctica una discriminación, que ahora se pretende corregir , respecto a las familias que habitaban edificios con calefacción centralizada y que no podían acogerse a esta tarifa al sobrepasar el consumo de gas del edificio el citado umbral, por dar servicio a varias viviendas». La discriminación que señala el Gobierno entre distinta tipología de usuarios es real. Antes de que entrase en vigor la medida podría darse una situación paradójica. En una misma calle podía darse el caso de que algunos clientes tuvieran acceso a la tarifa regulada —más barata—, mientras que otros solo podían contratar las tarifas libres. Si esas personas residen en una comunidad de vecinos que tienen el gas natural centralizado, no podían optar a la tarifa TUR Vecinal. Este agravio entre usuarios se generó al pensar que los clientes individuales podrían estar más desprotegidos o tener menos conocimientos a las hora de contratar los servicios de gas. Por otro lodo, se asumía que las comunidades de vecinos con gas central, y que en muchos casos estaban asistidos por administradores de fincas, tenían cierto asesoramiento energético para saber elegir entre las diferentes opciones, pero solo del mercado libre, donde hay que saber renegociar contratos o interpretar mejor ciertas cláusulas de renovación. Esta situación, que impacta en la competencia entre empresas comercializadoras de gas, se produce por la distorsión creada en el mercado mayorista. El problema, según explican fuentes del mercado a este medio, es que el coste del gas que se aplica en la tarifa TUR Vecinal no refleja el coste actual del gas en España . Esto provoca, de facto, que las empresas no puedan competir en igualdad de condiciones. El mercado mayorista del gas ha mostrado una alta volatilidad de precios durante los dos últimos años debido a la crisis. Esto es un problema añadido a la hora de poder acometer cambios en la tarifa regulada. La Comisión Europea ya está al tanto de las distorsión que se produce en la configuración de esta tarifa a través de los componentes e índices que la afectan, donde por ejemplo también impactan los precios del petróleo. El objetivo en último lugar, que es algo que el propio Gobierno español debe controlar, es que ambas tarifas no sean tan diferentes en precios. Y que el fin último sea simplemente que existan unas propuestas comerciales controladas por la administración pública, pero que no provoque distorsiones competitivas a nivel empresarial.
