Puigdemont: Todo está en las manos del TSJ de Catalunya

¿Cuál es el estatus jurídico de Carles Puigdemont en este momento?

Es un ciudadano español que no está privado del ejercicio de ninguno de sus derechos fundamentales y, desde la proclamación como candidato electo en las últimas elecciones parlamentarias catalanas, no goza de inmunidad, pero sí de fuero jurisdiccional. 

Carles Puigdemont podría ser detenido como consecuencia de una orden judicial, sin que se tuviera que dirigir el suplicatorio correspondiente al Parlament de Catalunya. Pero una vez detenido, tendría que ser puesto a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que es el único órgano judicial que puede entender de su conducta.

Más todavía: en mi opinión, la orden de detención dictada por el juez Pablo Llarena contra él, una vez adquirida por Carles Puigdemont la condición de parlamentario catalán, tendría que ser remitida al TSJC para que decidiera lo que estimara pertinente. El Tribunal Supremo (TS) en este momento no puede proceder directamente contra Carles Puigdemont. Únicamente el TSJC puede hacerlo. 

Si el TS decidiera la ejecución de la orden en el momento en que Carles Puigdemont atravesara la frontera española y fuera detenido, tendría que remitir al TSJC una exposición razonada de por qué Puigdemont había sido detenido, así como de los delitos por los que debería ser procesado. 

El fuero jurisdiccional del que Puigdemont es portador no admite otra alternativa. El TSJC es el órgano judicial que, en el momento en que Puigdemont regrese al territorio español, tendría que decidir acerca de si le es de aplicación la ley de amnistía o no. Ningún otro órgano judicial puede hacerlo. Pienso, además, que, contra dicha decisión, no cabe recurso alguno.

Si fuera Carles Puigdemont, me dirigiría de manera inmediata al TSJC para ponerme a su disposición e ir a la sede del Tribunal en la fecha en que se me indicara. 

Hay que recordar que, en contra de lo que se viene diciendo de manera reiterada, Carles Puigdemont no es un prófugo. Carles Puigdemont atravesó la frontera española en diciembre de 2017 antes de que se hubiera activado acción judicial de ningún tipo contra él. Se limitó, por tanto, a ejercer el derecho reconocido en el artículo 19 de la Constitución que garantiza la entrada y salida libremente del territorio del Estado. A continuación, estableció su residencia en Bélgica y ha estado permanentemente a disposición de la justicia española. Ha estado detenido y privado de libertad en varias ocasiones, en la propia Bélgica, en Alemania, en Italia, como consecuencia de la orden de detención y entrega dictada contra él por el juez Pablo Llarena. Ha sido la incapacidad de dicho juez de convencer a ningún órgano judicial europeo de que Carles Puigdemont debía ser extraditado a España, para ser juzgado por los delitos de rebelión, sedición y malversación, la razón por la cuál Carles Puigdemont no ha podido ser enjuiciado en España. Curiosamente, fue el TS el que se negó a aceptar la decisión del Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein de extraditar a Carles Puigdemont para ser juzgado por el delito de malversación, aunque no por los de rebelión o sedición. 

Carles Puigdemont, insisto, no ha huido del TS. Ha sido el TS el que ha huido de Carles Puigdemont. El que no ha aceptado la extradición acordada por el Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein. Carles Puigdemont estuvo detenido varios días en Alemania y estuvo presente en la vista en que se decidió la aplicación de la orden de detención y entrega cursada contra él por el juez Pablo Llarena. Fue la disconformidad del juez español con la decisión del Tribunal Alemán, lo que frustró la extradición de Carles Puigdemont para ser juzgado en España por el TS.

Desde que atravesó la frontera española y situó su residencia en Bélgica, Carles Puigdemont ha tenido una conducta intachable, respetuosa de la Justicia española. Ha sido el TS el que no ha respetado la decisión del Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein. Jurídicamente no es a Puigdemont al que puede atribuírsele haber “escapado” de ser procesado por el TS. Es el propio TS el responsable de que haya sido así. Carles Puigdemont podría haber sido ya procesado y condenado por malversación si el TS hubiera aceptado la decisión del Tribunal Supremo de Schleswig-Holstein. 

Quiere decirse, pues, que, como ciudadano español y parlamentario catalán, Carles Puigdemont tiene derecho a dirigirse al TSJC, a fin de que éste decida si, tras la publicación de la LO 1/2024, sobre la amnistía, puede exigírsele algún tipo de responsabilidad penal o no. 

Con el ordenamiento constitucional español vigente es la única respuesta posible.