La Junta permite al Serla pagar las deudas pendientes, pero insiste en la «austeridad»

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno autorizar a la Fundación Serla poder pagar las facturas que tiene pendientes de arrendamiento de la sede y de personal -su director gerente, al que se debe varias nóminas y servicios-, con cargo a las cuantías que ya había aprobado el Gobierno autonómico. Con este acuerdo se pretende «facilitar el pleno funcionamiento» del Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León , según ha indicado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. El cambio introducido este jueves supone que con cargo a las partidas ya aprobadas el pasado mes de marzo - 400.000 euros- también se puedan sufragar esos gastos de alquiler de la oficina en la que presta servicio y de su máximo responsable, que habían quedado excluidos, dentro del recorte del 60 por ciento de los fondos aplicado en la etapa de Mariano Veganzones (Vox) al frente de la Consejería de Industria, Empleo y Comercio. De hecho, el acuerdo para poder hacer frente a esas deudas y evitar también el inminente desahucio al que se enfrenta el Serla deriva del compromiso adquirido el lunes por la nueva titular del departamento, la popular Leticia García, en su primera reunión con los responsables de CEOE, CCOO y UGT. Precisamente, ha incidido Carriedo, el «objetivo del Gobierno autonómico «es alcanzar un acuerdo tripartito, consensuado, con criterios de eficiencia y seguridad jurídica, que dé estabilidad» a la Fundación Serla. Por el momento, la Junta garantiza así el pago de los gastos en los que ya se ha incurrido y mantiene el propósito de «seguir garantizando el funcionamiento» del Serla, pero también, ha subrayado Carriedo, con la idea de «hacerlo de forma eficiente» y con «mayor austeridad». Así, ha señalado, analizaron si hay actividades que pueden prestar con «menos costes y recursos», por lo que, por ejemplo, analizarán el mercado inmobiliario para ver si encuentran un local menos gravoso o si hay alguno disponible propiedad de la propia Junta y que supondría coste «cero». Carriedo, quien ha recalcado que el Serla nunca ha dejado de prestar servicio, ha defendido que se trata de un «órgano importante» tanto para la mediación entre empresarios y trabajadores en caso de discrepancias, como para el conjunto de la sociedad, a la hora de evitar huelgas y «reducir» la conflictividad laboral. «El servicio se va a seguir prestando», ha recalcado el portavoz de la Junta, a la vez que ha recordado que la Administración autonómica es la única que aporta financiación al Serla.