La incógnita del Perte Chip

Con muchas incógnitas aún por resolver y en contra de las previsiones, comenzamos julio con la publicación de buenas noticias para la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España. En septiembre se publicará una nueva convocatoria de ayudas asociadas al Perte Chip con 200 millones de presupuesto, 140 millones más que en 2023.

La convocatoria se reparte en cuatro ejes estratégicos que deberán guiar las propuestas presentadas: fortalecer la I+D+i en microprocesadores de vanguardia y fotónica integrada, mejorar la capacidad de diseño de microprocesadores en España, potenciar la producción de semiconductores de tecnología de vanguardia y de gama media y dinamizar la industria de la fabricación TIC mediante la producción interna de productos electrónicos que utilizan microchips.

A estos ejes generales que guiarán las temáticas de los proyectos, se suman los siete principios que deben regir las iniciativas a presentar: vocación a largo plazo, priorización, avance en etapas, liderazgo técnico, colaboración público-privada, carácter integrado y alineamiento con la Ley europea de Chips. Las entidades que podrán acceder a estas ayudas serán tanto empresas, como otras entidades del ámbito de la investigación: organismos públicos de investigación, universidades públicas, institutos de investigación sanitaria o centros tecnológicos y de apoyo a la innovación tecnológica estatal.

En cuanto a la financiación, el gasto principal a imputar serán los gastos de personal interno de las empresas solicitantes, aunque se podrán incluir otros gastos en concepto de colaboraciones externas (con un máximo del 50% del presupuesto), equipos, materiales u otros costes (suministros, licencias, formación…). Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta es el de las intensidades máximas de cofinanciación. Estas dependerán, como en el caso de convocatorias pasadas, de la tipología de empresa. Las empresas pequeñas podrán recibir hasta un 80% del presupuesto, mientras que las medianas podrán llegar a un 75%, y las grandes empresas, a un 65%.