Una gestora intenta vaciar un edificio de Madrid donde viven 46 familias y una octogenaria que sufre un grave cáncer
Hace unos meses, una pila de cartas sin remitente llegó a General Lacy 22. María, una vecina del edificio, revisó su buzón como cada mañana y se encontró con un escrito en el que alguien, de forma anónima, les informaba de que la administradora de la finca había cambiado. Desde aquel día todo han sido malas noticias para las 46 familias que viven en este bloque de pisos ubicado en el distrito madrileño de Arganzuela, del que la nueva gestora del inmueble intenta echarles.
Después de recibir la carta en la que se les informaba del cambio en la administración de la finca, comenzaron a notificarles a través de burofaxes que no les renovarán los contratos de arrendamiento y que, por ende, en unos meses tendrán que irse. “Esto nos ha pillado desprevenidos”, cuenta María, que a principios de 2025 debería abandonar la que ha sido su casa durante los últimos 20 años.
En el primer escrito que llegó a General Lacy 22 no constaba ninguna información sobre la nueva administración, ni siquiera aparecía su nombre. La misiva solo explicaba que los dueños del edificio, la familia Campos Cebrián, delegaba a partir de ese momento las funciones administrativas del bloque en una gestora inmobiliaria. En la carta les remitían a un teléfono y un email para “trasladar sus incidencias y consultas”, a través de los que, después de mucha insistencia, consiguieron descubrir quién había detrás de todo esto: Savills, una compañía inmobiliaria presidida por el empresario Santiago Aguirre, hermano de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Desde entonces, la comunicación con la nueva gestora ha sido mínima. Algunos vecinos han sufrido recales, goteras, roturas y humedades que han sido totalmente desatendidas y que han llevado incluso a que una de las inquilinas abandone su vivienda por las condiciones insalubres en las que se encontraba el inmueble. Las reparaciones de las casas han corrido durante todos estos meses a cargo de los vecinos, ya que desde la inmobiliaria les daban largas. “He tenido que estar dos meses duchándome en la casa de un vecino hasta que he pagado de mi bolsillo el arreglo de mi baño”, explica María.
Los más de cien vecinos que habitan en este bloque de pisos han sido ignorados durante meses por la gestora, hasta que hace unas semanas varios de ellos comenzaron a recibir burofaxes en los que les notificaban que sus contratos de alquiler no serían renovados y a partir de su fecha de finalización deberían abandonar la vivienda. En la carta no especificaban ningún motivo y se remitían en todo momento a la voluntad de los dueños del edificio. De nuevo, la única forma de contactar con ellos era a través de un email al que escribieron en repetidas ocasiones sin recibir respuesta. “Desde el primer momento han aplicado la ley del silencio”, señala uno de los residentes que ha recibido la notificación de desalojo. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con Savills para conocer las razones por las que los vecinos no podrán renovar sus contratos y el porqué de su postura poco conciliadora como intermediarios entre la parte arrendadora y la parte arrendataria. De momento no ha habido respuesta a nuestras preguntas.
El plazo para abandonar las viviendas de algunos inquilinos terminó el pasado 1 de julio. Ninguno de ellos se ha ido y cuentan con el apoyo de todo el bloque para resistir. Las 46 familias piensan poner todos los medios para evitar irse a la calle. Su intención es negociar con los dueños del edificio y mostrarse conciliadores. “No queremos tener ningún problema con la familia propietaria de nuestras casas, siempre hemos recibido un trato cordial por su parte y no entendemos por qué han tomado esta decisión”, indican. La mayoría de ellos no pueden permitirse pagar otro alquiler con los precios actuales que ofrece el mercado en Madrid, ni tienen una alternativa habitacional. Además, hay algunos vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad por su edad o alguna enfermedad grave.
“No se trata de un bloque comprado por un fondo buitre ni un desahucio por impago u okupación, nuestros caseros son una familia que tiene otros edificios en la ciudad y que por una razón que desconocemos ha delegado la administración de la finca en esta gestora”, relata María. Por esta razón, esperan poder negociar nuevas condiciones en su contrato con los propietarios y evitar cualquier conflicto que pueda privarles de seguir viviendo en la que, para muchos, es la casa en la que nacieron y se han criado.
Inevitablemente, muchos inquilinos temen lo peor. Desde que comenzaron a recibir las notificaciones, el miedo les acompaña a diario. Otros vecinos del barrio ya han pasado por lo mismo: tener que abandonar sus viviendas de toda la vida para que en su lugar se instalasen pisos turísticos. En su caso, sospechan que el interés en echarles a la calle tiene que ver con convertir el bloque en un edificio de alojamientos de corta estancia, algo que ya ocurrió en la calle Áncora, 20, a pocos metros de General Lacy.
En Áncora 20, la única inquilina que consiguió resistir es Paloma, una mujer que contaba con una circunstancia especial frente al resto de vecinos: un alquiler de renta antigua. Este tipo de arrendamientos corresponden a aquellos contratos firmados entre los años 1950 y 1985, que daban la posibilidad de establecer un alquiler vitalicio, que además se podía heredar. Gracias a lo que pudo continuar en su casa de toda la vida. Pero, tal y como cuenta en declaraciones a Somos Madrid, le hicieron la vida imposible para intentar que se fuera. “Obras en todo el edificio para mejorar las zonas comunes, instalar una piscina, un gimnasio, un sala de coworking… Y yo, mientras, tenía que aguantar goteras en mi casa de las que nadie se hacía cargo”, relata.
Los dueños de su edificio dejaron de contestarle para así intentar que abandonase por la presión o el estado de la vivienda. Sin embargo, Paloma decidió aguantar y quedarse por el precio tan bajo que paga de alquiler: “No me puedo permitir otra cosa, así que soporté durante meses un infierno con tal de no tener que irme”. En General Lacy ningún vecino cuenta con esta ventaja, todos, hasta aquellos que llevan desde que eran pequeños viviendo en el bloque, han ido renovando cada cinco años sus contratos de alquiler y aceptando las subidas de precio que les indicaba la propiedad.
El bloque de Paloma se ha convertido en un coliving por el que cada pocos meses ve pasar nuevas caras y los vecinos de General Lacy tienen miedo de que la gestora tenga las mismas intenciones en su edificio. En menos de tres años, plazo en el que vencerá el último contrato de alquiler firmado, Savills espera haber desalojado todas las viviendas, aunque los vecinos están dispuestos a iniciar un proceso judicial si es necesario para evitar que ocurra.
Familias con niños, ancianos y enfermos a la calle
Entre los habitantes de General Lacy se encuentran personas de todo tipo: jóvenes, ancianos, niños, trabajadores con negocios en el barrio y un sinfín de particularidades que hacen cada caso más complicado que el anterior.
Posiblemente el relato más desgarrador es el de Luisa, una octogenaria que padece un grave cáncer. Lleva viviendo en este edificio desde que tiene uso de razón. Cuando se casó estuvo unos años fuera y al tiempo se divorció y terminó volviendo, hasta ahora, que 38 años después quieren echarla de su hogar. La inquilina inicial de la casa era su madre. Cuando falleció, subrogó el contrato y pasó a ser ella la titular del arrendamiento.
Durante todos estos años ha renovado el alquiler cada cinco años y ha hecho frente a arreglos de todo tipo en la vivienda. Incluso reformó hace unos años la cocina y el baño, ya que eran demasiado antiguos. Todo lo costeó de su propio bolsillo, sin pedir nada a los caseros. Hace unos meses recibió la notificación de desalojo. Fue la primera del edificio en recibirla. Por su edad, su situación de vulnerabilidad y el desconocimiento, Luisa está pasándolo muy mal: “Llevo toda mi vida aquí, no me quiero ir”, asegura a este periódico. Pero no está sola: tanto sus tres hijos como sus vecinos la están guiando y arropando para que no se vaya a la calle. “No hay derecho a dejar a una mujer mayor con una enfermedad tan grave como un cáncer sin un techo”, denuncia otro de los afectados.
Tampoco se queda atrás el caso de Juan Carlos, que está enfrentándose por segunda vez a la misma situación. Él era vecino de Paloma en Áncora 20 y le echaron a la calle cuando la empresa de coliving, Urban Campus, compró el edificio. En aquel momento pudo buscar otro piso rápidamente en el mismo barrio y con el dinero que le ofrecieron por abandonar su casa pudo pagar el alquiler durante varios meses.
La casa se les quedó pequeña cuando nació su tercera hija y él y su mujer decidieron mudarse a General Lacy 22. Allí se instalaron hace ya varios años y construyeron una vida para su familia. Los niños van al colegio del barrio, su mujer es dependienta en una de las tiendas de la calle y él regenta un negocio de comestibles en la misma zona. Tienen toda su vida allí.
“Me vine de Santo Domingo buscando una vida mejor y ahora me encuentro con que me echan de mi casa y no puedo permitirme un alquiler en el barrio porque están disparados”, cuenta. Ha llegado a pensar en comprarse una casa, pero también se ha encarecido notablemente en los últimos años. “¿Dónde voy a encontrar una casa en esta zona con tres habitaciones por menos de 1.800 euros al mes? Es imposible”, señala.
Cada vez se hace más a la idea de que puede que tenga que moverse a una zona más periférica de la ciudad o incluso a otro municipio para poder permitirse una casa. Sin embargo, no quiere renunciar a su negocio, ni al trabajo de su mujer , ni al colegio de sus hijos: “La estabilidad de mis niños es lo que más me importa y no quiero que sufran por lo que estamos viviendo”.
Un barrio “vaciado” por la especulación y el turismo
Los casos de Juan Carlos y Luisa son la cara más amarga de esta historia, aunque para el resto de vecinos, al igual que para los dos locales comerciales del edificio, tampoco están siendo momentos fáciles de digerir. Por suerte cuentan con el apoyo de todo el barrio, que aunque no estén pasando por la misma situación ahora mismo, son conscientes de que puede tocarle a ellos en cualquier momento.
“No queremos ver cómo convierten nuestro barrio en un hotel”, comenta una vecina. El barrio de Palos de la Frontera, cercano a la estación de Atocha, se ha convertido en una de las zonas más afectadas por el turismo. De los miles de pisos turísticos que hay en Arganzuela solo 115 son legales, un dato bastante clarificador sobre lo que está pasando en el distrito. Además, muchos de sus locales comerciales se han transformado en viviendas y el precio del alquiler se ha disparado.
Los vecinos de General Lacy 22 son unas víctimas más de la situación que atraviesa la capital, donde cada vez es más fácil especular y más difícil vivir para los que llevan habitando la ciudad desde siempre. Uno de los mecanismos que más se están aplicando actualmente para esquivar a la ley es convertir locales en pisos turísticos, para que así tengan una entrada independiente y cumplan con la normativa. “El barrio se está vaciando de fruterías, librerías, ferreterías… ya me ha pasado más de una vez, he ido a comprar algo y cuando he llegado la tienda de toda la vida la habían sustituido por un alquiler turístico”, relata una vecina de la zona.
Los barrios madrileños llevan varios años vaciándose de servicios y comercios tradicionales. Hace poco uno de los restaurantes chinos más emblemáticos de Arganzuela echó el cierre después de varias décadas porque un fondo inmobiliario compró el edificio para convertirlo en pisos turísticos. Sin tiendas, bares, restaurantes o vecinos, los barrios pierden toda su razón de ser. María, que confía en que puedan ganar la batalla a la gestora, es clara con su posición: “¡De Lacy 22 no se va ni Dios!”.