Estrategia del gobierno se estrella con los hechos

En el caso de Gandoca-Manzanillo, el gobierno de Rodrigo Chaves trata de minimizar los sucesos y las instituciones incumplen órdenes judiciales o niegan su existencia; sin embargo, la estrategia se desacarrila conforme se revelan las conexiones políticas y los hechos que el gobierno omite u oculta.

El gobierno de Rodrigo Chaves recurre a una estrategia de minimización para atenuar el caso de la tala en el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur. La estrategia consiste en normalizar los sucesos, como si se tratara de asuntos sin importancia. Las instituciones, además, incumplen órdenes judiciales o simplemente niegan su existencia.

Sin embargo, la táctica se está estrellando contra la realidad conforme se revelan las conexiones políticas del empresario a cargo de la tala, Allan Pacheco Dent, así como los hechos que el gobierno omite u oculta.

Esta semana, la Fiscalía detuvo temporalmente a Pacheco Dent bajo la hipótesis de que obtuvo permisos ilegales para talar bosque en el refugio natural, a fin de urbanizar. De inmediato, el mandatario Rodrigo Chaves defendió las autorizaciones concedidas por el gobierno y minimizó la denuncia de un diputado de que funcionarios de Casa Presidencial efectuaron una fiesta en el centro de eventos V Entertainment, de la familia del empresario, en Barva de Heredia.

Sin embargo, el presidente Chaves omitió los siguientes hechos que se revelaron posteriormente:

-Él mismo, mediante el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, invitó a una fiesta bailable a los jerarcas de gobierno en la finca de la familia de Pacheco Dent, en octubre del 2023, en la que podían hacer uso de un polígono de tiro.

-Los policías de la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuerpo policial adscrito a Casa Presidencial que opera bajo las órdenes del mandatario, entrenaban en la finca del empresario detenido. La Presidencia no pagó por el uso del inmueble, sino que se trató de un préstamo.

-El empresario Pacheco Dent, en persona, coordinó el préstamo del inmueble con el director de la UEI, Jeffrey Cerdas.

-Presidencia argumentó que otros cuerpos policiales también usaban la finca, como la Fuerza Pública, pero el ministro de Seguridad, Mario Zamora, lo negó.

-Allan Pacheco Dent visitó al menos siete veces la Casa Presidencial, en cuatro ocasiones para reunirse con el director de la UEI, y en dos con el propio presidente de la República. Cuando le preguntaron a qué se debían las visitas, el mandatario contestó que la respuesta la debían dar los visitados, y cambió de tema.

-Rodrigo Chaves nombró al empresario en un puesto en la Comisión Fílmica Nacional, un órgano del Ministerio de Cultura y Juventud.

-Chaves utilizó la finca desde la campaña electoral. Allí se hizo el acto final de la campaña de Heredia, en marzo del 2022. La organizadora del evento relató que Pachecó Dent cobró un “monto simbólico”, porque quería ayudar.

Así empezó el caso Gandoca-Manzanillo

Todo empezó en mayo, cuando vecinos del cantón de Talamanca denunciaron la aparente extracción de árboles del refugio natural. En una rueda prensa, consultado por el asunto, el mandatario Rodrigo Chaves llamó al podio al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, para que informara de que la tala estaba en orden, con un permiso de aprovechamiento forestal extendido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a la firma Playa Manzanillo S. A., representada por el empresario Allan Pacheco Dent.

El gobierno quiso ponerle punto final al asunto con una sonrisa, mientras el presidente pronunció una contradictoria frase ese 16 de mayo: “No vamos a destruir el tesoro de la costa de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna”.

Cinco días después, la Fiscalía Ambiental allanó la Municipalidad de Talamanca por el aparente otorgamiento ilegal de un permiso de aprovechamiento forestal, como parte de una investigación por los presuntos delitos de cambio de uso de suelo e invasión a la Zona Marítimo Terrestre.

Posteriormente, La Nación reveló que, desde el año 2019, la Sala IV había declarado inconstitucional una ley que permitió entregar a privados tierras que forman parte del Patrimonio Natural del Estado en este litoral. La ley la impulsaron los actuales alcaldes de Matina y Pococí, Wálter Céspedes y Manuel Hernández, en el 2014, cuando eran diputados por el PUSC y el Movimiento Libertario. La promovieron bajo el alegato de que se necesitaba reconocer derechos a los habitantes del Caribe sur. Hoy, la mayoría de las tierras está en manos de personas jurídicas y extranjeros.

Ni el Sinac ni el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) acataron las órdenes de la Sala IV de delimitar el refugio y recuperar las propiedades, respectivamente, a pesar de los recordatorios de la Procuraduría General de la República sobre la obligación de cumplirlas.

El Inder, que lleva dos años sin acatar la orden, alegó que no tiene recursos para hacerlo. En tanto, la directora del Sinac, Maylin Mora Arias, dijo en el Congreso que no existía ninguna orden de la Sala IV de delimitar el refugio, lo cual fue desmentido de inmediato por los magistrados a finales de junio: la instrucción sí existe y debe ser cumplida.

Esta semana, el martes 16 de julio, la Fiscalía detuvo al empresario Pacheco Dent y a cuatro funcionarios del Sinac bajo la sospecha de que se habría cambiado el uso de suelo en áreas de bosque y humedales de Gandoca Manzanillo, para permitir la tala y “desarrollar una infraestructura urbanística”.

Ese mismo día, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), denunció que funcionarios de Casa Presidencial habían organizado una fiesta, en diciembre del 2022, en una finca de la familia de Pacheco Dent en San José de la Montaña, en Barva de Heredia. Se trata del centro eventos V Entertainment.

Al día siguiente, el presidente Chaves defendió los permisos dados por el gobierno para la tala, bajo el argumento de que se cumplieron los requisitos del Sinac. Citó que no había anotaciones sobre la finca.

En realidad, no había anotaciones porque el Inder no cumplió la orden de recuperar las tierras. La propiedad se anotó hasta que el diputado Robles preguntó al Registro Nacional por qué no lo había hecho si un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ya había identificado que la finca de 12,2 hectáreas invade en un 20% la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Además, Chaves restó importancia al antecedente de la fiesta, alegando que se trató de una reunión privada y que el diputado no tenía nada más que hacer. También, dijo que el centro de eventos era de una pariente de la exesposa del empresario Pacheco Dent. Alegó que conocía al empresario porque vivía a la par suya y que tener vecinos no es delito, pero esa no es la cuestión.

Es de interés público que una Policía adscrita a Casa Presidencial utilice, sin cobro alguno, la finca de un empresario interesado en permisos del Estado y que ahora es investigado judicialmente, al grado de que fue detenido temporalmente.

Igual de preocupante es otro hecho revelado esta semana: el ministro de Justicia, Gerald Campos, visitó en Zaragoza, España, las instalaciones de la empresa española ARPA, la cual había llegado a su despacho en marzo a ofrecerle la venta de carpas, para la polémica idea de construir cárceles con este material.

Hay que tomar los asuntos con la seriedad del caso, no minimizándolos.