España se encuentra inmersa en la difícil tarea de la descarbonización siguiendo las ambiciosas metas definidas por el Pacto Verde Europeo. En esta transición energética se está produciendo un importante cambio social y económico producido por el abandono gradual de los combustibles fósiles para sustituirlos por tecnologías renovables. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece metas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, incrementar el uso de energías renovables y mejorar la eficiencia energética. «Observamos diferentes velocidades de cumplimiento para las diferentes métricas: en cuanto al objetivo de reducción de un 32% las emisiones respecto a 1990 se considera que España avanza a un ritmo adecuado, con un descenso del 7,4%, en 2023», resalta Nicolás Gavela, responsable de Servicios de Sostenibilidad de Accenture. Respecto a las renovables sobre el porcentaje total del uso final de energía en todas sus formas, el ritmo de cumplimiento es lento. En 2023, esta cuota alcanzó el 23,6% respecto al 42% que se establece como objetivo. «La evolución es mejor si nos fijamos en el porcentaje de renovables en el mix eléctrico: el año pasado se alcanzó el 50,3% y en lo que llevamos de año estamos en el 60%. Aunque todavía lejos del 81% que es el objetivo para 2030. La electrificación de la economía también está lejos de avanzar al ritmo necesario para el cumplimiento del Pniec», puntualiza. Si bien reconoce que las políticas del Gobierno están alineadas con las directrices marcadas por la Unión Europea en materia de descarbonización, Gavela cree que «es necesario acelerar el desarrollo regulatorio para impulsar ciertas tecnologías que resultarán clave en este proceso», advierte el consultor. Por ejemplo, una regulación integral que permita la viabilidad de los proyectos de almacenamiento energético, «o un adecuado alineamiento entre las diferentes regulaciones a las que dan respuesta los gases renovables». En este proceso cobra un papel crucial las empresas que «ya están abordando sus hojas de ruta de descarbonización y buscando alianzas estratégicas para la reducción de la huella de carbono de sus operaciones y sus cadenas de suministro», subraya el responsable de servicios de sostenibilidad de Accenture. Las compañías son responsables de transformar los modelos económicos actuales y de impulsar el desarrollo tecnológico necesario. «La industria española, y en particular los sectores regulados por el mercado de emisiones, han disminuido las emisiones en los últimos años». Fernando de Llano Paz, director de la Cátedra de Transición Energética Greenalia-UDC recuerda la posición líder de la UE por acelerar esta transición energética. «Y España no se ha quedado atrás en la definición de esas hojas de ruta. Es plausible ser ambicioso en los objetivos y ser uno de los países de Europa más comprometido con la transición energética», subraya. No obstante, «se debe hacer un esfuerzo por conseguir que los objetivos vayan acompañados de acciones que garanticen su consecución», apunta. La Agencia Internacional para las Energías Renovables (Irena) señala la necesidad de multiplicar la potencia instalada renovable actual por dos y por tres junto con el avance en la implementación de medidas de eficiencia energética que permitan duplicar el efecto actual para 2030, de cara a conseguir no alejarnos en exceso del objetivo de la subida a 1,5ºC de la temperatura media del planeta. «Por poner un ejemplo, en España se deben alcanzar 160 GW instalados de energía renovable en el sistema, lo que implicaría que un 48% de la energía en España provendría de fuentes renovables», explica el docente. En concreto en 2030 España debería tener cerca de 62 GW de energía eólica instalada, lo que supondría multiplicar por tres la potencia nueva que se instala en todo el Estado. «Pese a esta necesidad, la realidad en España fue la contraria: en 2023 se instalaron 0,7 GW y en 2022 1,5 GW, frente a los 4 GW necesarios señalados. Adicionalmente serán necesarios 11 GW de hidrógeno verde, o 22 GW de tecnologías de almacenamiento, entre otras». Uno de los elementos clave a la hora de atraer inversiones es precisamente el potencial renovable con el que cuenta nuestro país. En un contexto europeo en el que el Pacto Verde Europeo promociona el cambio tecnológico hacia el uso de tecnologías renovables, «España cuenta con un potencial enorme actualmente, pero que puede verse mermado en caso de no afianzar esta posición de liderazgo renovable. Por ejemplo, según datos de Windeurope, Alemania instaló 3,9 GW de nueva eólica en 2023, cinco veces más que España, que queda por detrás de estados miembro como Suecia, Países Bajos, Francia y Polonia», reflexiona el responsable de la cátedra. Proyectos estratégicos clave como de hidrógeno verde, fuel sintético, metanol, biocombustibles, amoniaco, o centros de almacenamientos de datos «se pueden ver desviados hacia otros países por no continuar en la senda de liderazgo del sector renovable español». Cuestionado por los fondos europeos para impulsar la descarbonización, Fernando de Llano Paz indica que la percepción que tiene es que los miles de millones que la UE le dio a España y que se bautizaron como fondos Next Generation «no están llegando a las pymes ni a los proyectos tractores que no solo iban a dinamizar la economía y generar empleo, sino que además iban a ayudar a descarbonizar la economía». Pone como ejemplo estar aún pendiente de la publicación de los distintos programas del Perte de Descarbonización. Adicionalmente, estos fondos podrían servir como instrumento de compensación hacia los territorios que más esfuerzo asumen en generación de electricidad y transformación energética, encaminando proyectos tractores hacia esos territorios y posibilitando el desarrollo económico y de las cadenas de valor industrial relacionadas con dichos proyectos. «Sin embargo, la realidad habla de un desaprovechamiento de los fondos para cohesionar las economías de las distintas regiones energéticas españolas», resalta. Recuerda que la UE ha fijado el 2026 como la fecha limite para la ejecución de los proyectos que puedan beneficiarse de estos fondos. «Sería lamentable que, en caso de no conseguirse una prórroga del plazo de ejecución, la industria española perdiera la oportunidad de ejecutar la revolución industrial en la que nos encontramos y tuviera que devolverlos a Europa. Sería un auténtico fracaso». Las energías renovables son unas de las grandes protagonistas de la transición energética. Tal y como señala José María González Moya, director general de APPA Renovables, «se están comportando muy bien en el sector eléctrico, donde el año pasado ya se alcanzó más de la mitad (50,4%) de la generación con energía renovable y, en lo que llevamos de 2024, el porcentaje ha sido del 59,6%». No se está avanzando tanto en otros ámbitos, como el transporte, donde en términos reales se situó en 2022 (último año con cifras consolidadas) en el 3,57% en términos reales, la cifra más baja de los últimos años. El objetivo para 2030 es una reducción de emisiones de CO2 del 23% respecto a las registradas en 1990, esa es la cifra del Pniec que podría revisarse al alza al actualizarse. «Los últimos datos nos muestran que la reducción actual es del 5,6% por lo que queda mucho por hacer de aquí a 2030, es muy complicado que vayamos a alcanzar las metas globales, a no ser que se priorice la electrificación», resalta González Moya. «La electricidad tiene un 50% de renovables y un 20% de nuclear, por lo que sustituir cualquier consumo fósil por su equivalente eléctrico descarboniza, de forma automática en un 70%, más aún si consideramos que los usos eléctricos suelen ser más eficientes a nivel energético», puntualiza. Todavía hay desafíos importantes por delante para las renovables, como la electrificación, «que es fundamental». En España somos ricos en recursos renovables y expertos reconocidos a nivel mundial en integración de tecnologías renovables de generación eléctrica, «pero tenemos que importar todo el petróleo y el gas que necesitamos. No podemos permitirnos como país no impulsar la electrificación, que se pierda electricidad renovable mientras seguimos importando combustibles fósiles es un sinsentido económico», cuenta el director general de APPA Renovables. El otro gran desafío es «impulsar el almacenamiento y la flexibilidad de la demanda», añade. En cuanto a la tecnología para la referida mejora del almacenamiento, ya existe, pero «debemos crear un marco regulatorio y retributivo que incentive las inversiones para alcanzar las metas que tenemos en nuestro propio Pniec». Desde APPA Renovables creen necesario un mayor impulso en el ámbito del autoconsumo promovido por una mejor comunicación. «El ciudadano ve en los medios que hay precios cero y negativos de la electricidad y se queda con eso, aunque luego la factura eléctrica, donde unas pocas horas a cero afectan poco, siga siendo abultada», resalta su director general. Recuerda que el autoconsumo se paga solo con los ahorros en unos siete años en escenarios de precios bajos, pero si el precio es alto puede reducirse este tiempo a cinco años. «Y son instalaciones que van a durar más de veinticinco años. Es una inversión muy rentable», puntualiza. De ahí la importancia de que ciudadanos y empresas conozcan bien los números, que sean conscientes de los ahorros, y «facilitarles el acceso al crédito, algo que las compañías tienen más sencillo que los consumidores domésticos». España ha dado la espalda a la energía nuclear a pesar de su utilidad para estabilizar el suministro en la transición renovable. El Gobierno ha confirmado el cierre definitivo entre 2027 y 2035 de los siete reactores existentes en cinco emplazamientos distintos. Desde el Foro Nuclear recuerdan que el papel de la energía nuclear es fundamental por su garantía de suministro y no emisión de dióxido de carbono. «Se trata de una fuente libre de emisiones de gases de efecto invernadero y que produce electricidad de forma constante y continua, ofreciendo así estabilidad a la red, autonomía estratégica y garantía de suministro eléctrico», resalta su presidente, Ignacio Araluce. Las centrales nucleares en operación aportan en la actualidad el 20% de la electricidad que consumimos y son esenciales para la estabilidad del sistema y el freno de emisiones. «En la Unión Europea la energía nuclear genera el 30% de la electricidad y consigue el 50% de la electricidad libre de CO2, por lo que resulta clave para alcanzar los objetivos de la descarbonización en el horizonte 2050», resalta Araluce. El Foro Nuclear señala la estrategia seguida por otros países como Francia, Polonia, China, Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Canadá o Rusia donde están dando más protagonismo a la energía nuclear con la construcción de nuevos reactores y la operación a largo plazo de los existentes. «La situación energética y ambiental actual ha llevado a que haya un gran impulso de la energía nuclear en muchos países y con gobiernos de muy distintos signos», explica el presidente de esta asociación. Cree que habría que mantener en operación las centrales nucleares que tenemos, «ya que son unos activos muy valiosos que funcionan con las máximas garantías de seguridad y fiabilidad. En un momento en el que se está poniendo en valor la contribución de la energía nuclear a la transición energética hacia un mundo descarbonizado, nos encontramos con que España ha tomado un rumbo contrario», matiza.
