Una ley para fomentar el reconocimiento al bien
El Parlamento aprobó por unanimidad la Ley del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba, luego de un amplio análisis entre los diputados
En una cita con la dignidad y la memoria de nuestros mártires se aprobó por unanimidad la nueva Ley del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba, durante el 3er. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su 10ma. Legislatura.
Esta norma jurídica es un oportuno mecanismo para actualizar las disposiciones vigentes en función de hacer justicia a las experiencias acumuladas y generar un esquema de armonía en el ordenamiento jurídico nacional, partiendo de la derogación de disposiciones normativas anteriores.
La propuesta tiene como objetivo perfeccionar las disposiciones normativas que rigen hoy. Establece que los títulos honoríficos constituyen el máximo reconocimiento a extraordinarios méritos alcanzados al servicio del Estado de derecho y justicia social.
Por otra parte, define que las condecoraciones expresan el reconocimiento a hechos relevantes, acciones o actos prestados en servicio de la sociedad, en defensa de la independencia, la integridad y la soberanía, la seguridad nacional, la prosperidad individual o colectiva y la solidaridad internacional.
Entre sus aspectos novedosos está establecer que es facultad del Consejo de Estado la creación, modificación, y extinción de títulos honoríficos y condecoraciones, correspondiendo al Presidente de la República su otorgamiento. Instituye un registro de títulos honoríficos y condecoraciones, destacando la gestión de los cuadros del Gobierno.
Oscar Manuel Silvera Martínez, ministro de Justicia, explicó que los cinco por cuanto, diez capítulos, 67 artículos, dos disposiciones especiales, dos disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales que la componen establecen entre otros aspectos, los derechos y obligaciones de los laureados, el uso de las insignias y pasadores, las comisiones acreedoras y el control administrativo de los lauros.
Una disposición normativa de planeación colectiva cuya realización contó un distinguido grupo de trabajo formado por representantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, los Ministros de Justicia, Cultura, Educación, Educación Superior, Salud Pública, Economía y Planificación, Relaciones Exteriores, Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, entre otros.
Las sesiones de trabajo tuvieron el acompañamiento activo de la academia y organizaciones como la Unión Nacional de juristas de Cuba, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, la Central de Trabajadores de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y miembros de la estructura auxiliar del Comité Central del Partido.
Como reafirmación de la transparencia y el carácter democrático y participativo del proceso legislativo del proyecto, fueron recibidos durante las sesiones de debate de la norma un total de 39 criterios de los diputados, de los que fueron aceptados 19. Estos aportes derivaron en modificaciones de cinco artículos, la supresión de dos por cuanto, 19 artículos, una disposición especial y dos disposiciones finales que se encuentran en la versión de la norma aprobada en el parlamento cubano.
El otorgamiento de títulos honoríficos y condecoraciones estimula la sedimentación de valores a partir del reconocimiento de los esfuerzos de ciudadanos nacionales y foráneos, personas jurídicas, ciudades, pueblos, familias y colectivos cuya labor cimera en distintos ámbitos de la vida constituye paradigma para generaciones futuras en su formación patriótica y revolucionaria.
Durante el debate, el diputado general de brigada José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, expresó que actualizar las disposiciones normativas que rigen hoy el Sistema de Condecoraciones y Títulos Honoríficos y ajustarlas a la actual Constitución de la República de 2019, resulta una necesidad. También abundó en el carácter renovador de la ley.
Igualmente, se refirió a los 70 años del desembarco del yate Granma y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en diciembre de 2026. Bajo ese concepto estamos trabajando en la creación de una nueva condecoración que será la medalla Aniversario 70 de las de esa institución armada, añadió.
El diputado villaclareño Yaisel Osvaldo Pieter Terry calificó la ley de «necesaria». Añadió que lo estipulado en el artículo 6 de la norma está encaminado a la espiritualidad, al reconocimiento moral y a la defensa de los valores de esos cubanos dignos de la sociedad actual, que a lo largo y ancho del país por más de 60 años han defendido con su trabajo y compromiso la obra de «nuestra la Revolución».
Isdalis Rodríguez Rodríguez diputada matancera agradeció al grupo encargado de la elaboración del proyecto. Significó que la norma brinda la posibilidad de reconocer no solo a los trabajadores, a los campesinos y a las federadas, también al pueblo porque «permite que a través de las asambleas municipales del Poder Popular, se puedan proponer compañeros dignos del pueblo para ser condecorados, el único requisito es servir con dignidad», opinó.
La diputada santiaguera Suyen Rodríguez Pérez reconoció la urgencia de la ley, expresó que «con la necesidad que tiene de entrar en vigor y dar continuidad a lo que hoy se hace, que incluso constituye una de las maneras de reconocer el sacrificio diario de las personas».
Por otra parte, el diputado habanero Orlando Gutiérrez Boza significó la importancia de cada condecoración, para el pueblo y para la historia en un momento en que nos «quieren arrebatar la historia, en un momento en que hay un alza de las agresiones mediáticas», dijo.
Se dirigió a los principales representantes de la Generación Histórica y destacó el honor de poder formar parte del proceso de aprobación de la norma y significó que «es necesario no olvidar jamás las acciones de los compañeros del Ejército Rebelde y todo lo que hicieron ellos por la lucha de nuestro pueblo», declaró.
El Palacio de las Convenciones de la capital fue sede del ejercicio democrático donde la disposición jurídica que celebra la dignidad fue avalada por los parlamentarios, en tiempos donde los actos dignos son vitales. Las lecciones de la historia y los principales paradigmas siguen vigentes en el recuerdo de la máxima martiana que dicta «honrar, honra».