Bolaños y la mano de Dios
Todas las democracias de éxito dependen de reglas informales que no figuran en la Constitución pero son ampliamente conocidas y respetadas"
Ahora que están tan futboleros –saben que yo no practico– me permito usar un símil futbolístico para hacer visible la gravedad de las declaraciones realizadas el viernes por el ministro de Justicia, que suponen de facto una ruptura de la contención institucional de proporciones inéditas. Bolaños, en su defensa de una ciudadana llamada Begoña Gómez, se hizo un Maradona y no tuvo empacho en tocar balón con la mano para intentar meter el gol de relato que buscaba. Ya saben, Maradona, en el Mundial del 86, metió un gol transgrediendo una de las normas más básicas del fútbol, o sea, que cualquier parte del cuerpo menos las manos toca el esférico. No lo vieron. Él mismo, achacándole la ayudita al Altísimo, lo reconoció.
Hay muchos que parecen no haber visto la mano de Bolaños pero lo cierto es que en sus declaraciones pisó casi todas las líneas rojas que un ministro del ramo no debería pisar jamás. No está escrito pero los ministros de Justicia no ejercen de abogados de parte, no valoran y deciden sobre procedimientos en curso ni atacan frontalmente actuaciones judiciales para las que, en caso de disconformidad, el procedimiento prevé actuaciones concretas. Félix Bolaños es abogado, si bien laboralista, pero todo esto lo sabe, no hay duda. Repasemos esas graves declaraciones referidas al caso concreto de la citación de Begoña Gómez, a la sazón esposa de su jefe, que en pocos medios han sido ofrecidas en su totalidad.
1.-“Todos los bulos, todas las mentiras”. Un país en el que la verdad judicial la determinara el ministro de Justicia no sería un país democrático. Lo que sea un bulo o lo que sea mentira se determina mediante proceso contradictorio en los tribunales. Tampoco es cierto que todas las cuestiones en torno a Begoña Gómez hayan sido pertinentemente aclaradas, cosa que se podía haber hecho sencillamente a la anglosajona con una comparecencia del presidente y su mujer en la que con transparencia hubieran explicado por ejemplo cómo acabo un software pagado con dinero público de la Complutense registrado a su nombre. El registro existe y el documento se ha publicado, pero seguro que hay una explicación.
2.- “De las organizaciones ultraderechistas que denunciaron”. La acusación popular es una institución arraigada en el sistema penal español. Una vez admitidas en el procedimiento, las acusaciones populares pueden representar el principio acusatorio con todas las consecuencias. La persona que tiene interlocución directa con una Fiscalía que no acusa no debería entrometerse en ello. Por otra parte, debe regir el principio de coherencia. En este país la hija del Rey, Cristina de Borbón, y el banquero más poderoso del reino, Emilio Botín, no es que hayan sufrido una instrucción sino que se sentaron en el banquillo para ser juzgados con la única participación de la acusación popular. Los mismos progresistas que aplaudieron a Manos Limpias cuando sostuvo hasta el final la acusación a la Infanta o que criticaron la doctrina Botín por rescatar a un banquero reinventando las normas de la acusación popular, deberían atenerse al mismo principio ahora. Las cosas no valen o no valen según me gusten o no me gusten.
3.- “Han quedado todas desmentidas con el informe de la Guardia Civil, la Fiscalía y las declaraciones”. Faltaba ver cómo el ministro de Justicia se posicionaba como partidario de un estado policial en el que los informes meramente policiales determinan por sí la exculpación y hemos de concluir que, por coherencia, la inculpación. No sólo eso, sino que hay un trasfondo tramposo puesto que tras ese informe preliminar de la UCO se han ordenado otros posteriores a la entrada y registro en Red.es de la que se obtuvo un gran volumen de documentación. De ese informe, nada sabemos. La Fiscalía es una parte; tampoco siempre lleva razón. Si así fuera, no haría falta tribunales y, desde luego, no compete en modo alguno la ponderación, valoración y decisión sobre las diligencias de ningún proceso a ningún miembro del Ejecutivo.
4.- “Ha quedado de manifiesto la gravísima indefensión de Begoña Gómez”. No existe indefensión alguna. Siento que el ministro del ramo no sea más consciente de los errores que la falta de medios y de funcionarios provocan en juzgados masificados como los de Plaza de Castilla. Un decreto de digitalización no digitaliza ni mejora los dedos. Las comunicaciones y traslados a las partes las realizan los funcionarios al cargo del letrado de la Administración de Justicia y sí, a veces fallan al darle al botón en Lexnet. Es el pan nuestro de cada día para muchos abogados –no me ha notificado esto, no han llamado a tal testigo– y sí, es común que para no suspender, con el retraso mortal que lleva la Justicia, se les ofrezca instruirse sobre la marcha. Los abogados suelen negarse –como hizo Camacho– y en ese momento se suspende y aplaza la diligencia. Me resulta muy preocupante que el ministro de Justicia desconozca cómo se ve obligada a funcionar ésta debido a la falta de inversión y sobrecarga de trabajo.
5.- “Que ni sabe de qué se le acusa”. Durante la instrucción no se acusa a nadie de nada. Esto no sucede hasta la presentación de escritos de acusación antes del juicio. Respecto al objeto de la instrucción, claro que es conocido por su letrado, y con el traslado de esa ampliación de querella su abogado tendrá oportunidad de acceder a la totalidad. No obstante, Camacho tiene a su disposición toda la Ley de Enjuiciamiento Criminal para recurrir aquello que considere no conforme a derecho. Como todos los abogados de todos los investigados que han sido, son y serán.
6.- “Porque no hay nada de qué acusar, es tan claro que no hay nada de nada”. Esto podrá decirlo Camacho, cualquier analista o incluso cualquier ciudadano pero el ministro de Justicia no puede constituirse en abogado defensor de nadie ni en acusador tampoco. Es algo que se extralimita hasta límites extravagantes de su función.
7.- “Si este procedimiento penal continúa será lógico que los ciudadanos de pregunten”. ¿Está el ministro de Justicia alentando a la desconfianza popular en la Justicia cuya cartera ostenta?
8.- “Porque se prolonga innecesariamente y qué se pretende”. El ministro no puede decir cuánto ha de durar un procedimiento, no puede pronunciarse sobre si es necesario o innecesario, no puede acusar siquiera indirectamente de una conducta desviada a un magistrado y no puede insinuar que hay una pretensión diferente a la procesal en la actividad de un juez. No puede sin una quiebra institucional. La crítica que ustedes o yo podamos hacer sobre las cuestiones judiciales no puede realizarla el ministro de Justicia.
Es muy grave este salto decidido a la falta de contención institucional. Fíjense que ni siquiera digo que Bolaños no pueda pensar en su fuero interno todo eso, pero jamás debió decirlo en voz alta con un anagrama del Gobierno detrás. Me importa y mucho. Si el Ejecutivo va a empezar a determinar quién es inocente y quién culpable, quién puede ser investigado y quién no, estaremos cruzando una línea tal vez de no retorno.
El sistema –que algunos acusan de garantista cuando creen que tienen delante a graves delincuentes– está plagado de garantías precisamente para que los inocentes no acaben condenados. Respetemos todos las garantías del sistema. Todos significa en grado máximo los miembros del Ejecutivo. No entiendo cómo prácticamente todos han salido en sintonía a cruzar esa línea y convertirse en la defensa de Begoña Gómez. Lo han hecho hasta Grande-Marlaska –el juez que más condenas por sus instrucciones le ha costado a España en Estrasburgo– y Margarita Robles. En este caso no es que sean ministros como los demás; es que, según dictamen de la Comisión de Ética Judicial sobre el deber de lealtad institucional, “el magistrado que ha abandonado temporalmente la función jurisdiccional para dedicarse a una actividad política sigue sujeto a la obligación ética de guardar lealtad institucional al Poder Judicial”. ¿Es un síntoma de nerviosismo o de devoción extraordinaria al jefe?
No todo vale. No todas las líneas pueden cruzarse. ¿Qué va pasar si un día un ministro de Justicia del PP o de Vox sale a considerar culpable directamente a un ciudadano? Habrá precedentes. Todo control que se destruya quedará destruido para el futuro. La mano de Dios no vale. El fin no justifica los medios. La contención institucional es una garantía democrática. Si hay que decir ciertas cosas, pueden hacerlo cualesquiera otras personas que no comprometan a las instituciones ni a la separación de poderes. Recuerden que cuando los jueces se la saltan con sus declaraciones yo también lo he denunciado aquí.
Bolaños ha querido meter gol con la mano y eso no está permitido. No queda otro remedio que decirlo.