Pedraz investiga cómo un venezolano consiguió la residencia a cambio del bulo de la cuenta de Pablo Iglesias en el Caribe
La investigación de la guerra sucia contra Podemos, que practicó el Ministerio del Interior durante el último Gobierno del Partido Popular, avanza en la Audiencia Nacional con la citación del que fuera entonces máximo responsable en la Policía de de Extranjería y Documentación. El comisario jubilado Emilio Baos ha sido citado como testigo por el juez Santiago Pedraz para que explique el próximo 11 de julio la concesión de la residencia a un ciudadano venezolano que ha reconocido estar detrás del bulo que atribuyó a Pablo Iglesias la titularidad de una cuenta bancaria en una banco de Granadinas, en el Caribe.
Pedraz admitió en febrero pasado una querella de Podemos contra quien fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos del Cuerpo por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban entonces el partido de la oposición.
Entre las maniobras que accedió el juez a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.
Podemos ha incorporado a la causa un documento ante notario en el que el ciudadano venezolano Carlos Arias asegura que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario.
El documento fue aportado por la defensa de Eduardo Inda, en la demanda civil que Iglesias presentó por intromisión en el derecho al honor contra el director de Okdiario. La justicia resolvió que el periódico había realizado las comprobaciones necesarias y desestimó en dos ocasiones las reclamaciones del antiguo líder de Podemos. Otros tres fallos judiciales, estos por la vía penal, han descartado que Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank.
Sabotear un gobierno de izquierdas
La publicación del citado bulo se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díaz había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE.
Las negociaciones entre las dos formaciones de izquierda tras las elecciones de diciembre de 2015 también habían sido objeto de un intento de sabotaje desde el Ministerio del Interior con la colaboración de algunos medios. Cuando arrancaban los contactos entre PSOE y Podemos, la web de Eduardo Inda y El Confidencial publicaron el contenido de un dosier titulado PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). El informe PISA es otra de las líneas de investigación del juez Pedraz en la Audiencia Nacional, un documento parapolicial que nunca pasó el filtro de los tribunales, si bien su confección estaba principalmente dirigida a que fuera publicado en prensa.
En este contexto cualquier información que procediera de Venezuela, ya fuera verdadera o falsa, cobraba especial importancia para el grupo de mandos policiales a los que el Gobierno de Mariano Rajoy había ordenado desbaratar cualquier posibilidad de acuerdo que supusiera un cambio en el Palacio de La Moncloa. Uno de esos mandos reconoce en una grabación que ha viajado a Nueva York a por información que evite que Podemos llegue al poder “con un mandato” del propio Rajoy. La supuesta financiación de la formación morada en sus inicios con dinero procedente del régimen chavista era un mantra que se multiplicaba en los titulares y a la vez una tesis que naufragaba al ser contrastada.
Una captura de Youtube
Al día siguiente de la publicación falsa, elDiario.es demostró que el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en Youtube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego copió Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.
El documento notarial que firma Carlos Alberto Arias tiene fecha de 30 de mayo de 2016, tres semanas después de la publicación de la información. En él, el confidente venezolano asegura también: “Desde el mes de febrero llevo colaborando como informador de la Policía española aportándole todo tipo de documentos sobre el dinero que ha aportado el Gobierno bolivariano de Venezuela tanto al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS) como a Podemos y sus dirigentes, entre otros, Pablo Igleisas Turrión, en este último caso, entre otras, en una cuenta de Euro Pacific Bank de las Islas Granadinas”.
Cuando fue publicada la información falsa, el número dos de Interior ya había firmado el permiso de residencia de Carlos Alberto Arias “por razones excepcionales”. En un documento con su nombre y firma, fechado el 11 de abril de 2016, Francisco Martínez “aprecia razones de colaboración con las autoridades policiales” para conceder el permiso de residencia por un año al confidente.
En el mismo día, el comisario general de Extranjería Emilio Baos firma la autorización. El próximo 11 de julio deberá explicar ante el juez Pedraz, y a petición de la representación de Podemos, si siguió instrucciones, conocía la actuación de Carlos Alberto Arias o realizó alguna comprobación.
“Los venezolanos quieren que salga en prensa”
Francisco Martínez, primero jefe de gabinete de Fernández Díaz y luego secretario de Estado de Seguridad, es el principal investigado en la causa que instruye Pedraz por las maniobras contra Podemos. Al admitir a trámite la denuncia, el juez dejó fuera a Fernández Díaz y al entonces director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Por ahora, el juez dirige su actuación contra Martínez y un grupo de mandos policiales, con Eugenio Pino, el jefe operativo del Cuerpo, a la cabeza. Precisamente, una conversación de whatsapp entre Pino y Martínez revela la implicación del Ministerio del Interior al más alto nivel en la información falsa de Okdiario.
“Es necesario, según nuestras fuentes, que si ha de darse a la prensa, por el interés de la oposición venezolana, que sea El Mundo o El País, por una plataforma mediática televisiva. Lo exigen para seguir colaborando”, le dice Pino al número dos de Interior, según los mensajes extraídos del teléfono que se le incautó a Francisco Martínez en marzo de 2020 en el marco de la investigación del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas por el que fue procesada toda la cúpula del Ministerio del Interior de Rajoy. Finalmente fue Okdiario quien publicó la falsa cuenta de Iglesias.