La destitución de Isabel García, un golpe al feminismo del PSOE crítico con la ley trans
No fue por la polémica trans sino por unos contratos ajudicados a su empresa durante su corto mandato, pero el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, cuyo nombramiento fue criticado desde el principio, deja sin representación en Igualdad al sector crítico y acerca posiciones con socios de Gobierno
El Consejo de Ministros cesa a Isabel García, directora del Instituto de las Mujeres
Isabel García ha durado siete meses como directora del Instituto de las Mujeres. Su nombramiento fue polémico desde el principio y su aportación al equipo de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, apenas perceptible. Solo un día después de que el Consejo de Ministros, a finales de diciembre, aprobara su nombramiento, arreciaron las críticas contra la decisión por sus declaraciones públicas sobre la ley y las personas trans, y comenzaron las peticiones de cese. Finalmente, han sido dos contratos adjudicados por el ayuntamiento de San Fernando de Henares a una de las empresas que García comparte con su mujer lo que han hecho que salga del ministerio.
Si poner a Ana Redondo, una mujer fuera del feminismo académico o activista, al frente de Igualdad buscaba darle un perfil bajo al ministerio y sacarlo del foco y la disputa de los último años, el nombramiento de García no ayudó. Su llegada vino recomendada por el sector socialista afín a Carmen Calvo, pero el entorno cercano de la ministra desconocía hasta qué punto García había estado involucrada, también públicamente, en la pelea alrededor de la ley trans de los últimos años.
García había expresado una rotunda oposición a la ley trans y a la autodeterminación de género con expresiones como “dictadura queer” o “delirio queer”. “La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetuar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político”, expresaba en la red social X en 2019. Este mismo año respondía a un tuit del diputado socialista y secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, en el que él afirmaba que las mujeres trans son mujeres: “Las mujeres trans no existen. Invisibilizáis la transexualidad. Las mujeres transexuales además son mujeres transexuales y punto”, espetaba.
El socio de Gobierno, Sumar, pidió su cese desde el comienzo. También Podemos y asociaciones como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales (FELGTB) o la Plataforma Trans. La polémica hizo que Isabel García publicara en redes sociales sus disculpas y un apoyo “firme” a la ley trans. Ana Redondo se aferró a esas declaraciones para mantenerla en el cargo: por un lado, cesarla apenas la había nombrado podía ser entendido como un signo de debilidad; por otro, el perfil de García permitía hacer un guiño a un sector socialista muy beligerante contra la ley trans.
También por eso cuando, a mediados de febrero, trascendió que la directora del Instituto de las Mujeres participó en la inauguración de un congreso de la asociación de Docentes Feministas por la Coeducación, una organización que habla de “supuestas infancias trans” y que se felicitó por el recorte que hizo Ayuso de las leyes LGBTI y trans de la Comunidad de Madrid, el ministerio justificó su asistencia como parte de su labor institucional. Pero las críticas volvieron a arreciar y buena parte de la oposición pidió a Ana Redondo, tanto en el Senado como en el Congreso, que prescindiera de García.
Explicaciones insuficientes
El miércoles pasado, el periódico El Español publicaba que las empresas de la directora del Instituto de la Mujer y de su pareja, Elisabeth García Busnadiego, obtuvieron dos contratos del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid) siendo ya ella alto cargo del ministerio. Al procedimiento se presentaron tres entidades, pero todas relacionadas con García y su pareja. La ministra pidió entonces explicaciones a su alto cargo y tiempo para que ella aportara toda la información necesaria. La directora del Instituto se defendía asegurando que cumplía con la Ley de Incompatibilidades, pero sin hacer referencia a las adjudicaciones de estos contratos.
Esas explicaciones insuficientes terminaban con su cese en el Consejo de Ministras de este martes. El sector más combativo con la ley trans y la autodeterminación de género se queda, así, sin representación en Igualdad, al menos entre altos cargos. La operación suponía un riesgo para Igualdad: enfadar a ese sector, que lleva días alentando la idea de una conspiración en contra de Isabel García por sus posiciones respecto de lo trans como verdadero origen de su destitución. La propia García ha alimentado esa teoría en un comunicado en la red social X.
Aunque tras su nombramiento publicó un comunicado en el que calificaba la norma trans como una “ley pionera que protege y garantiza los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales”, este martes García habla de una “cacería” iniciada desde su nombramiento “por no compartir una visión íntegra de la Ley Trans”. Una “cacería menor”, matiza en el texto.
Si bien subraya en el mensaje que su conducta no ha sido irregular, ni este martes ni en los pasados días ha explicado lo sucedido con esos contratos adjudicados cuando ya era directora del Instituto. Más allá de cumplir con el porcentaje de acciones que le marcó la Oficina de Incompatibilidades, las tres ofertas que se presentaron procedían de empresas vinculadas a ella, el traspaso del resto de participaciones no se registró hasta comienzos de marzo y los contratos se adjudicaron entre entonces y mayo de este año.
Un perfil sólido para sustituirla
Su sustituta al frente del organismo será Cristina Hernández, un perfil sólido, tanto por su trayectoria feminista como por su andadura dentro del PSOE. En los dos entornos es conocida por su dedicación y su disposición a la escucha y el diálogo. Hernández empezó como concejala en Ciudad Rodrigo, su municipio, donde se presentó a la alcaldía con 24 años, pero en los últimos años ha trabajado a la sombra en los equipos de Adriana Lastra, Andrea Fernández y Félix Bolaños. Su formación en sociología –es experta en políticas públicas de igualdad y contra la violencia de género– pasó también por ser becaria del Instituto que ahora dirigirá y también directora de Formación del servicio 016.
Hernández fue discípula de Soledad Murillo, primera secretaria de Estado de Igualdad con José Luis Rodríguez Zapatero, que Carmen Calvo recuperó cuando Pedro Sánchez le asignó Igualdad en su primer Ejecutivo. Sin embargo, la ya directora del Instituto de las Mujeres ha mantenido un perfil alejado de la polémica y el exabrupto, y mucho más proclive al reconocimiento de las diferentes posiciones y a la negociación de acuerdos. Trabajaba codo a codo con Andrea Fernández cuando esta era secretaria de Igualdad del PSOE y las dos partes del entonces gobierno de coalición –socialistas y Podemos– pactaron la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. También cuando un sector apostó por el trabajo interno para lograr una aproximación con el ministerio de Irene Montero, sacar adelante la ley trans y apaciguar el conflicto interno.
Aunque las primeras horas tras el cese de Isabel García ya hay voces que continúan alimentando la idea de la conspiración, también fueron muchas las felicitaciones por el nombramiento de Cristina Hernández entre posiciones políticas y feministas variadas, incluida la anterior secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, o una de las últimas directoras del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas. Su trayectoria hará más complicado que el sector beligerante que aún pelea en el PSOE por la ley trans cargue contra ella.