Desde el primer día, en marzo de 2022, el Partido Comunista notificó al presidente Gabriel Boric que su voz disonante dentro del pacto Apruebo Dignidad la harían escuchar, aunque eso enturbiara sus relaciones con el Frente Amplio y el Socialismo Democrático y complicara al Gobierno. En las últimas semanas, sin embargo, el encarcelamiento del popular alcalde comunista Daniel Jadue y un procedimiento policial en una población simbólica para la izquierda han llevado los desacuerdos al momento de mayor tensión donde, por primera vez en estos dos años y medio de gobierno, los han enfrentado públicamente. La primera expresión de división y separación de aguas dentro de AD ha sido el rechazo de los diputados comunistas a diversos proyectos de ley empujados por el Ejecutivo en el ámbito de seguridad destinados a dar mayores atribuciones a las policías o la permanente oposición a la renovación de la declaración de Estado de sitio en la Araucanía que ha posibilitado que las Fuerzas Armadas ayuden en el control de los atentados ligados a la causa mapuche. La segunda deriva de la invariable aprehensión de Chile Vamos a que el presidente instale en cargos de seguridad y defensa a militantes del PC, presión que incluso obligó al mandatario a echar pie atrás en la designación del comunista Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior en 2022. Desde ese momento, la directiva PC instaló el discurso del «anticomunismo», cuestión que en estos días ha reflotado con fuerza. En este contexto de parlamentarios descolgados en las votaciones y críticas opositoras, la detención de Daniel Jadue solo agudizó un conflicto subterráneo entre las distintas facciones del oficialismo que, incluso ha puesto en incómoda posición a los ministros comunistas del gabinete, especialmente, la portavoz. La formalización y prisión preventiva de Jadue, a comienzos de junio, por delitos de fraude al fisco y cohecho en torno a su iniciativa de farmacias populares puso en alerta a la directiva encabezada por un dirigente histórico del PC, Lautaro Carmona, quien salió en defensa del edil acusando una «maniobra política». Distintos parlamentarios y figuras de esa tienda aseguraron que Jadue era un «preso político» y un «perseguido por el fascismo». Estos dichos molestaron a Gabriel Boric, quien advirtió que en Chile «no hay persecuciones políticas ni judiciales en nuestro país». Los férreos defensores de Jadue han organizado un movimiento internacional que aboga por su libertad entre los que se encuentra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el músico Roger Waters y han realizado manifestaciones públicas en su apoyo frente al edificio de la fiscalía con gritos y pancartas. Este hecho en particular generó la segunda discrepancia pública cuando el subsecretario del Interior, el socialista Manuel Monsalve, afirmó que «la justicia no es para barras… Para que haya democracia la justicia tiene que ser autónoma y la política tiene que ayudar a que la justicia sea autónoma». Como un efecto colateral de estas acciones, Monsalve despidió la semana pasada a su asesor en materias de contingencia política y social, el comunista Juan Andrés Lagos, quien llegó con él a La Moneda en 2022. Lagos siempre fue objeto de críticas por parte de republicanos y Chile Vamos, quienes cuestionaban que un miembro del PC tuviera injerencias en temas de seguridad, pero permaneció en su puesto, blindado, hasta que comenzó a participar en las barras de apoyo a Jadue y a desechar la hipótesis de la fiscalía en torno a que el secuestro y asesinato del asilado venezolano Ronald Ojeda fue orquestada desde el extranjero y tenía móvil político. La directiva del PC se declaró sorprendida por la prensa del despido, constató una vez más que hay una suerte de «anticomunismo» y el mismo Lagos afirmó que el Gobierno debió resistir «la presión indebida, antidemocrática, que pedía su salida». En esta oportunidad fue la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien salió al frente de los cuestionamientos del PC, aclarando que generar un conflicto político con fuerzas del oficialismo y oposición «a propósito de asesores, no tiene sentido». Monsalve negó la versión del mismo Lagos y de la directiva PC de que no fueron informados del despido y señaló categórico que no podía contar con un asesor que tenía posturas contrarias a las sostenidas por el Gobierno. «Los asesores tienen que ayudar a que el trabajo de la autoridad se pueda llevar a cabo de la manera más expedita posible, con los menores contratiempos posibles, y eso no estaba ocurriendo adecuadamente», precisó en entrevista en 'La Tercera'. El último hecho que complicó aún más la relación del Gobierno y el Partido Comunista se originó este sábado, cuando Carabineros por orden de la fiscalía y de un juez allanaron diversas viviendas, una sede social y una radio comunitaria en Villa Francia , emblemática población opositora a la dictadura, donde se refugió el MIR y el PC en tiempos de persecución. Conocido que en esos lugares se encontró diverso armamento y elementos para elaborar bombas, los diputados comunistas mostraron su rechazo al procedimiento policial que dejó 14 detenidos, todos hoy en prisión preventiva. La diputada Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, acusó abiertamente de «un montaje», a lo que el subsecretario Monsalve le replicó: «Si alguien tiene esa evidencia, tiene que presentarla». «No vamos a permitir que haya armas, que haya artefactos explosivos en ningún lugar de Chile y, por supuesto, esos delitos se persiguen y se sancionan», afirmó, descartando con ello que Villa Francia pueda ser considerado un lugar fuera del alcance de la ley por su historia. La arremetida de los diputados comunistas, quien enviaron oficios al Ministerio del Interior para que entreguen todos los antecedentes que justificaron el allanamiento, generó molestias en los demás socios del Gobierno, especialmente en el Socialismo Democrático. La presidenta del Partido Socialista, senadora Paulina Vodanovic, señaló en 'Radio Cooperativa' que «en distintos momentos hemos visto cómo algunos representantes del PC tienen esta crítica al presidente Boric en materia de derechos humanos… Pareciera haber un PC que está en el Gobierno y uno que está en contra del Gobierno . A veces, en particular, contra (el ministerio del) Interior». Lautaro Carmona le retrucó afirmando que sus dichos eran a lo menos imprudentes y agregó que «nadie le ha dado categoría de politóloga entendida en el PC para sacar esas conclusiones». La ministra Tohá también respondió indicando que señalar una sombra de duda sobre el procedimiento le parecía grave, así como también manipular la historia de Villa Francia y los derechos humanos para acometer actos violentos en democracia. Reconoció que el PC «ha tomado una línea política complicada» y que han sido ya varias las diferencias complejas entre ellos y el Gobierno. Efectivamente, la tensión del PC con los demás miembros de la alianza oficialista y el Gobierno han puesto en una situación difícil a los tres ministros comunistas del gabinete, Jeanette Jara en Trabajo, Nicolás Cataldo en Educación y Camila Vallejo en Secretaría General de Gobierno. En varias ocasiones, la portavoz Vallejo ha debido enfrentar las posturas de su propio partido, defendiendo la posición de Boric y su gobierno. Ahora, visiblemente incómoda precisó que el allanamiento no fue una acción del Poder Ejecutivo y que «catalogarlo sin pruebas ni antecedentes como una especie de montaje, obviamente no es algo responsable». Debido a la anterior, este domingo, los tres ministros se reunirán con la directiva del PC para poder abordar las diferencias que se han generado. Cataldo adelantó que la adhesión del PC al Gobierno «goza de buena salud», intentando descomprimir el tenso momento imperante.
