El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Martínez ha presentado un recurso contra el auto de prisión dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Francisco de Jorge, contra Manuel Terrén por su presunta implicación en el caso de los 'diamantes de sangre' . Así se denomina a las piedras preciosas extraídas de las minas de Sierra Leona en la década de los 90 por personas que habían sido esclavizadas por la guerrilla que actuaba en ese país. En ese conflicto murieron más de 70.000 personas y decenas de miles más fueron desplazadas y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prohibió su venta. Fuentes jurídicas consultadas por ABC muestran su extrañeza por lo que parece «un intento claro del fiscal de echar por tierra toda la investigación », que arrancó en 2021 tras una denuncia presentada, precisamente, por uno de los esclavos. Este hombre implicó a ese ciudadano español en la compra de los diamantes y su posterior venta en Europa. En esa primera fase la instrucción recayó en el juez Alejandro Abascal, que escuchó el escalofriante testimonio de la víctima. La Sección de Crímenes contra la Comunidad Internacional de la Comisaría General de Información de la Policía asumió la investigación, muy compleja por ser de hechos ocurridos hace más de 20 años en Sierra Leona y Liberia, lo que obligaba a llevar a buen puerto comisiones rogatorias. El 2 de julio Manuel Terrent fue detenido por la Policía nada más poner el pie en la terminal del aeropuerto de Málaga , y el viernes 8 de julio prestó declaración ante el juez instructor. Tras la vistilla en la que se le oyó en declaración, el fiscal Pedro Martínez pidió la libertad sin fianza del sospechoso y que se le permitiera regresar a Brasil , donde reside. Fue muy llamativo que incluso fuera más allá que la propia defensa del implicado, que ofreció entregar el pasaporte de su cliente como garantía de que no iba a abandonar el territorio nacional y estaría a disposición del juzgado. En su recurso, el fiscal no se limita a volver a pedir la libertad de Manuel Terrén, sino que además echa por tierra la investigación realizada, descartando por completo su implicación en delitos de guerra o de lesa humanidad , en este caso porque no estaba vigente en el momento de ocurrir los hechos, entre 1997 y 2002. «La resolución recurrida -dice el representante del ministerio público- estima que los hechos pueden integrar un delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado» por cooperación necesaria, lo que niega el ministerio público porque «los delitos de crímenes de guerra son de propia mano y exigen un sujeto activo cualificado por su condición de mando militar o miembro de tropa de la organización en el caso de los conflictos armados internos». Y el imputado, añade, «no ostenta la condición de militar ni ha pertenecido al Frente Revolucionario Unido , organización rebelde que sostuvo un levantamiento militar contra el gobierno legítimo de Sierra Leona». Según su criterio, la adquisición de 'diamantes de sangre', si se prueba, no puede integrar los delitos de crímenes de guerra, sino solo una conducta de financiación que no se recoge en la legislación vigente para este tipo penal. Añade que el pago de las piedras preciosas «no aporta ningún elemento necesario para la detención o secuestro de las víctimas ni el sometimiento a condiciones de esclavitud». Más allá de la discusión jurídica, lo que más llama la atención de la actuación de la fiscalía es su nula implicación en la instrucción, hasta el punto de que en los dos años y medio que se lleva de ella no ha propuesto ni una sola diligencia. Pero lo más sorprendente es lo sucedido después de que el pasado 31 de mayo el juzgado convocara a la acusación particular y al fiscal para una diligencia que podía ser clave: la declaración de dos testigos protegidos que viajaron desde el extranjero para prestar testimonio. Fue una acción de gran valentía, que se concretó el pasado 18 de junio. Si trascendieran sus nombres sus vidas correrían serio peligro en su país. A pesar del enorme esfuerzo que supuso para todos la práctica de esta prueba el ministerio público decidió no asistir a las declaraciones. Los testigos protegidos reconocieron fotográficamente a Manuel Terrén y relataron su participación directa en el comercio de diamantes , pero se negaron a contestar preguntas sobre el tráfico de armas por ese miedo que tienen. Y es que según las fuentes consultadas el juez De Jorge ha abierto hace unos meses una pieza separada de tráfico de armas y blanqueo de dinero al que el fiscal no hace referencia en su recurso. La misma avanza y están saliendo a la luz cuestiones de una gravedad extrema, con implicaciones de personas relevantes.
