Teresa Freixes: «El Gobierno critica a los jueces para poder hacer lo que quiera»

Para Teresa Freixes (Lérida, 1950) ser catalana es su forma vital de ser española. Lleva una vida observando la sociedad y la política española de la historia de la democracia reciente en nuestro país –aunque a estas alturas no lo parezca– desde la universidad, su hábitat verdadero. Con el ojo del que tiene el Estado constitucional en la cabeza, repiensa en esta conversación con LA RAZÓN qué está pasando en España y por qué. Presenta su libro «En defensa de la Transición», editorial Almuzara.

Se lo dedica también a «los que no vivieron la Transición, esperando un futuro más prometedor para ellos», en un momento de división y polarización política como este, ¿qué hace falta?

Hace falta que les diera un ataque de sentido común a los políticos porque las épocas en las que España ha ido bien, tanto a nivel político, social, económico como internacional, fueron en las que ha predominado la centralidad, que es el acuerdo entre los grandes partidos, que son los que representan a la inmensa mayoría de la población. Lo que tenemos ahora con todo este empecinamiento en los bloques y el intentar gobernar con exiguas mayorías, no lleva a ningún sitio. Nos desfavorece, nos sitúa peor en los índices de democracia y nos pone problemas ante la UE y el mundo.

¿Es posible la esperanza en la política y en nuestros representantes llegados a este punto?

Soy optimista, quizá por carácter. Si salimos de la dictadura, ¿cómo no vamos a salir de esta situación? Era mucho más difícil lo que hicimos en la Transición. Con un poco de esfuerzo de determinados sectores para dejar de ser sectarios. Tienen que darse cuenta de que si miras encuestas de opinión, se aprecia que la mayoría de los españoles quieren volver a una política del sentido común, y no a una en la que las minorías intenten dominar a las mayorías.

Hay quien mantiene la tesis de que la partitocracia ha matado el buen marchar de la democracia y el respeto a las instituciones. ¿Tienen razón?

Algo de razón tienen. Los partidos son necesarios para que un país sea democrático. La Constitución les encarga ser representantes de la opinión pública y garantizar la democracia. Pero ellos mismos tienen que ser democráticos internamente y estamos viendo que esto falla en todos. Los partidos se han convertido en máquinas de llegar al poder y, a veces, únicamente les domina ver de que manera pueden conseguirlo. No todo puede ser llegar al poder y, menos, de cualquiera manera. En estos últimos años se han formado los Gobiernos de forma poco edificante desde el disenso y el apartar a todo el que no piense como yo, aunque represente a la mitad de la población. Eso será numéricamente rentable, pero no es democráticamente adecuado.

El Supremo ha rechazado amnistiar la malversación de Puigdemont al entender que está dentro de las excepciones, ¿qué cabe esperar? ¿Un recurso ante el Constitucional y que acabe perdonado?

Vamos de sorpresa en sorpresa. Cómo puede ser que las normas no se apliquen con sensatez. Me hace gracia que el Gobierno diga que los jueces tienen que respetar la voluntad del legislador y aplicar la Ley de Amnistía y nieguen que se tenga que respetar la del constituyente que se negó a incluirla en la Constitución. Habrá que ver qué problemas plantea su aplicación ya que tiene partes censurables, como admitió la Comisión de Venecia, pese a que el ministro Bolaños nos quiera hacer creer que la avala. La utilización del recurso de amparo como uno de casación por el Constitucional contra el Supremo ya lo vimos hace 20 años, pero luego se recondujo. Esperemos que suceda lo mismo porque el Constitucional es de garantías constitucionales, no tiene la función de reformar sentencias dictadas por tribunales ordinarios. Es otro fallo de nuestro sistema. Uno de los indicadores de verificación del Estado de Derecho es que los tribunales puedan cumplir su función, si no le dejan al Supremo, y el Constitucional se inmiscuye en un asunto impropio es un problema con el Estado de Derecho y se irá directo al informe que tiene que elaborar la Comisión Europea.

Con la derogación en la Ley de Enjuiciamiento Civil para que sean nuestros tribunales los que apliquen la jurisprudencia del TJUE, ¿cree que se podrá, aun así, plantear una cuestión prejudicial sobre la Ley de Amnistía?

El derecho interno no puede regular una cuestión prejudicial contra el europeo. Esta derogación es inaplicable: ninguna norma de ningún Estado lo puede cambiar.

Se va a poder plantear una cuestión prejudicial sobre la amnistía. Se creen que todo vale y mientras lo hayan adoptado y hasta que se anulen, lo tienen ahí y a ver si consiguen que entre en vigor.

¿Cómo ve la renovación consensuada del Consejo del Poder Judicial entre PP y PSOE?

Bienvenido sea. Ya era hora. Esta renovación es sensata por la forma en que se ha hecho y porque se comprometen a establecer un nuevo modelo de elección de sus miembros, conforme a las directrices europeas. También a que no haya puertas giratorias con el establecimiento de los cinco años para poder pasar de la política a la judicatura, y la despolitización de los órganos constitucionales. Ahora debemos estar muy vigilantes para que se cumpla.

Tras más de 40 años, ¿de verdad no hay nada que cambiar en la Constitución?

Hace muchos años que se tendrían que haber ido haciendo reformas, que es lo habitual. Las Constituciones tienen voluntad de permanencia, pero también de adecuación a las necesidades de la realidad del momento. Hay que hacer un equilibrio entre las dos cosas y afrontar los cambios necesarios con un gran debate y desde el diálogo. Como analizo en el libro, entre las reformas más urgentes se distinguen para las que es necesario tocar la Constitución. Como la sucesión a la Corona para adecuarla a la igualdad real de hoy en día. También el modelo autonómico, que se ha entendido como una centrifugación de las competencias desde el Estado a las Comunidades de cualquier manera sin mecanismos de coordinación que son propios de los Estados federales. Que es lo que es nuestro país en el fondo. Nos faltan mecanismos de cohesión, como el principio de lealtad federal o los de defensa de la Constitución porque estamos ante ataques que no sabemos cómo resolverlos. Para otras reformas no hay que tocar la Constitución, como en el sistema electoral, o convertir el Senado en una Cámara autonómica.

¿Son tolerables las críticas del Gobierno al juez que investiga a Begoña Gómez?

Los políticos no pueden hacer críticas directas a los jueces. Una cosa es discrepar con argumentos jurídicos, y la otra atacarlos e intentar desprestigiarlos. Hace a la ciudadanía desconfiar del sistema y del Poder Judicial. Los propios gobernantes están promocionando la crítica pensando «así nosotros podemos hacer lo que nos de la gana». Es síntoma de que se han cruzado todas las líneas de respeto institucional. Hay jurisprudencia europea que lo prohíbe.

¿Hacia dónde nos dirigimos?

A partir del 2004, como expongo en el libro, llega la decadencia. Comienzan a laminarse las instituciones con la irrupción de partidos que quieren dar un sorpasso a un «régimen del 78» que consideran periclitado y que quieren sustituir por no sabemos el qué. Parece que quieren convertirnos en un sistema de confederación populista sin referencias a lo que han sido los mejores años de la historia de la democracia española y en el mundo. Desde entonces hemos estado intentando contrarrestar lo que sucede, pero sin instrumentos que te lo permitan que te lo permitan de verdad es muy difícil. Ahora parece ser que se va a intentar controlar a los medios de comunicación. ¿Esto qué es? Desde cuándo en una democracia la prensa no es libre. Quién mide la calidad de los contenidos que los medios producen. Es la propia sociedad la que de alguna manera la que los considera adecuados o no. Además de que la Constitución prohíbe la censura previa. La libertad de expresión es una derecho fundamental de los más importantes en una sociedad democrática. Sin libertad de expresión no hay opinión pública libre.

¿Y el PSOE ahora también quiere este «cambio de régimen»? ¿O es víctima de las circunstancias de su liderazgo?

Lamentablemente, parece que sí. Que en un país haya antisistemas es normal y la democracia tiene que sostenerlo y pensar que eso siempre va a existir. No tiene que haber unanimidad en una democracia, pero una cosa es que los antisistemas, que siempre son minoritarios realicen su labor de crítica y de oposición radical. Y otra cosa que partidos de Gobierno importantes, como el PSOE, con el que hicimos la Transición, la Constitución y los grandes desarrollos constitucionales les hagan caso. El problema ha venido cuando por necesidades de formar su Gobierno han hecho todo lo que nacionalismos y populismos han ido exigiendo. El resultado es que no pueden gobernar. Los partidos han dejado la crítica interna para convertirse otra cosa.