La Fiscalía pide al Supremo multar a Baltar y quitarle el carnet un año por conducir a 215 kilómetros por hora

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que multe con 1.800 euros al Senador del PP, José Manuel Baltar, y que le quite el carnet de conducir durante un año tras ser cazado por un radar de la Guardia Civil a 215 kilómetros por hora. El Ministerio Público solicita para él una condena similar a la que ya pidió cuando, antes de estar aforado, el caso contra el expresidente de la Diputación de Ourense se tramitaba en un juzgado de Zamora. Le atribuyen un delito contra la seguridad vial.

Tal y como reveló elDiario.es, un radar de la Guardia Civil pilló a José Manuel Baltar conduciendo un coche de la Diputación de Ourense que entonces presidía a 215 kilómetros por hora en un tramo de la A-52 en Zamora por el que, como máximo, se podía circular a 120 kilómetros por hora. Fue multado en el momento y, además, el atestado provocó la apertura de un proceso penal.

El caso empezó a tramitarse en un juzgado de Zamora pero fue enviado al Tribunal Supremo después de que Baltar fuese nombrado Senador a propuesta del Parlamento de Galicia. Una vez ante la Sala de lo Penal, usó sin éxito dos argumentos para evitar el juicio: que ya había sido multado y eso impedía condenarle también por lo penal, y además que la Guardia Civil no había podido acreditar a qué velocidad iba.

El Supremo, por el momento, no ha estimado esos argumentos y este jueves anunció la apertura de juicio oral contra él. Un movimiento que llegaba después de que la Fiscalía pidiera sentarle en el banquillo por un delito contra la seguridad vial.

El escrito de acusación del Ministerio Público declara probado que sí iba a esa velocidad y que el margen de error del 5% que suele aplicarse a ese tipo de radares tampoco le salva del banquillo. Pide que sea multado con 1.800 euros, aunque también permite que se le descuente la multa de 600 euros que ya pagó por la vía administrativa.

También solicita que se le retire el carnet de conducir durante un año y un día. Su procedimiento sancionador, explica la Fiscalía, está “suspendido a la espera de que concluya el proceso penal” que tramita el Supremo.