La Generalitat Valenciana remite a la Fiscalía la denuncia por terapias de conversión sexual que ya investiga el Arzobispado

La Generalitat Valenciana ha remitido a la Fiscalía la denuncia recibida el pasado jueves por la realización de terapias de conversión sexual a alumnos en un colegio de Alaquás . El informe realizado por la inspección educativa, dependiente de la Conselleria de Educación, se ha enviado al Ministerio Público ante posibles indicios de delito, según ha señalado este lunes el departamento autonómico. Aunque los hechos descritos por un antiguo estudiante del centro habrían ocurrido hace siete años, otros cuatro jóvenes han relatado situaciones similares en la actualidad al periódico Levante-EMV. Todos ellos, que no superan los 27 años, señalan a un mismo profesor como impulsor de estas sesiones ilegales, que incluso les habría ofrecido una pastilla «para curar la homosexualidad», mientras desde el colegio concertado religioso Madre Josefa Campos aseveran que lo desconocían. Por su parte, el Arzobispado de Valencia ha anunciado que investigará los hechos, después de que el citado medio haya publicado que el docente denunciado dirige el Centro de Orientación Familiar , a pesar de que «no consta que se hayan realizado prácticas de este tipo» y «no ha llegado ninguna queja de personas que hayan sido atendidas» en este espacio ubicado en la capital del Turia. Mater Misericordiae, creado en 2014, «no es un organismo oficial de la Diócesis. Es una asociación pública de fieles, que tiene sus propios estatutos. Aunque este tipo de asociaciones tienen un consiliario, este no tiene potestad ejecutiva. Su misión es acompañarlos espiritualmente en la pastoral familiar», apuntan en un comunicado. Las terapias de conversión sexual están prohibidas en la ley LGTBI valenciana y estatal. La primera de ellas las castiga con multas de hasta 120.000 euros, en los casos más graves, y la inhabilitación de tres a cinco años para trabajar en la Administración pública. La oposición -PSPV y Compromís- ha exigido que se aparte al docente, se garantice la protección del alumnado y se averigüe si actuó con la permisividad de alguna instancia.