La Junta de Andalucía se rebela: «Un cupo catalán haría saltar por los aires la Constitución; atenta contra la igualdad de los españoles»
La Junta de Andalucía está «muy preocupada» por la «factura millonaria» para España y, en particular, para esta comunidad autónoma, que va a suponer el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para investir presidente de la Generalitat al socialista Salvador Illa, que contempla el control de la recaudación de todos los impuestos que se pagan a Cataluña. En estos términos lo ha expresado este martes en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en su estreno como portavoz del Ejecutivo andaluz tras la remodelación de su Gabinete que ha llevado a cabo el presidente autonómico, Juanma Moreno (PP). Con muchas cautelas porque aún no conocía los detalles del preacuerdo, Carolina España aprecia que éste es inconstitucional. Cuando los periodistas le han preguntado si la Junta se planteaba recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, no ha cerrado la puerta, como acaba de hacer con la Ley de Amnistía que el Consejo de Gobierno ha autorizado a impugnar después de recibir el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía. En su primera rueda de prensa como portavoz, Carolina España ha advertido de que el preacuerdo para hacer presidente catalán al exministro Salvador Illa « haría saltar por los aires la Constitución Española » de 1978, «sería un atropello a los derechos de comunidades autónomas como Andalucía y un atentado a la igualdad» entre españoles. « Si Cataluña va a recaudar el 100% de los tributos cuando el resto tenemos el 50%, ésta recibiría 32.000 millones de euros más que están afectando al Estado del bienestar del resto de comunidades autónomas y, en particular, de Andalucía». La nueva portavoz de la Junta ha recordado que la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, «negó un cupo catalán y no sabemos si habrá cambiado de nuevo de opinión», en alusión a sus declaraciones en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde comunidades y Gobierno debaten sobre financiación regional. En este sentido, ha recordado que la propuesta de ERC y PSC obligaría a cambiar la Ley 22/2009 , de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, la Lofca. Carolina España ha preguntado expresamente a los socialistas andaluces «si van a votar en favor de conceder privilegios al independentismo a costa de quitar recursos a Andalucía». Para la también consejera de Economía, « el PSOE está asumiendo las tesis del independentismo . Se comporta el Gobierno de España como un independentista más. Está rendido ante el interés particular del independentismo». El actual sistema de financiación autonómica, caducado hace diez años sin que haya una fecha concreta para su renovación, provoca que Andalucía pierda 1.409 millones de euros anualmente desde 2009 para costear los servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales, ha recordado la consejera portavoz. «Estamos financiados por debajo de la media» porque un andaluz recibe 222 euros menos que un ciudadano de Cataluña. «Es una auténtica injusticia», ha subrayado. El acuerdo entre las dos formaciones supone que Cataluña salga del régimen común y que tenga un trato bilateral con el Gobierno central en materia de financiación. Tendría un cupo fiscal parecido al del País Vasco y Navarra, con la diferencia que estos territorios sí tienen reconocido ese derecho en la Constitución, ha precisado Carolina España. La Generalitat asumiría el cobro de todos los impuestos estatales y liquidará al Gobierno el dinero de los servicios e inversiones que haga en su territorio, además de aportar una cuantía extraordinaria en concepto de solidaridad con el resto de comunidades. Respecto al recurso que ha anunciado la Junta contra la Ley de Amnistía, Carolina España, ha esgrimido que el Consultivo andaluz pone de manifiesto que «la ley adolece de vicios de inconstitucionalidad por vulneración» de diferentes artículos de la Carta Magna. Además de los argumentos jurídicos España ha invocado otra motivación de la Junta de Andalucía para denunciar la llamada coloquialmente Ley de Amnistía, la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. España ha asegurado que « los andaluces no nos vamos a callar ante los atropellos de Sánchez, vamos a combatir con todos los instrumentos que estén en nuestra mano los perjuicios que causa Sánchez con ese descontrolado apego al sillón». La consejera y portavoz ha ironizado con el hecho de que al Gobierno, frente a su renuencia a convocar la Conferencia de Presidentes, objeto de otro recurso acordado por el Consejo de Gobierno, este contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, «le faltó tiempo, sin embargo, para amnistiar a los golpistas catalanes».