Sánchez espera que la investidura de Illa le permita un giro de guion que aplaque la estruendosa ofensiva del juez Peinado

Que el empleo vuelva a alcanzar un máximo histórico ya casi no es noticia. Tampoco es materia de debate en las tertulias. Y menos motivo de canutazo para la oposición, salvo para introducir dudas: pero el trabajo no es estable, pero los sueldos son bajos, pero los contratos son precarios, pero las horas trabajadas son las mismas, pero… Siempre hay un pero, aunque la EPA refleja que hay 21,68 millones de personas trabajando, más que nunca, y el INE sostiene que hay 2,7 millones de parados, la menor cifra en un segundo trimestre desde 2008.

El Gobierno no consigue dominar el relato de la esfera pública. Y no será porque no haya datos económicos que pongan negro sobre blanco la fortaleza del mercado laboral o la economía. Con mucho menos otros instalaron el mantra del “milagro económico”. El caso es que el final del periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados acabó esta semana con dos sonoras derrotas que traducidas a los titulares de la artillería mediática sincronizada de la derecha son la prueba evidente de que “la legislatura está agotada y Sánchez, muerto” (se entiende que políticamente ). Morirá como murieron antes otros porque desde el primer día que un presidente llega a la Moncloa empieza a descontarse el tiempo que le queda para que acabe su mandato, pero no porque lo decidan sus adversarios políticos salvo que presenten y ganen una moción de censura. 

¿Hablamos de eso? A saber. Los caminos de Feijóo son inescrutables como indescifrables son los de la Junts de Carles Puigdemont, que son quienes tienen que converger para que llegue ese momento. Pero tantas veces se ha dado por difunto a este presidente como escenas de resurrección ha protagonizado sin que la derecha haya aprendido aún la lección de que con Sánchez invocar el Apocalipsis no es suficiente para que llegue la hecatombe. Ni que pedir elecciones casi a diario signifique que quien tiene el mando a distancia de la disolución tenga intención de apretar el botón.  

Y aún así el final de este periodo de sesiones, que coincide con el primer aniversario de las últimas elecciones generales, no ha sido el que hubiera deseado el Gobierno de Pedro Sánchez. Sus socios de Junts han empezado a redoblar la presión en Madrid al comprobar que el sueño de Puigdemont sobre una repetición electoral en Catalunya se desvanece ante el avance de las negociaciones entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa (probablemente la primera semana de agosto). La venganza ha sido alinearse con el PP y Vox para tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria en la Cámara Baja. Los socialistas sabían del “no” a la reforma de la ley de extranjería, pero no vieron venir que los neoconvergentes tuvieran intención de dinamitar, como así fue, la primera piedra de los Presupuestos para 2025. El golpe fue inesperado, aunque creen que responde a algo coyuntural y que, a la vuelta del verano, “las aguas volverán a su cauce porque a Puigdemont no le interesa ahora echarse en manos de la derecha y de la ultraderecha por muchas coincidencias que tenga con ambas”. 

“Una sucesión de tropelías”

Al toque de atención de Puigdemont se ha sumado lo que en el PSOE llaman “una sucesión de tropelías” y “despropósitos procesales” del juez Peinado, el titular del juzgado número 41 de Madrid que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez y que ha citado a declarar como testigo a Pedro Sánchez el próximo martes día 30. En un escrito dirigido al instructor el presidente había solicitado que por razón de su cargo como jefe de Gobierno su declaración fuera “por escrito”, un derecho que le es reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Sánchez conoció “a través de los medios de comunicación” la providencia del magistrado, que le citaba a declarar y se enteró del mismo modo que el juez desestimó su recurso de tal modo que se plantará el próximo martes en la Moncloa para grabar en vídeo la declaración con la asistencia de funcionarios de la Comunidad de Madrid. 

Hazte Oír ha comunicado su decisión de manifestarse ante las puertas del complejo presidencial el día de la declaración y, en previsión de que el Delegado del Gobierno determine una ubicación exacta de acuerdo a criterios de seguridad que no convenga a la organización, la Policía Municipal a cargo del alcalde Martínez Almeida se plantó el pasado viernes a las puertas de la Moncloa para examinar la zona. “Hasta ahí llega la sincronización entre el instructor, los querellantes y las administraciones madrileñas gobernadas por el PP”, denuncian fuentes socialistas.

El abogado de la defensa de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha presentado un escrito de apelación ante la Audiencia de Madrid para que adelante la reunión prevista para el 30 de septiembre en la que estudiarán el recurso de Begoña Gómez en el que se pide el archivo de la causa, así como el del fiscal, que reclama a la sala que acote definitivamente la investigación al juez. Pone por escrito hasta once irregularidades en la investigación del juez Peinado, la primera que estando la causa declarada secreta, el magistrado diera traslado de la documentación presentada por los dos periodistas que testificaron en primer lugar, así como del contenido de sus declaraciones, únicamente a la única acusación personada en ese momento, que era Vox. 

“Una violación grave patente y perfectamente documentada del Secreto de las Actuaciones”, asegura Camacho antes de poner en conocimiento también de la Audiencia que el Juzgado ha remitido a prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la información de las personas que iban siendo citadas por diversas providencias en tanto la causa estaba declarada secreta antes de que se levantara el secreto de las actuaciones. También menciona que en el momento de tomar la primera declaración a Begoña Gómez, Peinado le hizo saber, en el mismo acto, que existía una segunda querella que no había sido notificada en el seno de este procedimiento porque se había admitido en unas diligencias previas distintas. Y añade que su representada es puntualmente informada de las resoluciones que se dictan por el magistrado a través de la prensa y que,  “solo días después, recibe las notificaciones”.

Ante una declaración practicada como prueba preconstituida del ahora investigado Juan Carlos Barrabés también citó a Begoña Gómez para que pudiera asistir a la misma haciendo constar que, si no comparecía a esa declaración sería detenida, a pesar de que el Art 449 bis de la Lecrim configura esa presencia del investigado como un derecho y no como una carga u obligación. Todo en el marco de un procedimiento que Camacho, pero también cualquier penalista con el mínimo rigor, entiende “mutante”, ya que se ha extendido “sin concretar o concretando de forma contradictoria el objeto del procedimiento”.

Más claro: ni Begoña Gómez, ni su defensa saben a estas alturas por qué hecho concreto se la investiga mientras las derechas han conseguido que en la conversación pública no se hable en este estruendoso fin de curso de otra cosa que no sea el “caso Begoña Gómez” y que el PSOE ha bautizado como el “caso Peinado”. Los socialistas hablan ya sin ambages de “un asalto a la Moncloa” sincronizado “entre el instructor que investiga a Begoña Gómez y la derecha política y mediática” que busca sentar al presidente ante el Supremo y tienen la sospecha de que el instructor “actúa por intereses muy determinados”.

Sánchez se encuentra en todo caso por enésima vez ante una complicada coyuntura y no sólo por lo que determine el juez Peinado. Tiene también ante sí la titánica tarea de conseguir en cuestión de días el acuerdo con ERC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y evitar que los de Puigdemont dinamiten con sus siete votos la legislatura. Y, aunque hoy en la Moncloa no ven al expresident pactando con quienes se han opuesto con uñas y dientes a la aplicación de la amnistía, hay preocupación tanto por lo que pueda determinar Junts como por la implacable ofensiva de la derecha en las instituciones y en determinadas instancias judiciales.

Su apuesta, no exenta de riesgo, es priorizar la investidura de Illa a cualquier otra consideración, aunque el acuerdo con ERC pueda envalentonar a Pugidemont. La entente con los republicanos está pendiente de cerrar los últimos flecos, pero en la Moncloa creen que les permitirá de algún modo introducir un giro de guion a este estruendoso final de curso decretado por Peinado con la declaración de Sánchez como testigo el próximo martes.

Y es que más allá de recuperar Catalunya para el socialismo y de que el independentismo haya perdido la Generalitat por primera vez en diez años, un Govern presidido por Salvador Illa pondría el colofón a la estrategia de Sánchez y supondría culminar la estrategia de distensión y apuesta por la convivencia que el presidente del Gobierno desplegó sobre Catalunya desde que llegó a la Moncloa y que ha logrado desactivar al secesionismo. Los socialistas lo llaman “normalización”.