El Gobierno avanza con la reforma en una caja negra de la política: los fondos millonarios en juego
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, apunta a una reducción drástica de las oficinas registrales en una primera etapa de su gestión. El equipo que comandará esa tarea y los números detrás de una de las principales fuentes de ingreso para sectores políticos
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, está diseñando un nuevo equipo de analistas y expertos a los fines de auditar y reducir una caja negra vinculada a esa cartera, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). El ente opera sobre el cobro de trámites de la compraventa de vehículos y paga los contratos de cientos de empleados del ministerio a través de las regalías que tiene por sus operaciones en oficinas de todo el país.
Según alegan fuentes cercanas a Cúneo Libarona, este cuerpo tiene como premisa la de avanzar en una nueva reforma del ministerio. Unas primeras medidas ya habían sido efectuadas el mes pasado, cuando el funcionario anunció el cierre definitivo del exministerio de las Mujeres. "Fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica", justificó.
Semanas después, el ministro desvinculó a 685 empleados que estaban contratados bajo esa órbita, un 85% de la dotación que había quedado en pie después de otra sucesión de despidos y cesantías. En tanto, desde Justicia buscan redoblar la apuesta con una auditoría sobre una caja millonaria que sobrevivió a lo largo de las últimas décadas y con rendiciones de cuentas mínimas.
En el Ministerio de Justicia informan que hay más de 2000 empleados que hoy en día dependen de ACARA. El Ente Cooperador se financia mediante una amplia gama de ingresos, entre ellos se encuentran los formularios para la compra y venta de autos, sellos, cédulas para conducir y chapas patentes. Al no formar parte del Presupuesto Nacional, la entidad no tiene un mecanismo más efectivo para la auditoría de cómo se usan los fondos.
Según informó Clarín en mayo mediante un pedido de acceso a la información pública, "desde que asumió Milei, el 10 de diciembre de 2023, hasta febrero de 2024, los ingresos del Ente representaron cerca de 14.000 millones de pesos".
La intención del ministro es ajustar el número de esas oficinas registrales (que al momento de la asunción de Milei eran mayores a 1500 en todo el país), una habitual caja utilizada por la política, y pasar a esquemas de trámites más sencillos, digitales y con mayor trazabilidad. En ese sentido, la semana pasada Cúneo Libarona firmó la Resolución 209/2024, que dio de baja a 130 Registros del Automotor y frenó la apertura de otros 12.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El Gobierno había anunciado en mayo que eliminará, por ahora, el 40% de los registros: arrancó por aquellos que llevan intervenidos más de dos años y dispuso la eliminación de la cédula azul. Esa decisión se dio por una auditoría conjunta con la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA).
Las nuevas decisiones sobre los recortes de registros automotor y el funcionamiento de ACARA serán asistidos por un cuerpo en el que estarán el subsecretario de Asuntos Registrales Carlos Medina y el titular de la Dirección Nacional del Registro Automotor (aún no designado), tal como lo informó Infobae el último fin de semana. También se especula con la presencia de un funcionario enviado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
En mayo renunció el titular de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA), el abogado Rodrigo Puértolas; quien solo tenía dos meses en el cargo, a pesar de todavía no haber sido designado oficialmente. Varios encargados de las oficinas registrales presentaron amparos y otros recursos judiciales para intentar que el Gobierno, autorice una mejora en los ingresos (conocidos como "emolumentos"), dado que se dispuso un congelamiento de los salarios que rige desde el pasado mes de octubre.
Hay varios proyectos presentados sobre el tema. Uno de ellos es el de la diputada nacional electa de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Patricia Vásquez, quien pide eliminar todos los Registros del Automotor, ya que son "cajas políticas" y que le "encarece a los ciudadanos un 6% del valor a transferir adicional".
En tanto, propone un trámite digital y sencillo "como en cualquier lugar del mundo", poniendo de ejemplo el caso de Estados Unidos, con una patente para toda la vida asociada al DNI. Tramite online en pocos minutos sin perder tiempo y con efecto inmediato, unificando también la transferencia de la responsabilidad civil del automotor, indican.
Desde el gobierno indican que la auditoría de la ACARA, la Reforma del Código Penal en todo el país y, particularmente, la baja de la edad de imputabilidad son tres cuestiones que hacen a los objetivos principales que tiene Cúneo Libarona para su gestión.
En paralelo, ayer ingresó a la Mesa de Entradas de la Cámara de Diputados el proyecto de ley oficialista que propone bajar la edad de imputabilidad desde los 16 a los 13 años. El articulado del proyecto pretende fijar en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal, estableciéndose penas de hasta veinte años de prisión para los chicos y adolescentes, que serían encarcelados en "establecimientos especiales" o "secciones separadas" dentro de los complejos penitenciarios.