Obispos se pronuncian: “Ya no podemos llamar al Perú un país democrático”

Integrantes de la Pastoral Social Nacional y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) se pronuncian en defensa de la democracia y sus instituciones, en unidad con la Conferencia Episcopal Peruana. No roben el futuro a los jóvenes, invocan.

“Ya no podemos llamar al Perú un país democrático, donde se respeta la dignidad de las personas”, afirma la Pastoral Social Nacional y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), a la vez que anuncian su compromiso “como cristianos responsables con la realidad”, acogiendo “el clamor de la gente”.
En el mensaje titulado “La autoridad es un servicio y una autoridad que no es servicio, es dictadura”, la Iglesia peruana se vuelca en la defensa de la democracia y sus instituciones.

Grandes sombras en la patria

“Nos indignan las grandes sombras que cubren a nuestra querida patria por los intereses particulares de grupos y personas que buscando su propio beneficio destruyen la democracia y las instituciones, vulneran los derechos humanos, la dignidad humana y de nuestra nación y desconocen el Estado de derecho”.
Como ejemplo de esas “grandes sombras” y de una “cultura de la ilegalidad”, señalan la captura de” algunos de los órganos constitucionales autónomos del país”. También “los intentos de controlar la Junta Nacional de Justicia” y con ello el sistema de administración de justicia y los organismos electorales.
Se refieren igualmente a la ley que prohíbe la participación política de movimientos regionales, “que mantendría los mismos intereses enquistados en todos los poderes del Estado y sus altos niveles de corrupción e incluso vínculos con el crimen organizado”.

Amnistía y cultura de la ilegalidad

La “cultura de la ilegalidad” también se evidencia –señala el mensaje de los religiosos– en leyes aprobadas por el Congreso que favorecen “la amnistía de militares y policías que han cometido crímenes de lesa humanidad”.

"Los indultos ilegales de sentenciados por esos mismos crímenes; la ley que favorece al crimen organizado; las normas que facilitan las economías ilegales y su formalización y la deforestación de nuestra Amazonía en favor de intereses económicos que agudizarán el cambio climático; los conflictos sociales; los asesinatos de defensores/as que defienden sus territorios y nuestra casa común, buscando la desaparición de los pueblos indígenas, a quienes consideran un obstáculo para un supuesto “desarrollo”.

"Asimismo, la promoción de la modificación de la ley del APCI, vinculada a la supervisión y fiscalización de la cooperación internacional, que busca controlar, amordazar y evitar opiniones, denuncias y acciones críticas a los poderes del Estado que han sido cooptados por la corrupción.

Asimismo, se refieren los obispos al “gran desinterés” de la clase política por los grandes problemas del país, y de ejemplo refieren las lamentables declaraciones de los ministros de Educación y de la Mujer sobre las violaciones de niñas awajún, “a las que tildaron de prácticas culturales”.
Pero también indican que, frente a esas sombras hay luces que dan esperanzas, como la destitución de la fiscal de la Nación, la sentencia a militares por casos Manta y Vilca, miembros del Ministerio Público y el Poder Judiciañ que actúan con independencia, etc.
Llaman, por último, a obrar con justicia “para, como dice el papa Francisco, no robar a las nuevas generaciones la esperanza en un futuro mejor”. ❖