El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una iniciativa en las Cortes Valencianas en la que reclama al Gobierno de España que «defienda a nuestro sector ganadero porcino ante las instituciones europeas». Esta petición se enmarca, según la formación política, en la investigación 'antidumping' que pretende llevar a cabo el Ministerio de Comercio de la República Popular China y «que sitúa a los productos valencianos en una situación de indefensión». En la Proposición No de Ley registrada en el Parlamento autonómico, el diputado popular Domingo Giner reclama al Gobierno de Sánchez que « defienda la economía valenciana ante la Unión Europea » y «que se garantice que la investigación de las autoridades chinas cumpla plenamente con todas las normas pertinentes de la Organización Mundial del Comercio». Para el Grupo Popular, esta decisión del Gobierno de China «puede hacer peligrar un sector productivo fundamental para la economía valenciana». «España exportó en 2023 más de 560.000 toneladas de porcino a China , por un valor superior a los 1.200 millones de euros, representando uno de cada cinco kilogramos de carne de cerdo exportados por nuestro país. La Comunidad Valenciana, y especialmente la provincia de Castellón, cuenta con numerosas explotaciones porcinas que juegan un papel vital en la economía local», ha declarado Giner. El diputado popular Domingo Giner ha destacado que «la ganadería porcina es uno de los sectores productivos más importantes para la economía valenciana, por lo que es crucial que las instituciones europeas y españolas lo defiendan ante las medidas comerciales adoptadas por China». La Comunidad Valenciana alberga numerosas explotaciones porcinas , con 450 granjas y 640.000 cerdos solo en la provincia de Castellón. Por su parte, en la provincia de Valencia se encuentran explotaciones con un total de 374.000 cerdos y 58.000 en la provincia de Alicante. El Ministerio de Comercio chino ha anunciado una investigación antidumping sobre las importaciones de carne de cerdo y subproductos porcinos procedentes de los países miembros de la Unión Europea. Esta medida responde a los aranceles anunciados por Bruselas sobre los vehículos eléctricos chinos, sospechosos de estar subvencionados y vendidos a precios artificialmente bajos.
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