Una patera, palizas en los centros de menores y la calle: la historia de Ahmed o cuando el sueño europeo se convierte en una pesadilla

Ahmed (nombre ficticio) jamás imaginó en su localidad natal de Marruecos que migrar a Canarias iba a convertirse en un trauma. En 2020 salió del país montado en una patera con solo 14 años. Desde entonces, ha pasado por varios de los centros de menores que en las últimas semanas han estado en el ojo del huracán por supuestos malos tratos hacia los jóvenes. “Cuando te pegan tienes que creértelo. Es algo que estaba pasando delante de mis ojos, pero ahora estoy mentalizado con que esto es solo una etapa de mi vida. Espero que todo vaya a mejor”, dice animándose a sí mismo. 

El joven tiene 18 años recién cumplidos y termina todas sus frases clavando la mirada en las largas montañas de arena que sobresalen en el municipio más turístico de Gran Canaria. Desde que tuvo que salir del centro de menores en el que era acogido, sobrevive en Maspalomas gracias a la ayuda de otros jóvenes que también viajaron a Canarias y que ahora trabajan en el sector turístico. 

Ahmed vivió cerca de un año en un recurso situado en Santa Brígida (Gran Canaria) hasta que cumplió la mayoría de edad y quedó en situación de calle. Según su relato, llegó a ver agresiones en las que hasta cinco trabajadores pegaban a uno de sus compañeros. También señala que los llevaban al baño para que nadie pudiera entrar y grabar con los móviles.

El joven asegura que tras las agresiones, los trasladaban a una especie de habitación de aislamiento donde los mantenían dos o tres días sin contacto con el exterior, proporcionándoles comida fría e impidiéndoles usar sus teléfonos. Ahmed mantiene que las agresiones partían de la orden del director del centro, quien supuestamente alentaba a los trabajadores a reprender físicamente a los chicos cuando consideraran que estos habían tenido un comportamiento inapropiado, como fumar en el interior del dispositivo o faltar al instituto.  

En otra ocasión, afirma que él mismo fue víctima de una agresión. Recuerda que había jóvenes fumando en el interior del centro y que los educadores lo culpabilizaron solo a él.  Sostiene que cuando negó estar fumando recibió cuatro golpes seguidos en la cara. “Ante eso no pude hacer nada. ¿Qué iba a hacer? Me fui a mi cama y me senté ahí”, recuerda mientras vuelve a perder la mirada en las dunas. 

El año en que Ahmed residió en este centro (desde 2023 a abril de este año), dice que no estuvo escolarizado. Además, sostiene que llegó a dormir hasta con 50 personas en una sola habitación, donde solo había un inodoro y tres duchas. También detalla que les retiraban los móviles habitualmente, que solo podían salir de jueves a domingo y que el resto de la semana lo pasaban en el interior del centro, en una cancha en la que podías practicar deporte o sentarte a hablar con tus compañeros. Recuerda que no se les entregó el Bono Residente Canario, la tarjeta de transporte con la que todos los residentes en las islas pueden hacer uso del transporte público de manera gratuita. De modo que él y sus compañeros, siempre que quisieron desplazarse fuera del centro (que se encuentra en una zona semiurbana) hacían los trayectos a pie. 

El joven marroquí cuenta que en el centro les entregaban cada viernes una paga de cinco euros, pero, según revela Ahmed, a aquellos jóvenes que hacían de confidentes con los educadores se les daba una cantidad de dinero mayor. En cuanto al trato verbal, asegura que los menores recibían malas respuestas por parte del responsable del centro, quien ante alguna petición por parte de los usuarios, como que les dejara salir a la calle, respondía: “Cuando me des a tu novia” o “chúpame el culo y vete”. 

“He visto cosas que nunca voy a olvidar” 

El recorrido de Ahmed en Canarias es el de una relación con los centros más polémicos de las Islas. Originario de El Kelaa des Sraghna, en Marruecos, partió desde Agadir hasta Lanzarote en 2020. Tenía 14 años y fue acogido en el albergue de La Santa. Tras pasar casi un año sin estar escolarizado, a pesar de que contaba con pasaporte que demostraba su edad, empezó a fumar. “Nunca en Marruecos imaginé que iba a terminar fumando” sostiene. La protección de los menores en este recurso, que estaba localizado en Tinajo, no ha dejado de ser cuestionada desde que abrió hasta su cierre. El albergue fue uno de los centros investigados en el caso Siglo XXI, al detectar la Fiscalía Anticorrupción indicios de malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil en la gestión de la Fundación del mismo nombre. 

La querella presentada por la Fiscalía contra el entonces director del dispositivo revela que se desviaron a las cuentas personales del responsable cantidades de dinero que debían dedicarse a la integración y atención de los menores no acompañados. Entre 2018 y 2021, el centro recibió más de seis millones de dinero público. En la investigación se detectaron compras de zapatillas, tabaco, viagra o alquileres de vehículos por cuantías “excesivas e incoherentes”. 

Tiempo después, el centro dejó de ser gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y pasó a manos de la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (FEPA). Las polémicas no cesaron. En abril de 2024, la Guardia Civil abrió una investigación contra cinco trabajadores por supuestas amenazas y coacciones a los usuarios. A raíz de la denuncia de un joven, las autoridades comprobaron que los trabajadores obligaban a los menores a cometer actos vandálicos y a desobedecer las normas del centro con el objetivo de desestabilizar la organización del dispositivo. Tres días después de que salieran a la luz estos hechos, el Cabildo de Lanzarote ordenó el cierre de las instalaciones como lugar de acogida a menores migrantes. 

En 2021, cuando se determinó la minoría de edad de Ahmed, fue trasladado a Puerto de la Cruz, en Tenerife. Allí estuvo en dos centros diferentes, de los que tampoco tiene buenos recuerdos. Algunos de los jóvenes acogidos en la actualidad en uno de estos dispositivos, instalado en un complejo hotelero, han descrito el recurso como un “centro de castigo”. Aunque no han presentado una denuncia ante la Justicia por miedo a las represalias, sí relataron a esta redacción su rutina en el dispositivo. Uno de ellos cuenta cómo fue interrumpido por un educador durante el rezo y, después de un enfrentamiento, “fue aislado en la sala de la quinta planta”, que según el testimonio de los usuarios, es un espacio donde son encerrados para corregir su comportamiento. 

Sin embargo, Ahmed aclara que su estancia en el centro de Santa Brígida ha sido su peor etapa: “He visto cosas que nunca voy a olvidar”. También en Gran Canaria, en Salinetas, un joven de Senegal ha denunciado que varios compañeros menores con los que había coincidido en otro centro estaban siendo víctimas de agresiones por parte de trabajadores. El denunciante asegura en el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, que “individuos varones, los cuales acuden al centro de manera esporádica, llegan a entrar con los menores al interior de una especie de gimnasio que hay en las propias instalaciones y allí practican boxeo utilizando a las víctimas de sparring [forma de entrenamiento]”. En ese mismo centro, un menor que ya se encuentra en otro dispositivo, cuenta que presenció supuestas agresiones contra menores en las cuales los trabajadores “parecían boxeadores”.  

En uno de los materiales gráficos aportados, se observa a un menor tendido en el suelo y socorrido por sus compañeros, tal y como se relata en la denuncia. El joven que interpuso la denuncia fue acompañado por una representante de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC), organización que se ha ofrecido a apoyar en todo momento a estos menores. Este periódico ha intentado contactar con la entidad que gestiona este centro, pero el responsable de los recursos de menores se encuentra de vacaciones hasta la semana que viene. 

“Hay chicos que quieren irse a sus países”

Bouba y Macktar (también nombres ficticios) viven juntos en un centro de Las Palmas de Gran Canaria. Sentados en un juego infantil de una de las playas urbanas de la capital, se lamentan de la cantidad de horas que pasan sin hacer nada. Apuntan que ahora en verano tienen clases de español varias veces en semana. El resto del día, cuentan que lo pasan durmiendo. Bouba señala que este año ha cursado 4º de la ESO, pero que hay otros jóvenes que ni estudian el graduado escolar ni ciclos formativos. Según indican, en el centro no les agreden físicamente, pero sí les insultan y gritan, por ejemplo, por no comer. “Hay trabajadores muy racistas”, critica Macktar. Los dos insisten en que desean ser trasladados a otro centro y expresan que incluso “hay chicos que quieren irse a sus países”.

Una extrabajadora de un centro de Las Palmas de Gran Canaria, que prefiere preservar su identidad, señala que algunos compañeros, especialmente, personal coordinador del centro, dicen a los jóvenes que no tramitarán su tarjeta de residencia antes de su salida definitiva del centro si tienen un mal comportamiento. “He visto que les dicen: los documentos están en mi mano y lo tramito cuando me da la gana, mientras se señalan sus partes”, relata.  Según esta antigua trabajadora, este es uno de los asuntos que más preocupa a los jóvenes. También asegura que se les ha advertido de que si graban con sus móviles el comportamiento de los trabajadores frente a los menores, tendrán una sanción en su expediente de extranjería. 

Abou* (nombre ficticio) reconoce que este asunto los ha tenido en vilo. Sin embargo, este joven, que llegó a finales de 2023, desea sobre todo ponerse a estudiar en un centro educativo. Tiene 16 años y sostiene que aún no ha sido matriculado en ninguna formación. Otro de sus compañeros, Saliou, se suma a la conversación y añade que tampoco ha podido comenzar sus estudios. “Tú no puedes sentirte bien si no tienes nada que hacer”, incide. Ambos concretan que se levantan a las 9.00 horas, limpian la habitación, desayunan, asisten a una clase de español, salen a la calle, almuerzan, tienen otra clase de español y salen a la calle de nuevo hasta la hora de cenar.  

Estos jóvenes sostienen que han visto agresiones por parte de trabajadores del recurso a menores y que supuestamente les han pegado puñetazos por el cuerpo por no ir a dormir a la hora estipulada en las normas del centro. “Por cómo nos tratan, pensamos que no quieren que nos quedemos aquí”, se lamentan. Denuncian que les retiran los móviles con asiduidad, hasta varios meses, y que los castigos consisten en no proporcionarles una paga semanal de diez euros y en prohibirles la salida del centro durante días. 

Para reforzar la acogida de los menores no acompañados, el Gobierno de Canarias ha anunciado un paquete de medidas esta misma semana. La primera de ellas pasa por la instalación de carpas en los muelles de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y Tenerife. Según explicaron desde el Ejecutivo autonómico, los niños pasarán allí “cinco o seis días” hasta ser reubicados en otros centros.

También se ha creado un comité de crisis y se contratará a 39 profesionales. En concreto, 19 trabajadores sociales y 20 administrativos se incorporarán a la Dirección General de Protección a la Infancia para tramitar la documentación de los jóvenes, agilizar los traslados a la Península, enviar comunicaciones a la Fiscalía y avanzar en la reunificación familiar y en los casos que requieran protección internacional. Esta redacción ha preguntado a la Consejería de Bienestar Social sobre el número de inspecciones que se han realizado en los centros de menores y sus conclusiones, así como también sobre estas supuestas agresiones. Hasta ahora, no ha obtenido respuesta. 

“Ningún niño que llega es más o menos violento que uno que nace en Canarias”

El trabajador social y experto en políticas públicas y migración, José Manuel Álamo, subraya, en primer lugar, que todo proceso migratorio es un proceso traumático. Si a eso se le suma que quien migra es un menor sin red de apoyo familiar, se puede producir una situación de estrés que termine afectando a su salud mental. Otros factores que agravan la situación emocional de los niños y adolescentes migrantes son el hacimiento en grandes centros con pocos niveles de afecto y el maltrato explícito, en forma de mala alimentación o de agresiones físicas. Para el experto, este tipo de acogida aumenta las posibilidades de padecer enfermedades mentales que pueden acompañarles el resto de sus vidas, como  estrés postraumático, trastornos de personalidad, miedos o fobias. 

Álamo va un paso más allá y remarca que ante una situación de estrés y de ausencia, sin un trabajo de protección y acompañamiento de adultos, esos problemas de salud mental pueden derivar en adicciones o comportamientos agresivos. Además, están los prejuicios y estigmas que acompañan a la acogida de menores extranjeros en Canarias y que cuando se confirman, se produce lo que en psicología se conoce como profecía autocumplida: “Si me convences de que soy un malote, me convierto en malote. Y termino dándoles la razón”, recalca.

El trabajador social explica, en este sentido, que cuando los jóvenes sienten la exclusión y el maltrato, cuando no son escolarizados o no participan en actividades deportivas y del barrio, están creciendo en conflicto. Y en el conflicto se puede desatar la violencia. Por una parte, hacia sí mismos a través de autolesiones o cayendo en adicciones y, por otra, hacia los demás con comportamientos violentos y agresivos. “Pero para nada ningún niño que llega es más o menos violento que un niño que nace en Canarias”, remata.