Un juez que fue consejero del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP decidirá sobre la querella de Begoña Gómez contra Peinado
El TSJ de Madrid registra la denuncia de la esposa de Pedro Sánchez y designa ponente al magistrado José Manuel Suárez Robledano
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha registrado ya la querella interpuesta por Begoña Gómez contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación y revelación de secretos y ha designado ponente, por el turno de reparto, al magistrado José Manuel Suárez Robledano, que fue elegido en julio de 2012 consejero del Tribunal de Cuentas (donde llegó a presidir la Sección de Enjuiciamiento) a propuesta del PP.
Súarez Robledano será el encargado de redactar el auto sobre la admisión a trámite de la querella una vez escuchada la opinión de la Fiscalía, un posicionamiento que el instructor le solicitará ya en septiembre, según fuentes del TSJ madrileño.
Pero será el tribunal integrado por el propio Suárez Robledano -que tras su paso por el Tribunal de Cuentas se reincorporó al TSJM en noviembre de 2021- y por sus compañeros María Prado y Francisco José Goyena el que finalmente adopte la decisión de la que depende que Peinado tenga que verse forzado a apartarse de la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Y es que el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera causa de abstención y, en su caso, de recusación, «estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento».
Por lo tanto, si el TSJ de Madrid termina dando vía libre a la tramitación de la querella, el abogado de Begoña Gómez instará previsiblemente la recusación del instructor siempre y cuando Peinado no decida antes abstenerse por este motivo. En ambos casos, sería otro magistrado quien asumiera la instrucción.
Sobre la investigación contra Begoña Gómez planea además otra amenaza: los recursos planteados por su defensa y por la Fiscalía que reclaman el archivo de la causa, sobre los que se pronunciará la Audiencia Provincial de Madrid el próximo 30 de septiembre.
Súarez Robledano formó parte también de la Sala que resolvió los recursos del "caso Gürtel" mientras lo tramitó en el TSJM el magistrado Antonio Pedreira, ya fallecido. En ese papel, se opuso a la decisión de la Sala de anular, en marzo de 2010, la mayor parte de las escuchas a la trama liderada por Francisco Correa a cuenta de la intervención de las comunicaciones en prisión a los abogados de los principales cabecillas de la red corrupta, una decisión que terminó apartando de la carrera judicial a Baltasar Garzón. Suárez Robledano dejó claro entonces en su voto particular que la decisión del instructor estaba "justificadísima" ante la existencia de "indicios suficientes" de posibles conductas delictivas.
Además de Begoña Gómez, su marido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha querellado contra Peinado, una denuncia sobre cuya admisión a trámite decidirá el mismo magistrado, Francisco José Goyena, que ha pedido al Tribunal Supremo que impute por revelación de secretos al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al hacer pública una nota aireando las negociaciones con su defensa para cerrar un pacto de conformidad a cambio de reconocer el fraude fiscal de 350.000 euros que se le imputa.
A diferencia de lo que sucedería si se admite la querella de su mujer, si la denuncia de Pedro Sánchez sigue adelante no conllevaría que Peinado tenga que ser apartado de la investigación, al no ser el jefe del Ejecutivo parte en el procedimiento, en el que únicamente compareció en calidad de testigo. Sí podría tener consecuencias ante una hipotética petición de imputación de Sánchez en el Supremo -con la que Vox coquetea-, pues podría ser rechazada por ese motivo (en la medida en que sería Peinado quien tuviese que pedir la medida).
En su querella contra el juez que la investiga, Begoña Gómez señala a Peinado por las filtraciones de la investigación mientras la causa estaba secreta y denuncia que le causó indefensión. En ese escrito, su defensa asegura que este hecho le ha causado "un grave perjuicio ante la sociedad" y ha sometido a Begoña Gómez "a la pena de banquillo", originándole "un evidente daño a todo lo que la rodea, especialmente su esposo", por la "presión mediática y política" que ha soportado.
El magistrado, asegura, ha llevado a cabo durante la instrucción "una aplicación del derecho incomprensible" y "ha forzado las normas aplicables", adoptando decisiones "no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias". Hasta el punto de que califica su actuación como "errática", "prospectiva", "perversa", "inusual", "arbitraria" e "injusta" y plagada de decisiones a las que se refiere como "estrambóticas", rocambolescas" y meras "ocurrencias". Fruto, se queja, de una "hostilidad" hacia su persona que le ha ocasionado un "evidente impacto en todos los ámbitos de su vida" por la "importantísima repercusión mediática del proceso".