Un apuro permanente por aprobar leyes: dictamen del Congreso beneficiaría a la 'U', según especialistas
Análisis. El Congreso le dio facultades legislativas a la Comisión Permanente para que pueda aprobar leyes. Tras ello, se ha dado luz verde a controversiales normas como la ley contra la criminalidad organizada y la ley concursal, la cual favorecería especialmente al club Universitario de Deportes, que tendría plazo hasta el 2060 para terminar de pagarle a la Sunat. Revisamos el impacto de estas decisiones.
Escribe: Manuel Barreto F.
El jueves 4 de julio, varios integrantes de la Comisión Permanente del Congreso se mostraron proactivos y se abocaron a aprobar leyes.
Tras el cierre de la legislatura, habían quedado algunos proyectos de ley pendientes de discusión en el Pleno, pero los parlamentarios no quisieron esperar para revisar estas propuestas y optaron por otorgarle facultades a la Comisión Permanente, integrada por solo 30 congresistas de los 130 que hay en el Legislativo.
Tres de los dictámenes aprobados fueron cuestionados en las redes sociales, entre ellos la ley de amnistía que abordamos en otro artículo. El hecho de que obtuvieran luz verde con el voto de menos de la cuarta parte de los congresistas y sin debates extensos dejó serias dudas. Aquí revisamos algunos de esos casos y los cuestionamientos que formulan especialistas.
¿Ley con nombre propio?
La Comisión Permanente aprobó el PL de José Jerí, de Somos Perú, y Jorge Flores Ancachi, de Acción Popular (vinculado al caso Los Niños), que ayudaría a los clubes de fútbol con dificultades financieras con 14 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones (en primera votación).
Dicha norma permitirá que clubes que aún están acogidos a la ley concursal puedan recurrir a otra alternativa, la cual consiste en que sea la Sunat la que designe a sus administradores y establezca cronogramas de pago de sus deudas, en vez de que lo hagan otros acreedores (por ejemplo, en el caso de la ‘U’, la empresa Gremco, con la que tiene un proceso judicial).
Clubes como Universitario de Deportes y Sport Boys podrían adherirse a esta opción. En el caso concreto de la institución estudiantil, existe una deuda pendiente de S/136.877.025 con la Sunat, la cual no ha empezado a pagar. Si se acoge a la norma, la cancelaría en cuotas y tendría un plazo de hasta 35 años para terminar.
Desde la ‘U’, han saludado el PL y señalado en un comunicado que la ley “busca la obligatoriedad de los pagos bajo un plan de viabilidad con plazos fijos e ineludibles”.
Sobre por qué Universitario recién empezará a pagar su deuda cuando lo pudo hacer antes, bajo la ley concursal 29862, por la que se había establecido un cronograma de pagos en 2017, el administrador del equipo, Jean Ferrari, aseguró a El Comercio que las condiciones no permitieron que la ‘U’ comenzara a hacerlo.
“¿El proceso concursal qué es lo que decía? Que lo administren sus acreedores para que se puedan pagar. ¿Y qué hicieron estos? Ninguno pagó. Y ninguno pagó tampoco a sus acreedores laborales, tributarios, AFP. No pagaron. Y a esto le sumas la deuda corriente que empezó de cero en el año 2012”, afirmó.
Esta nueva ley es cuestionada por clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y especialistas. La institución victoriana la llama “ley de perro muerto” y junto con Cristal ha enviado cartas a los congresistas de la Permanente para que permitan que haya un “debate inclusivo e integral”.
“Esta es una ley antitécnica que genera una competencia desleal con el país porque propone modificaciones al marco jurídico y tributario que favorecen a un solo contribuyente, de los más de dos millones de empresas registradas según el INEI, para las cuales la ley no tiene una aplicación práctica. Esta ley permitiría que un solo club tenga un mayor presupuesto disponible, ya que podría pagar los más de 130 millones de soles que le debe al Estado, en un plazo excesivo, distorsionando el sistema de recaudación tributaria”, dijo a La República Rafael Medina, gerente general de Alianza Lima.
“Alianza Lima viene cumpliendo oportunamente con sus obligaciones establecidas en el plan de reestructuración comprendido en el marco de la ley concursal. En esa línea, habrá pagado el 100% de su deuda tributaria en menos de 3 años sin la necesidad de una ley complementaria, es decir, para fines del 2027 ya el club no tendrá ninguna deuda tributaria con la Sunat”, agregó.
A su turno, Eduardo Salcedo, abogado magíster en Derecho Constitucional, afirmó que se trata de una ley con nombre propio, a pesar de que no solo Universitario podría utilizarla a su favor.
“Claramente, la ley ha sido diseñada para el caso específico de un club de fútbol, aun cuando su redacción, evidentemente retórica, permita ser aplicada a otros clubes, cuyo acogimiento concreto es totalmente incierto. De hecho, la exposición de motivos de la ley omite clamorosamente toda evaluación al respecto y entonces su artículo 2, el que aparentemente permite incluir a otros clubes, apenas funge de máscara de constitucionalidad”, dijo.
“Así las cosas, el acogimiento de Sport Boys y otros clubes a la ley es meramente potencial, supuesto, improbable. El de Universitario de Deportes es obvio e inmediato, la ley le es un anillo al dedo”, añadió.
Salcedo también sostuvo que en el procedimiento parlamentario no se tuvieron en cuenta opiniones técnicas o especializadas porque ni siquiera se solicitaron. Y en el caso del dictamen que favorecería a la ‘U’, apenas se abordó por unos pocos minutos el 4 de julio, sin un debate extenso.
“Esa ley tiene lógicas consecuencias tributarias y presupuestarias. Sunat no ha visto un solo centavo de la deuda concursal tributaria de Universitario y ello incide claramente en la multianualidad que rige el presupuesto público, lo cual envuelve las competencias del MEF. Y no olvidemos que el titular de esta entidad ya hizo llegar algunas alertas al respecto al Congreso”, aseguró.
"Y lógicamente, dado que la Ley Perro Muerto es una innovación en el ordenamiento jurídico, con una pobrísima exposición de motivos y una técnica legislativa deficiente, que regula procedimientos especiales, casi ad hoc, y que rompe el esquema, la lógica y los principios de la Ley Concursal General y de la legalidad como principio constitucional, también el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene competencias inmersas", finalizó.
Por su parte, el tributarista Jorge Picón señaló que la aprobación de dicha ley afectaría la recaudación tributaria y sería un mal precedente porque varias empresas podrían pedir que se reprogramen sus deudas.
“Es una norma sin sustento económico. Para dar algún tipo de salvataje tributario, tiene que pensarse: si el Estado va a dejar de recaudar, la contrapartida debería ser que este (el club) es un generador de puestos de trabajo muy relevante o es esencial, como algo para la salud o la educación del país. Para que el Estado se prive de recaudar lo que le corresponde en la parte tributaria, es indispensable que haya un contrapeso económico. Si no cumple eso, es una norma sin sustento que tiene una finalidad únicamente política”, señaló.
“Universitario de Deportes no es ni relevante en economía ni genera miles de puestos de trabajo como para tratar de generar una norma especial para ellos”, añadió.
En la próxima sesión de la Permanente, los congresistas podrían terminar de consolidar esta norma. Sin embargo, el Ejecutivo podría observarla.
¿Allanamientos saboteados?
Otro proyecto, que se aprobó ese día con (12 votos a favor, 3 en contra y 9 abstenciones), fue el que intenta delimitar cuándo se puede denominar a un grupo de investigados como organización criminal. Asimismo, se tratan de regular los allanamientos para que se efectúen en presencia de los abogados de los intervenidos.
Con los cambios hechos, grupos investigados como ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ‘Los Dinámicos del Centro’, ‘Los Niños’, ‘Gabinete en la Sombra’, ‘La Cúpula de Fuerza Popular’, entre otros, podrían favorecerse
Respecto a que los allanamientos no se inicien hasta que aparezca un defensor de los investigados; el abogado penalista Jorge Zúñiga señaló que en la práctica no sería un gran problema, debido a que hay abogados de oficio.
Añadió que, en caso de flagrancia, las autoridades podrían intervenir de inmediato, pero que se nota un intento político de algunos congresistas por priorizar ciertos tipos de leyes para favorecerse.
“Eso es innegable (el cálculo político). Hoy la clase política en general está involucrada en investigaciones por crimen organizado. Este era un problema que desde el ángulo jurídico lo venimos viendo desde hace años, pero el espectro político no lo veía hasta que recién los ha tocado. Supuse que se aprobaría en el Pleno, pero no lo hizo hasta que cerró sesiones y dejó a la Comisión Permanente”, sostuvo.
Cabe destacar que el exprocurador anticorrupción Julio Arbizu aseveró hace unas semanas que sí le preocupa que los allanamientos pierdan sorpresa. “No solo desnaturaliza el concepto mismo de lo que es una medida cautelar (…) Si un allanamiento o una medida como esa pierde el factor sorpresa, simplemente deja de ser la medida eficaz que usan los fiscales para investigar el delito”, explicó.
Vale precisar que el proyecto legislativo fue planteado por Waldemar Cerrón, quien tiene a su hermano Vladimir como prófugo de la justicia.
El jueves 18 debería sesionar la Permanente y se espera que empiecen a debatir las leyes con más detenimiento y pluralidad de opiniones.