Bruselas pasa de puntillas por la amnistía en su informe sobre el estado de derecho: "El análisis continúa"

La Comisión Europea pasa de puntillas por la ley de amnistía en su informe sobre el estado de derecho. A pesar de la presión ejercida desde hace meses por la derecha en Bruselas para que cuestione la medida de gracia para los independentistas, el gobierno comunitario sigue sin expresar su opinión sobre esa medida que ya está en vigor y que siempre ha dicho que estaba analizando. El informe se limita a mencionar que la adopción de la ley de amnistía “suscitó polémica” y que ha sido objeto de un informe de la Comisión de Venecia “que abordaba una serie de cuestiones relacionadas con el estado de derecho”.

Entre las cuestiones que la Comisión Europea menciona, como hicieron los expertos de la Comisión de Venecia, está la tramitación por la vía de urgencia que, recuerdan esas instituciones, “sólo permitía una consulta pública limitada”.

“Estamos todavía analizando”, ha dicho la vicepresidenta para Valores y Transparencia, Vera Jourova, en la rueda de prensa en la que ha presentado junto al comisario de Justicia, Didier Reynders, los informes sobre el estado de derecho. Jourova ha recordado que no tienen ninguna fecha límite para culminar ese análisis. “Tenemos que ver la reacción de los tribunales y los jueces sobre la implementación”, ha agregado la vicepresidenta, que ha rechazado las “especulaciones” sobre un hipotético procedimiento de infracción.

“Continuaremos con la evaluación”, ha sentenciado Jourova. Lo que explican fuentes de la Comisión Europea es que están analizando el texto con intercambios con el Gobierno sobre la ley y viendo las resoluciones judiciales dado que ha habido distintas interpretaciones. También están a la espera de si el asunto escala al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el que el gobierno comunitario tendría que dar una opinión.

La principal novedad en este informe respecto a los cuatro anteriores es que por primera vez Bruselas ha dejado fuera la que hasta ahora era su principal preocupación sobre la situación del estado de derecho en España: el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El acuerdo sucrito por PSOE y PP precisamente en las instalaciones del gobierno comunitario en Bruselas y que este martes se aprobó en el Congreso lo ha permitido.

Lo que recuerda el informe es que ahora se deben dar los pasos para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para adecuarlo a los estándares europeos, es decir, dar más peso a los magistrados en el proceso.  “Lo que tratamos de conseguir es tener una mayoría de jueces [en el CGPJ] elegidos por sus pares”, ha dicho Reynders.

Ese fue uno de los puntos que formaba parte del acuerdo firmado por Félix Bolaños y Esteban González Pons, pero que lo dejaba para más adelante en contra de lo que había exigido el PP durante años como excusa para el bloqueo. El nuevo CGPJ tendrá que elaborar por mayoría de tres quintos una propuesta para modificar ese sistema que ha estado vigente tres décadas y se remitirá al Congreso. Esa redacción permitió a las partes verderlo como un éxito. Por un lado, el PP aseguraba que los socialistas habían claudicado a su exigencia mientras que el Gobierno dejaba en el aire que esa modificación se fuera a ejecutar. En su informe, Bruselas deja claro que es una de las patas que queda pendiente, aunque fuentes de la Comisión Europea recalcan que las recomendaciones de los años anteriores, que apremiaban a renovar el CGPJ e “inmediatamente después” iniciar los trámites para cambiar el sistema, se han cumplido con este acuerdo.

El informe también recoge el acuerdo para la “reforma del estatuto del Fiscal General, que excluirá del cargo a las personas que hayan ocupado cargos políticos en los últimos años e impedirá que el Fiscal General actúe en casos que le afecten personalmente”. “Algunos avances en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, pero no en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General de los del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la fiscalía”, señala en las recomendaciones.

Uno de los toques de atención que llega de Bruselas a los políticos en España son las declaraciones sobre la carrera judicial. “El riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos puedan afectar a la confianza de los ciudadanos en la independencia judicial ha suscitado preocupación”, recoge la comunicación sobre el estado de derecho en la UE.

“El Consejo del Poder Judicial y otras partes interesadas siguieron expresando su preocupación por declaraciones públicas de políticos sobre el poder judicial. Ha habido declaraciones declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al poder judicial. El Consejo del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones de jueces han alertado en repetidas ocasiones sobre dichas declaraciones, tanto cuando criticaban decisiones judiciales individuales como al judicial en su conjunto”, apuntala en el informe dedicado a España.

“Aunque los tribunales no son inmunes a la crítica y el escrutinio, la confianza pública en el poder judicial es fundamental para su eficacia, habida cuenta de su especial papel en la sociedad. El daño a esta confianza es especialmente relevante en relación con las declaraciones de los miembros de los poderes poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones constitucionales, incluido el poder judicial”, advierte la Comisión Europea.

Otra de las críticas tiene que ver con la falta de avances en la estrategia para luchar contra la corrupción y Bruselas reclama que se reduzcan los plazos de duración de las investigaciones judiciales sobre esos casos. También cuestiona que no se hayan dado pasos en la regulación de los conflictos de interés así como de los lobbies, incluyendo el establecimiento de un registro obligatorio de esas organizaciones de presión. Igualmente, reprocha que no haya cambios en la ley de secretos oficiales para garantizar el acceso a documentos en línea con los estándares europeos. Esa es una reclamación histórica del PNV que lleva años en el cajón, pese a las promesas para actualizar una ley que data de los tiempos franquistas.