Amnistiados dos concejales del PSC que aceptaron un año de cárcel por expulsar a los policías del 1-O de Pineda (Barcelona)

En enero de 2023, los concejales del PSC   Carme Aragonès y Jordi Masnou   aceptaron un año de cárcel por coaccionar a una cadena hotelera de Pineda de Mar (Barcelona) para expulsar a un contingente de 500 policías que se habían alojado allí por el dispositivo del 1-O . Ahora, a petición de sus defensas, la Audiencia de Barcelona acuerda amnistiarlos . En su auto, el tribunal señala que el delito de coacciones queda amparado por el olvido penal, ya que se cometió el 2 de octubre de 2017 -el día siguiente del referéndum- y la ley contempla la medida de gracias para «actos de desobediencia, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines» del movimiento independentista . Aragonès, junto a Masnou, instaron a los responsables Hotel Checkin Mont-Palau de Pineda a desalojar a los funcionarios destinados a Cataluña para tratar de impedir la votación. Ambos ediles dificultaron «la labor de dichos agentes, poniendo trabas a su alojamiento en dicha localidad, mostrando de esta manera un claro apoyo a la celebración del citado referéndum ». Por este motivo, apuntan los magistrados, su «conducta encaja sin ningún género de dudas en el ámbito objetivo» de la ley de amnistía. Por este motivo, en sendas resoluciones, la Sección 6a acuerda cancelar los antecedentes penales de los concejales, cuya pena de cárcel fue suspendida, y declara extinguida su responsabilidad penal. Aquel 2 de octubre de 2017, Aragonès, junto al entonces responsable de Urbanismo de Pineda , Jordi Masnou, advirtieron a los responsables del alojamiento que debían expulsar a los policías o sino tendrían problemas. También que «harían lo que fuera para cerrar» el hotel. Poco después, uno de los empleados redactó un documento para notificar a la Policía Nacional que el Ayuntamiento los había presionado para desalojarlos, «bajo amenaza de cerrar por cinco años». A pesar de ello, al día siguiente el consistorio emitió un comunicado en el que negó haber ejercido cualquier presión para expulsar a los funcionarios. Documento que el gerente del establecimiento rechazó suscribir. Dio instrucciones de que «no se firmara» pese a que se lo «propusieron».