El PP y Vox aprueban en plena crisis la Ley de Concordia valenciana que el Gobierno recurrirá en los tribunales

El PP y Vox han aprobado este jueves la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana con la que se deroga la norma de Memoria Democrática . Los socios de gobierno de la Generalitat han sumado sus 53 diputados frente a los 46 de la oposición del PSPV-PSOE y de Compromís en pleno órdago del presidente de Vox, Santiago Abascal , sobre la ruptura de la coalición. La aprobación de la Ley de Concordia culmina el primer paquete de reformas legislativas del Ejecutivo que preside Carlos Mazón cuando está a punto de cumplirse un año de su constitución y se prevé que se convertirá, de largo, en la más controvertida. De hecho, la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant , ha asistido al pleno de las Cortes Valencianas para anunciar la presentación de un recurso del Gobierno contra la norma, que ha rebautizado como la «Ley de blanqueamiento del franquismo» . La Ley de la Concordia puede convertirse en el último hito del Gobierno valenciano del Partido Popular y Vox en el caso de que finalmente el pacto salte por los aires por las discrepancias respecto al acogimiento de menores extranjeros no acompañados. El PP y Vox defienden que el articulado de la Ley de Concordia la convierte en una ley «restaurativa por encima de revanchismos» que garantiza la «lucha contra el antisemitismo, el antigitanismo y la xenofobia», además de reconocer a las víctima del terrorismo. La nueva legislación contempla mantener tanto las exhumaciones de víctimas de la dictadura franquista como los catálogos de vestigios. Al respecto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón , ha subrayado que «la diferencia» entre la Ley de Memoria Democrática del anterior gobierno de izquierdas y la de Concordia es que su Ejecutivo, ratifica «los derechos de todas las víctimas de violencia política». «Nosotros ratificamos los derechos de todas las víctimas de violencia política, de todas», ha remarcado. Tras ello, ha aludido al edil del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco , asesinado por ETA en julio de 1997, y ha dicho que si hubiera nacido en Castellón, con la Ley de Memoria «no sería víctima de violencia política», algo que si que se le reconocería con la Ley de Concordia del actual gobierno de la Generalitat Valenciana.