El Constitucional rebaja la inhabilitación de Gaspar Zarrías, mano derecha de Chaves, en la recta final del caso de los ERE

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido amparar parcialmente al exconsejero y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en el caso de los ERE. Los siete magistrados progresistas han aprobado devolver su caso a la Audiencia de Sevilla para que los jueces reconsideren a la baja su condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, al entender que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal. Una decisión similar a la que han recibido otros altos cargos andaluces encausados como el expresidente Manuel Chaves o la exministra Magdalena Álvarez.

El tribunal de garantías examina esta semana los últimos recursos pendientes de antiguos dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía contra las condenas por los ERE. Pocos minutos después, el pleno también ha anunciado un amparo idéntico para Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos condenado también a nueve años de inhabilitación.

La sentencia, como ha sucedido en el caso de la mayor parte de condenados por prevaricación, entiende que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal: que no era previsible que actos como elaborar y aprobar anteproyectos de presupuestos fueran considerados un delito de prevaricación al ser actividad legislativa.

El resultado en cuanto a Zarrías y Lozano es el mismo: su condena de nueve años de inhabilitación queda anulada y su caso vuelve a la Audiencia Provincial de Sevilla. Será el tribunal andaluz el que decida si debe mantener algún tipo de condena contra ellos pero retirando de la nómina de acusaciones gran cantidad de los actos que se les atribuían, como la aprobación de proyectos de presupuestos.

Se trata de un amparo similar al que recibió ayer el expresidente Manuel Chaves, también condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. El otro expresidente de la Junta juzgado y condenado en este caso, José Antonio Griñán, también vio cómo ayer el pleno anulaba su condena de seis años de prisión por malversación de caudales públicos.

Todas las sentencias del caso que han estimado total o parcialmente los recursos han contado con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores del pleno: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y Ricardo Enríquez.