Sánchez eludirá regular la figura del consorte en su plan de regeneración
Se limitará a presentar hoy un «esqueleto» «muy general» de medidas que completará luego con sus socios parlamentarios
Dos meses y medio después de que Pedro Sánchez se tomase cinco días de reflexión, el presidente del Gobierno alumbrará hoy el plan de regeneración democrática al que se comprometió tras valorar que «merecía la pena» continuar al frente del Ejecutivo. Una vez despejado el escenario electoral, tras los comicios europeos y con tiempo suficiente para articular una propuesta que permita vestir políticamente el «punto y aparte» que anunció, Sánchez presentará hoy oficialmente esta agenda de reformas en una comparecencia monográfica en el Congreso de los Diputados.
Fuentes gubernamentales rebajan al máximo las expectativas y evitan cualquier concreción en las medidas, asegurando que lo que hoy articulará el presidente en su discurso será un «esqueleto», un dibujo «muy general» de prioridades al que se buscará dotar de contenido con los grupos parlamentarios en una ronda de contactos que se iniciará ya a partir de septiembre. A la espera de que Sánchez haga algún anuncio de calado, habitual en este tipo de citas, lo cierto es que la aspiración de la intervención de esta mañana se limita a «abrir un debate» que se completará posteriormente con las aportaciones del resto del socios, cuyo apoyo es imprescindible para que cualquier iniciativa prospere.
Desde el entorno de Sánchez sí clarifican, no obstante, que no hay ninguna intención de promover un régimen para regular la figura del consorte del jefe del Ejecutivo. El impulso regenerador del Gobierno nace viciado de origen y condicionado por la situación personal que atraviesa el propio Sánchez, ya que el periodo de reflexión presidencial se produjo inducido por el horizonte judicial de su esposa. No en vano, se inició el mismo día en que se le comunicó a ella su condición de investigada. Sin embargo, no está previsto que se avance en una regulación sobre los límites de la actividad profesional del cónyuge del presidente, que fuentes socialistas definen como un asunto muy «complejo» de articular y que, en la práctica, supondría tanto como reconocer que el desarrollo de la actividad privada de Begoña Gómez ha generado distorsiones en el ejercicio gubernamental y público de su marido.
Sánchez sí ha ido avanzado durante estas semanas algunas de las líneas que pretende impulsar para evitar que los «pseudomedios», como él los define, tengan un papel principal en la generación y difusión de «fake news». El Gobierno ya había adelantado su intención de modificar la ley del derecho al honor y de rectificación, a lo que se suma la propuesta de reforma de la ley de publicidad institucional para incluir «un máximo de financiación pública de los medios de comunicación» y privar de la misma a aquellos que vulneren los códigos deontológicos en la actividad periodística.
El objetivo del Gobierno es poner coto a los medios «que solo tienen recursos públicos, no lectores, lo que pone en riesgo su independencia», argumentó el presidente. También se aplicará el reglamento europeo de reciente aprobación que busca dotar de mayor transparencia e independencia a los medios de comunicación. Precisamente, haber ubicado a los medios en el punto de mira ha generado suspicacias sobre el intervencionismo del Gobierno en la libertad de información, por ello, según ha podido saber LA RAZÓN, Sánchez se reunió ayer –en vísperas de su comparecencia en el Congreso– con los presidentes de las asociaciones de periodistas FAPE y APM para trasladarles los pormenores del plan que se piensa impulsar. Desde el Gobierno mantienen que cualquier iniciativa que se emprenda tendrá el imprescindible aval europeo.
Hasta ahora, la agenda de regeneración se ha trabajado en el seno de la coalición de gobierno con Sumar y ha sido este partido el que ha roto el hermetismo en las negociaciones para trasladar que se retomaría la iniciativa que ya se pactó en septiembre de 2022 para suprimir el delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, la derogación de los delitos contra la Corona y de las injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al Ejército. En la parte socialista se muestran más cautos y no aciertan a confirmar ninguna propuesta concreta. Estamos abiertos a revisar algunos delitos, «pero sin una redacción», señalan.
Sánchez pretende con su agenda de regeneración levantar un cortafuegos para evitar asumir cualquier responsabilidad política, pero lo cierto es que la causa que afecta a Begoña Gómez está teniendo ya un impacto negativo para el Ejecutivo y el PSOE que no aciertan a dar carpetazo a esta cuestión y se enrocan en la negativa a dar explicaciones y responder al relato que desde las acusaciones se está consiguiendo instalar.