'Ley de Amnistía': ¿qué dice la carta de rechazo enviada por Dina Boluarte y Alejandro Soto ante la Corte IDH?
Los titulares del Ejecutivo y Legislativo solicitaron a la Corte IDH corregir sus "excesos" que, según ellos, perjudican el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y la soberanía de los Estados.
Este lunes 8 de julio, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó ante los medios de prensa que la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el titular de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, enviaron una carta en conjunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la que muestran su rechazo por la solicitud emitida por la mencionada institución internacional para que el Gobierno no promulgue la Ley que propone prescribir delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra registrados antes de 2002.
"Lo que quiero mencionar es que la presidenta y el presidente del Congreso han enviado una carta de respuesta a la resolución emitida por la Corte IDH. En esa carta, firmada por los dos poderes del Estado electos, han hecho saber a la Corte IDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución", informó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Asimismo, el líder del Gabinete Ministerial enfatizó que su despacho aún no había recibido la denominada 'Ley de Amnistía', la cual fue aprobada por los miembros de la Comisión Permanente del Parlamento Nacional. Sostuvo que, cuando el documento llegue a su oficina, los ministros competentes realizarán una evaluación conforme a la perspectiva del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, luego de que la conferencia de prensa de la presidenta Dina Boluarte culminara, a través de las redes sociales se difundió el documento de la referida norma, el cual menciona que fue recepcionado por el despacho presidencial este lunes 8 de julio al promediar la 1:00 p.m.
¿Qué dice la carta de rechazo de Bouarte y Soto hacia la Corte IDH?
En la carta enviada a la organización internacional, Dina Boluarte y Alejandro Soto rechazaron el pronunciamiento de la Corte IDH, descartando que el país "no sea un estado constitucional y que carezca de mecanismos propios de una república democrática".
"Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho y que carece de mecanismos propios de una república democrática en la que operan el equilibrio y control de los poderes públicos. Más bien pretendería constituirse al interior de nuestro Estado en un supra poder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar", se lee en el documento.
Asimismo, los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo rechazan la resolución de la Corte IDH emitida el 1 de julio del presente año. Aseguraron que el organismo supranacional desconoce la 'soberanía estatal y el principio de separación de poderes'.
"De esta manera, rechazamos de manera categórica los términos contenidos en la Resolución de 1 de julio de 2024, puesto que lo concedido como medida provisional supone el desconocimiento de la soberanía estatal y el principio de separación de poderes, en tanto que en la práctica requiere que los Poderes del Estado renuncien al ejercicio de sus competencias constitucionales y abdiquen en sus funciones a favor de una instancia supranacional que ya no interviene subsidiariamente, sino que, en total contrasentido, dispone más bien asumir el pleno control de las tareas estatales al determinar cuáles no se pueden ejercer", se indica.
Carta 05 de Julio CIDH by La República
Ejecutivo y Legislativo piden a la Corte IDH corregir su pronunciamiento
Dina Boluarte y Alejandro Soto solicitan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que corrija "sus excesos", los cuales, a su consideración, "terminan por lesionar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos". Por consiguiente, afectarían la "soberanía de los Estados".
"Solicitamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un ejercicio de autotutela, corrija sus excesos que terminan por lesionar el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos y afectan la soberanía de los Estados, y se constituya en la debida garante de la Convención Americana para que sus decisiones coadyuven al fortalecimiento de la institucionalidad de los Estados parte", culminan.