La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) considera que el movimiento del TSJ de Madrid pidiendo al Supremo que llame a declarar al fiscal general por presunta revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso ya es la guinda de la tarta a una «situación ya ha traspasado todos los límites que puede soportar la institución«. Recuerda la asociación que ya el día 14 de marzo manifestó su preocupación al fiscal general por la nota informativa en la que se revelaban datos reservados de la investigación de Alberto González Amador por un delito fiscal y se le advirtió de que la información allí aportada excedía la previsión recogida en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) comprometiendo el derecho de reserva y sigilo. «Es palmario que en las relaciones que habitualmente, en el ejercicio de nuestra función, tenemos los fiscales con los abogados, tanto en diligencias de investigación de Fiscalía como en procedimientos ante los tribunales, el contenido de las mismas debe quedar en secreto, con la debida reserva, salvo que se alcance un acuerdo de conformidad, en cuyo caso se hace público y se procede al dictado de sentencia de conformidad». «La forma de proceder ha sido en todo momento inapropiada, los Tribunales dirán si además es delictiva. El fiscal general del Estado y la fiscal jefe de Madrid, de considerar que se propagaban noticias que afectaban a la Fiscalía de Madrid debieron simplemente denunciar la filtración de dichas noticias al Colegio de Abogados y emitir una breve nota dando cuenta de esta actuación«, dicen. Pero «proceder contra el criterio de la fiscal superior de Madrid (...) y desvelar datos en vez de denunciar a quien los hubiera desvelado antes, ha permitido la imputación de un fiscal de Madrid, lo cual debió ser evitado» por el fiscal general, que, en su opinión, tendría que haber asumido desde el primer momento la autoría. Reprocha también a la Inspección Fiscal, «que tan presta se muestra para investigar hechos de indudable menor relevancia que los aquí referidos» que no haya realizado actuación alguna. Y a que desde la fiscalía se instase a que no se admitiera a trámite la denuncia promovida por el afectado y por el Colegio de Abogados. «Este comportamiento anómalo de la Fiscalía compromete la imparcialidad de la Fiscalía cuando se actúa en defensa de intereses que afectan a los superiores jerárquicos», apunta. La APIF asegura que « es el momento de regeneración de la institución« y que «la Fiscalía debe ponerse en manos de quienes actúen en defensa de la legalidad y del interés público protegido por la ley utilizando mecanismos que no lleven a la situación penosa que hoy sufrimos.
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