Editorial: Política de Estado digital
Las buenas intenciones de la Agencia Nacional de Gobierno Digital no se concretarán con la emisión del reglamento de la ley, aunque en su ausencia no hay avance posible.
La Sala Constitucional ordenó a Paula Bogantes Zamora, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), reglamentar la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital, vigente desde el 9 de octubre del 2021 pero inaplicable por falta del reglamento. Los años transcurridos demuestran el desinterés de la actual y anterior administración por impulsar la digitalización de los servicios públicos.
La Agencia es un órgano adscrito al Micitt y bajo su rectoría, pero goza de independencia operativa. Mediante el impulso a la digitalización de los servicios y la interacción de los ciudadanos con el Estado, pretende promocionar la transparencia, la competitividad y la participación. También tiene la obligación de velar por la confidencialidad y seguridad de la información personal, contribuir a mejorar la calidad de vida y propiciar un clima de negocios competitivo.
Ninguna de esas buenas intenciones se concretará con la emisión del reglamento, aunque en su ausencia no hay avance posible. La iniciativa, además de un marco legal completo, requiere voluntad política. Ese es el elemento ausente, como queda probado por el tiempo transcurrido y la necesidad de una intervención de los magistrados para garantizar, siquiera, la emisión del reglamento.
La Agencia, no obstante, debe constituirse en la institucionalización de una política de Estado, capaz de trascender los periodos de gobierno, inmune a los caprichos y pasiones de la política, e inspirada por un profundo compromiso técnico para ofrecer servicios a las instituciones descentralizadas, municipalidades, otros poderes de la República e incluso al sector privado.
La frondosidad del Estado costarricense despierta el escepticismo frente a cualquier nueva institución, y la calidad del personal necesario para impulsar el desarrollo digital del Estado implica costos considerables en momentos de constante estrechez fiscal, pero la inversión bien vale la pena.
Los eternos objetivos de simplificar trámites y descentralizar la administración pública tienen en el gobierno digital un aliado invaluable. A estas alturas del siglo XXI, Costa Rica merece contar con acceso a los servicios públicos las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin necesidad del traslado físico a las ventanillas de las instituciones públicas.
No obstante, estamos lejos de ese ideal. Nuestro país está en el último lugar del índice de gobierno digital 2023, publicado en enero por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los otros 35, incluidos los de nuestra región, nos sacan ventaja en la digitalización de procesos y servicios estatales para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y, también, su atractivo para la inversión.
Recuperar el tiempo perdido es perfectamente factible. Entre los países modelo de la transformación digital hay varios con condiciones comparables a las de Costa Rica. Estonia, una pequeña nación de 45.200 kilómetros cuadrados y 1,3 millones de habitantes mantuvo, desde mediados de la década de los 90, una política de Estado para fomentar la digitalización. Hoy, son raros los trámites en papel y pocos los presenciales. Una empresa puede ser registrada en línea en menos de 20 minutos y la cédula de identidad es una cuenta electrónica. La firma digital es de uso generalizado y el equivalente al Expediente Digital Único en Salud (EDUS) funciona a plenitud desde hace años.
El impacto de la digitalización sobre la economía y el ingreso promedio de los estonios es dramático. Lo mismo puede decirse de la casi inexistente brecha digital. Nueve de cada diez personas de entre 16 y 74 años utilizan la internet y todas las instituciones del Gobierno están conectadas. Con los recursos de la tecnología de nuestros tiempos, el desafío no es demasiado formidable.
