‘Costa Rica no puede dormirse en sus laureles’, advierte abogado español experto en salud
Juan Siso Martín se define así: “Un forense es un médico que desarrolla su trabajo en un foro jurídico. Yo soy un jurista que ha desarrollado su vida profesional en el campo de la Medicina”.
En algún momento de su carrera, este abogado visitó los centros psiquiátricos más complejos de España. Uno de ellos tenía estancias de larga duración, en Asturias.
“Allí me encontré con un hombre de unos 50 y tantos años, y le pregunté de qué lo trataban. Me contó que llevaba 22 años ahí. ¿Y sabe cuál era su padecimiento? Le llamaban débil mental porque padecía algún retraso. Ningún hermano se quiso hacer cargo de él. Pasó 22 años preso. Todavía me da escalofríos”.
Siso Martín recuerda esa imagen para explicar los estigmas que cargan quienes padecen alguna enfermedad mental, aun en nuestros días. El abogado visitó Costa Rica la semana del 11 de junio para participar en un foro que analizó el marco jurídico para la protección de la salud mental en Costa Rica.
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La actividad, organizada por el Colegio de Abogados y por el de Profesionales en Psicología, repasó los avances en la regulación nacional, incluyendo la Ley Nacional de Salud Mental, aprobada en octubre del 2023. Siso conversó con La Nación el pasado 11 de junio. Este es un resumen.
− ¿Qué podemos aprender los costarricenses de la experiencia española sobre normativa en salud mental?
− Siempre digo que el grado de evolución de una sociedad se evidencia en la atención que prestan a sus colectivos vulnerables. Una sociedad que se preocupa por estos grupos es una sociedad evolucionada. Llevo siguiendo la evolución de Costa Rica y creo que son un referente en Iberoamérica. Tienen una serie de normativas bastante ajustadas a lo que es la evolución de una sociedad en estos aspectos, desde la Constitución, que es muy antigua (1949). Me ha llamado la atención una cosa: la Constitución está diseñada en el modelo antiguo de protección a la salud. Cuando se habla del derecho a la salud, aclaro, es derecho a la protección a la salud, que es distinto.
“Desde 1949, la Constitución establece un modelo de atención de protección a la salud. Es un modelo antiguo, el modelo Bismarck, en el que la protección a la salud de los ciudadanos es en su condición de trabajadores. Las personas que viven con ellos y dependen de ellos tienen derecho a la protección a la salud, pero como derecho derivado, no es originario, como actualmente, que ya hay un derecho a la salud por la condición de persona, algo muy valioso y distinto.
“A pesar de ello, en la Constitución de Costa Rica no se detalla que la salud sea un derecho fundamental, como parece que se deduce del conjunto de la normativa, y sobre todo de la consideración en los tribunales. ¿Cómo se ha hecho esto? Con una evolución jurisprudencial muy generosa en la interpretación de este asunto.
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“En España no lo hemos hecho tan bien. Nuestra constitución es de 1978. Se reconoce el derecho a la protección a la salud como un principio rector, no como un derecho fundamental. En Costa Rica, se puede ir directamente al foro constitucional por un amparo cuando haya una infracción del derecho a la salud. En España hay que buscar cuál ley se ha infringido. Esto es profundamente distorsionador. No lo hemos hecho muy bien.
“Aquí creo que han sido bastante más cautos y correctos. Otra cosa, por ejemplo, que me ha llamado la atención aquí con la Ley de Salud Mental es la cantidad de menciones a los derechos humanos. Es una ley muy garantista. No es una ley tan articulada como la que tenemos en España, la Ley General de Sanidad. En España estamos tratando de sacar adelante la Ley de Salud Mental, pero no hay manera de sacarla”.
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− En Costa Rica, pasaron varios años para hacer esta ley, pero más por un asunto técnico. Había un pulso entre psicólogos y psiquiatras. Ahora, para avanzar con lo que sigue, se necesita voluntad política.
− Una vez hecha la ley hace falta la gasolina política para ponerla en marcha. Eso es inevitable. Si construimos el coche con material político, pues mal. Pero si el coche lo construyen los expertos y luego los políticos se encargan de hacerlo marchar, eso es lo ideal.
‘Ley no puede ser letra impresa sobre papel mojado.’
− La salud mental está en una situación crítica en todo el mundo.
− Implementar la normativa en salud mental tiene varios niveles de atención. Primero, el nivel normativo. El nivel institucional, con servicios suficientes para la atención a la ciudadanía. Esto es imprescindible. Otro aspecto bastante olvidado, pero muy necesario, es la atención social de estos asuntos: acabar con la estigmatización social y con la discriminación de los enfermos mentales.
“En el siglo XV, metieron en el hospital de los inocentes a los enfermos que estaban siendo apedreados en las calles. El odio al diferente contra estos seres que entraban en delirio considerándolos endemoniados, ha ido penetrando nuestra sociedad. En España hay un dicho terrible: ‘Si está loco que lo encierren’. Esta es la voz de la calle. Claro, el pensar que una persona que tiene un problema mental tiene que estar encerrado es terrible.
“Esta situación ha provocado en todos los países una estigmatización de los enfermos mentales. En los años 80, se dio el fenómeno de la desinstitucionalización: a todos los enfermos recluidos en manicomios o sanatorios mentales (frenopáticos) había que dispensarles atención en libertad. En ciudades como Madrid se veía una gran cantidad de enfermos mentales abandonados en las gradas del metro.
“Durante algún tiempo, fui asesor de asuntos sanitarios del defensor del pueblo, en España. Una de las cosas que pedí eran recursos intermedios: si usted saca a este señor a la calle tiene que darle talleres ocupacionales, pisos tutelados, en fin, recursos para que esta persona sea atendida. Pero no se hizo y fue un problema gravísimo”.
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− Una de las cosas positivas de la pandemia fue que posicionó la salud mental.
− Hay un problema en la salud mental que a mí me parece muy evidente. Un problema en la salud física es evidente: le falta una pierna, o no para de toser. Pero no pasa lo mismo con la salud mental. El que tiene una depresión endógena va en el autobús con usted, pero usted no se entera. Ese es un problema muy importante. Hace que los recursos que se destinan no luzcan tanto y por eso no se dan. En un hospital luce más un acelerador lineal de partículas y políticamente es muy rentable.
“En cambio, la atención que se presta a los enfermos mentales se limita a su psiquiatra, su psicólogo y su familia. Estamos hablando de que el 20% de la población tiene padecimientos de salud mental. Cinco de cada diez trastornos, los más invalidantes, son en la parte mental”.
− La pandemia posicionó el valor de la salud, sobre todo de la salud mental. Ahora que el Derecho interviene en esta rama…
− En la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de la salud por una razón sencilla: vivimos un clima de falta de salud. La salud es como la energía eléctrica: la tenemos todos los días y no la apreciamos, pero si un día la perdemos nos damos cuenta enseguida del valor que tiene.
− Costa Rica tiene un tejido que, bien aprovechado, puede generar mucho en términos de la protección de la salud.
− Sin duda. Está adquiriendo un desarrollo normativo importante. Ahora mismo, estamos en un estadio de evolución normativa. Costa Rica, igual que España, ha pasado a la atención de la salud por condición de persona.
“A mis alumnos les explico con la cartilla sanitaria, con el nombre del trabajador y el de los beneficiarios. Con eso ibas al médico y te daban asistencia. Pasaron los años, y aparecieron las tarjetas sanitarias. Esto marcó un antes y un después. Hasta tal punto en España hubo rigor normativo y acoso al ciudadano.
“Ahora está la tarjeta sanitaria de manera que la tiene un niño que está en la cuna. No tiene que ser trabajador. Se ha evolucionado mucho, y Costa Rica es un referente”.
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− ¿Cuáles son los riesgos para la parte normativa, institucional y social? ¿A qué debemos estar atentos?
− El riesgo es igual al que ha pasado en España: dormirse en los laureles. Pensar que hemos llegado y no luchar por mantenerlo. Ese es un riesgo terrible. Hemos llevado un camino muy parecido al de Costa Rica, pero no hemos llegado a tener el derecho a la salud en la Constitución y con el carácter de derecho fundamental como tienen aquí, al punto de coligarlo con el derecho a la vida.
− La judicialización es en Costa Rica un gran monstruo porque el sistema está dejando de funcionar.
− Podrían decir que van a morir de éxito. Se multiplican las reclamaciones y van a morir de éxito. Hay que poner, primero, solución al problema y, segundo, más recursos en el ámbito jurisdiccional para resolver todo esto. Quien no puede pagar todo esto es el ciudadano. Los derechos no son nada sin sus garantías para poderlos hacer efectivos. Por eso, si no se dan garantías para que eso salga adelante, es letra impresa sobre papel mojado.
− Se están viendo retrocesos en materia de salud. En Salud mental, la crisis es enorme en intentos de suicidio, depresión…
En la población joven, el suicidio es la primera causa de muerte, más que los accidentes de tránsito. Es aterrador.
− La espera para una cita con el psiquiatra es de 6 meses.
− Sin ser médico, hago la siguiente observación: el problema que tiene la salud mental es que, salvo algunas excepciones de tratamiento, se está atendiendo la salud mental por la sintomatología. Si uno está deprimido, le dan pastillas para que se anime, y si está demasiado animado… ¡Eso es terrible! Vamos a acabar llegando a la medicina del bienestar, donde se terminará comprando pastillas para todo en las farmacias.