Tribunal suspende decreto del MOPT que traslada vías nacionales a municipalidades
Resolución del Tribunal Contencioso sobre decreto que traslada vías a municipalidades aplica desde este miércoles y deja en suspenso normativa hasta que se resuelva recurso presentado por la Municipalidad de Santa Bárbara
El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió provisionalmente el decreto que transfiere tramos de la red vial nacional a las redes cantonales, el cual entró a regir este miércoles 10 de julio.
La resolución, firmada por el juez tramitador Johel Antonio Beausejour Chaves, indica que la suspensión del “Reglamento para definir Caminos Públicos, su clasificación y codificación” responde a una “medida cautelar provisionalísima e inaudita altera parte (sin que la otra parte haya sido escuchada)”, planteada por la Municipalidad de Santa Bárbara.
Esta medida estará vigente hasta que el Tribunal obtenga más elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud del municipio de anular el decreto ejecutivo 44263-MOPT. Esa normativa fue firmada por el presidente Rodrigo Chaves y el ahora exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Luis Amador, en setiembre de 2023.
“Nótese que el tema en discusión gira en torno a un aparente abuso en la potestad reglamentaria del Estado sobre la recalificación vial nacional, al examinar quien redacta la conducta administrativa cuestionada con el fin de acoger o no esta solicitud, denota que el decreto ejecutivo carece de transitorio alguno que determine la recalificación vial que hace, volviendo necesario acoger la solicitud cautelar provisionalísima peticionada”, indica la decisión.
Asimismo, el documento resalta la “extrema urgencia” planteada por el ayuntamiento interesado, ya que el decreto podría afectar el buen funcionamiento de la corporación municipal, los fondos públicos y el mantenimiento y la condición de las rutas actuales. Por estas razones, el juez consideró que de no otorgarse la medida se “podría estar ocasionando una lesión irremediable a los intereses económicos y sociales de todos los administrados”.
La resolución notificada este jueves otorga un plazo de tres días hábiles al Estado para que presente por escrito los descargos correspondientes.
Aparte de esa gestión en la vía contenciosa, cuatro municipalidades también presentaron acciones ante la Sala Constitucional.
Noticia en desarrollo.