La trama rusa no descansa en verano: el juez Aguirre insiste en investigar lo ya archivado a la espera del Supremo

La reducción de actividad judicial en agosto tendrá al menos una excepción: el juez de Barcelona Joaquín Aguirre ha ordenado a la Policía Nacional un alud de diligencias para investigar, de nuevo, la denominada trama rusa del procés. El repentino impulso a la causa que el juez dio coincidiendo con la aprobación de la amnistía se produce pese a que el magistrado indaga sobre aspectos que ya archivó hace años la Audiencia Nacional y aunque el juez ha enviado ya todo el caso al Tribunal Supremo para que impute a Carles Puigdemont.

Varias defensas del caso navegan entre la estupefacción y el intento de ordenar la causa. “Es un poco caos”, es la expresión más leve empleada para definir los últimos movimientos del juez. Los abogados intentan sistematizar el voluminoso informe policial y las notificaciones de resoluciones del juez que se han multiplicado en los últimos días, conscientes de que siempre puede haber alguna sorpresa.

Así ocurrió esta semana con el informe policial de 196 páginas sobre la trama rusa. El documento no aporta grandes novedades sino que corrobora la tesis de una supuesta injerencia rusa en el procés mantenida por el juez desde hace cuatro años. Más que el fondo, importan las formas en las que se confeccionó: el macroinforme de la Policía Nacional se basó en datos y clonados de los móviles de los investigados invalidados por la Audiencia de Barcelona el pasado mes de junio, esto es, que no se podían usar más para investigar la trama rusa.

Es más, el juez Aguirre dictó un “auto de convalidación”, adelantado por elDiario.es el pasado jueves, en el que declaró “de nuevo” la “viabilidad” de la copia y entrega a la Policía de los móviles de varios investigados pese a que la Audiencia de Barcelona la había considerado nula e inutilizable para la causa. Es decir, repitió una diligencia de investigación cuya validez había sido negada por sus superiores.

Los nuevos movimientos del juez no hacen sino dar munición a las defensas en los dos frentes abiertos para intentar tumbar la trama rusa. Por un lado, los recursos contra la reactivación de la causa en la Audiencia de Barcelona. Los magistrados de la instancia superior tienen que decidir, previsiblemente después del verano, si anulan la nueva pieza separada que el juez abrió para imputar a Carles Puigdemont el pasado mes de junio.

Los jueces encargados de revisar las decisiones de Aguirre le habían prohibido seguir investigando, pero el magistrado desoyó la orden y abrió una nueva pieza separada sobre la misma trama rusa que investigaba desde hacía cuatro años. De paso, imputó a Puigdemont, lo envió al Supremo –que tiene que decidir si se queda el caso o lo envía de vuelta a Barcelona– y rechazó amnistiarlo.

Pendiente del Supremo y el TSJC

En la reactivación de la causa coincidiendo con la aprobación de la amnistía el juez también ha dejado una pista a explotar por parte de las defensas bien en los recursos bien en la querella interpuesta por el expresident contra el magistrado por prevaricación y malversación (pendiente de admisión a trámite por parte del TSJC catalán desde hace dos semanas). Si resulta imputado, la ley obliga al juez a apartarse del caso.

En el auto del pasado 25 de junio por el que declaró, de nuevo, secreto el caso, al que ha tenido acceso este diario, el juez reconoció que quería indagar en la trama rusa pese a admitir que suponía “una continuación” de la causa sobre los mismos hechos archivada por la Audiencia Nacional en 2021.

El instructor había pedido en febrero antes a la Audiencia Nacional si disponía de “informes policiales” sobre la trama rusa del procés. La respuesta del tribunal especial fue recordar que la trama rusa había sido archivada por falta de credibilidad, tal y como avanzó esta redacción. El juez y el fiscal de la Audiencia Nacional habían frenado los informes de la comisaría general de información de la Policía Nacional que apuntaban a la injerencia rusa.

Casi cuatro años después, el juez Aguirre encargó un informe sobre los mismos hechos –pero con material vedado por la Audiencia de Barcelona– al mismo cuerpo policial, en lo que supuso el tercer cambio de policía judicial en la causa (un extremo muy inusual en una investigación).

El juez decidió pasar de la Guardia Civil a la Policía Nacional después de que la investigación se estancara ante la falta de nuevos datos que apuntalaran la tesis de la influencia rusa en el procés. En sus dos resoluciones en las que menciona la investigación idéntica llevada a cabo en Madrid sobre la trama rusa omite mencionar que el caso quedó archivado, pese a que la Audiencia Nacional le envió el auto de sobreseimiento.

Con los nuevos agentes al auxilio de Aguirre, su informe ha corroborado plenamente las tesis de Aguirre sobre una supuesta injerencia rusa en el procés mediante dos estrategias: una eventual financiación con criptomonedas del nuevo estado catalán y una red de desinformación dirigida desde el Kremlin. Todo ello en base a reuniones ya conocidas desde hacía dos o más años y que varios de los protagonistas ya habían explicado en el juzgado sin consecuencias penales relevantes hasta la aprobación de la amnistía.

Rabinos y servicios secretos

El juez no se ha quedado ahí. A la vuelta de vacaciones, salvo archivo definitivo de la investigación por parte de la Audiencia de Barcelona, los funcionarios policiales le proporcionaran respuesta sobre un amplio abanico de temas que hasta ahora nunca había relacionado con la trama rusa y que suponen un salto inédito en las pesquisas.

Además de volver a “recopilar” viajes a Rusia que ya son conocidos y forman parte del caso, el juez ordenó a los agentes investigar si el CNI había filtrado información a un medio de comunicación sobre la trama rusa. No son los únicos servicios secretos que el instructor pretende investigar, pues ha reclamado saber si los servicios secretos alemanes “tenían conocimiento de la colaboración de Rusia

La injerencia rusa parece tener parada en Alemania, a criterio del instructor, toda vez que también reclama conocer si hubo “alguna intervención del Ministerio de Justicia Federal Alemán en relación con la puesta en libertad de Puigdemont”. El expresident fue liberado en 2018 porque el Supremo no aceptó su entrega solo por malversación al descartar los jueces alemanas la rebelión.

Hay más. Otro de las insólitos encargos del juez a los policías versa sobre la averiguación de “posibles contactos con rabinos judíos que podrían estar relacionados con la financiación y las criptomonedas”. Si no prosperan los recursos, el juez Aguirre tiene trama rusa para rato.