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Desde hace 40 años, Rosa Pallqui busca justicia para su esposo, el periodista Jaime Ayala Sulca, quien está desaparecido desde el 2 de agosto de 1984 tras haber ingresado a la base de la Marina de la provincia ayacuchana de Huanta.
“Al menos hemos podido tener acceso al juicio oral. Tengo esperanza de que se pueda sancionar a los culpables por las pruebas que hay”, declaró Rosa Pallqui para La República.
Ayala era corresponsal de La República y Locutor de Radio Huanta 2000, medios en los que denunciaba las violaciones a derechos humanos que cometían tanto los terroristas como los miembros del orden, en este caso la Marina y la policía.
Durante años Rosa Pallqui no ha dejado de tocar cuanta puerta pudo para alcanzar justicia. El caso fue visto primero en el fuero militar, pero una contienda de competencia ordenó su traslado al fuero común.
A los pocos días, el principal denunciado, el capitán de fragata Álvaro Artaza Adrianzén, más conocido como comandante Camión, sufrió un dudoso secuestro, y algunos años después fue declarado fallecido por muerte presunta.
Recién tras el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el caso se retomó. Actualmente está en juicio y debe culminar pronto, pues el proceso oral está bastante avanzado.
El abogado Juan José Quispe, del Instituto de Defensa Legal (IDL), que representa a los familiares de Ayala, explicó que su desaparición forma parte del caso Huanta, que incluye, además, la matanza de 6 evangélicas de Callqui y el hallazgo de las fosas de Pucayacu con 50 cadáveres maniatados y con huellas de disparos en la cabeza.
Agregó que a mediados de ese mes debe emitirse la sentencia pues llevan 2 años y 5 meses solo de juicio oral, a parte de la investigación fiscal. “Esperemos que en este mes de agosto se emita la sentencia condenatoria por todo lo que hay en el proceso”, señaló en un evento en su memoria realizado en el Lugar de la Memoria (LUM).
Indicó que se está acusando como autores mediatos a Alberto Rivero Valdeavellano, quien en 1984 era jefe político militar de Huanta y La Mar, y Augusto Gabilondo García del Barco, quien era jefe de la base de la Marina en Huanta. Este último está prófugo en España y está pendiente un proceso de extradición. La Fiscalía ha pedido 25 años para ellos.
“Estamos en la última etapa del juicio oral. En la lectura del debate de piezas. Hemos presentado 87 piezas procesales: documentos, videos, nuevas declaraciones, fojas de servicio de efectivos de la Marina que acreditaron que estuvieron en la base, acantonada en el estadio”, destacó.
El caso Huanta involucra a 62 víctimas: 45 por desaparición forzada y 17 ejecutados solo entre julio y agosto de 1984. El proceso se enmarca en la categoría de lesa humanidad.
Matanza en Callqui
La noche del 1 de agosto del 1984, infantes de Marina acantonados en Huanta ingresaron a la Iglesia Presbiteriana de Callqui, ubicada a 3 kilómetros y medio de Huanta. Sacaron a seis jóvenes que estaban participando en el culto de oración y los asesinaron acusándolos de terroristas.
Ese día, Amira Quispe perdió a su prometido, y cuatro familiares más. “Había en la congregación un promedio de 28 personas, entre ellos, mi prometido, cuñado, primo hermano y sobrino, que fueron asesinados. Ellos eran estudiantes, jóvenes, llenos de vida y futuro, pero ahí terminó”, relató a La República.
“Cuando esto ocurrió, yo estaba embarazada, y ahora mi hijo tiene 39 años, pero hasta ahora no sentimos el respaldo de las autoridades”, agregó.
A su vez, Vicente Saico, periodista jubilado y autoridad de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Cristo Rey de Huanta, recordó que al día siguiente fue a la base de la Marina en Huanta en busca de información sobre la matanza de Callqui. Allí tomó conocimiento de que Jaime Ayala había ingresado 30 minutos antes y nunca más volvió a salir.
Henry Mercado, de Paz y Esperanza, defensa legal de las familias de los evangélicos asesinados, advirtió que el caso Huanta, como muchos otros, corre el riesgo de quedar impune por la ley que limita la aplicación del delito de lesa humanidad a partir de julio del 2002. El 1 de agosto último se venció el plazo para que la presidenta Dina Boluarte lo observe y no lo hizo. En cualquier momento la promulgará el Congreso. ❖