El asalto final
Con la asignación de diputados plurinominales que hará el INE el próximo 23 de agosto, comienza el asalto final de López Obrador al régimen democrático, a la división de poderes.
El día 23 del presente mes, con la asignación de diputados plurinominales que hará el INE, comienza el asalto final de López Obrador al régimen democrático, a la división de poderes.
Serán 38 días históricos en los que veremos la caída de la República.
Atestiguaremos su destrucción, para dar inicio a un régimen distinto, hasta ahora desconocido en México.
Ya avanzó bastante el Presidente en la destrucción, pero ahora viene una secuencia de golpes contra la Constitución que hará irreversible el advenimiento del totalitarismo.
Será interesante registrar, para la posteridad, los argumentos de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, para darle a la coalición gobernante una mayoría calificada ficticia en la Cámara de Diputados y, así, poder cambiar la Constitución a placer.
En las elecciones legislativas, Morena, PT y Verde obtuvieron 54.7 por ciento de la votación, y con una trampa a la Constitución se le pretende asignar 74.6 por ciento de las curules en la Cámara de Diputados.
Y a la oposición, que alcanzó 46 por ciento de los votos, sólo le otorgará 26 por ciento de los asientos.
Los electores no le dieron a Morena y aliados mayoría calificada en el Congreso, a pesar de que el Presidente orquestó una campaña fraudulenta e ilegal para alcanzar esa mayoría.
(Del uso faccioso de las instituciones para influir en las votaciones dio testimonio el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard).
Ahora se aprestan a ganar “en la mesa”, con trampas a la Constitución y la complicidad de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral, la mayoría calificada que necesitan para implantar el plan C que AMLO les dejó como tarea.
El primer golpe será a la independencia de poderes, con la reforma al Poder Judicial, a fin de que jueces, magistrados y ministros de la Corte sean electos mediante votación universal.
Para ello reformarán los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 107, 110, 111, 116 y 122 de la Constitución.
Los juzgadores serán puestos por Morena, el crimen organizado o algunos de los grandes empresarios favorecidos por el actual gobierno.
Responderán a quienes paguen sus campañas o les garanticen la permanencia en el cargo.
No habrá manera de ganarle un juicio al gobierno, representante del “interés de la mayoría”.
Septiembre es el mes de la consumación del asalto de Morena al poder, con una mayoría calificada producto de la alquimia jurídica.
Los foros que se realizan acerca de la reforma judicial son un adorno puesto sobre la decisión tomada: “Se les escuchará, pero haremos valer nuestra mayoría”, han reiterado funcionarios y legisladores de Morena.
¿Cuál mayoría? No la tienen para cambiar la Constitución por sí solos.
Requieren 66 por ciento de los votos en el Congreso y obtuvieron 54.7 en las urnas. Cuentan con la posibilidad, legal, de una sobrerrepresentación de ocho por ciento. Tampoco les alcanza.
Seremos testigos, a partir del 1 de septiembre, de los alegatos en la Cámara de Diputados para justificar la creación de un Tribunal de Disciplina, con integrantes electos por votación universal, que sancionará o quitará a jueces y ministros que emitan sentencias “contrarias al interés de la mayoría”.
Ya está listo el predictamen en la Cámara de Diputados para desaparecer los organismos autónomos. Sus facultades pasarán al gobierno.
Habrá que guardar, para el juicio de la historia, los argumentos de los diputados del oficialismo que coordinará Ricardo Monreal.
Van a anular derechos ciudadanos, como es saber en qué gasta el gobierno el dinero de los impuestos, a quién le asigna contratos o cómo miden la pobreza y las carencias de servicios básicos.
En el predictamen que aprobó Morena viene un argumento que nos da la idea del tenor de las falacias que oiremos: “En México los órganos constitucionales autónomos carecen de legitimidad democrática, pues fueron creados como respuesta a la venta de paraestatales”.
Morena desaparecerá el INE y será sustituido por un organismo cuyos integrantes también serán electos por voto universal.
Viene la reforma electoral con cambios a los artículos 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122 de la Constitución, que elimina el acceso de las minorías a la Cámara de Diputados y se regresa a la composición de 1963, como recordó recientemente José Woldenberg.
Así, nos juzgará Morena en los tribunales.
A jueces, magistrados y ministros de la Corte los pondrá y quitará Morena.
Y ese partido será el árbitro de las elecciones.
Todo esto va a ocurrir ahora, ya.
Oiremos y leeremos, para no olvidar, lo que digan y escriban dirigentes empresariales, periodistas e intelectuales que buscarán minimizar las dimensiones de la tragedia.
Adiós a la certeza jurídica.
Adiós al Estado de derecho.
Adiós a las elecciones libres.
Lo atestiguaremos en unas cuantas semanas.