Diputados corrigen proyecto para secuestrar capitales carentes de origen lícito aparente
Casi tres meses después de su aprobación en primer debate y de tomar la decisión de frenar el trámite, los diputados corrigieron el proyecto de ley que fortalece la Jurisdicción Contencioso Administrativa para permitir el congelamiento o secuestro de capitales carentes de un origen lícito aparente.
Luego de muchas negociaciones entre fracciones, pero sobre todo de consultas al Ministerio Público y a otras entidades involucradas, los congresistas hicieron dos cambios.
Se dejó únicamente en manos de la Fiscalía la potestad de solicitar a un juez un congelamiento mediante una medida cautelar anticipada. La versión anterior también permitía que la Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) realizaran pidieran secuestros de bienes.
No obstante, ambas entidades tendrán la posibilidad de apersonarse en los procesos judiciales como coadyuvantes.
Por otra parte, los diputados eliminaron el monto a partir del cual se podría solicitar el congelamiento de capitales de origen sospechoso.
Ese monto estaba fijado a partir de los $50.000. Al eliminarse, quedará en criterio de los investigadores la solicitud cuando se presuma un incremento de capital sin una causa lícita aparente, tanto de funcionarios públicos como de particulares, tanto en el caso de personas físicas como jurídicas.
El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el liberacionista Gilberth Jiménez, y Priscilla Vindas, del Frente Amplio, dijeron las reformas aprobadas el lunes fortalecen un proyecto cuyo principal objetivo es golpear a la criminalidad, principalmente la organizada.
La decisión de quitar un umbral a partir del cual se podía solicitar el congelamiento fue recomendada por los fiscales del Ministerio Público, porque eso permitiría una lucha más efectiva, refirió la legisladora Vindas.
La medida de congelamiento tiene el objetivo de asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés para investigaciones judiciales, siempre que se considere podrían ser distraídos u ocultados de las autoridades judiciales.
En el proyecto, tal como fue aprobado en mayo, no permitía la realización de audiencia a las partes. La moción aprobada este lunes, de forma unánime, permite que se realice una audiencia, pero de forma posterior a la aprobación de la medida de congelamiento de capitales o bienes.
La audiencia se debe realizar en el plazo de tres días desde la adopción de la medida y permitirá al juez determinar, con base en las pruebas, si mantiene, modifica o revoca la medida cautelar.
Adicionalmente, el proceso obliga al Ministerio Público a presentar la denuncia respectiva contra funcionario o persona de derecho privado en el plazo de un mes calendario.
Aunque el Partido Liberal Progresista (PLP) votó a favor de la moción para corregir el proyecto, Eliécer Feinzaig y Kattia Cambronero intentaron que se hicieran algunas modificaciones, principalmente en cuanto al monto.
Feinzaig cuestionó que se le dé 30 días a la Fiscalía para presentar pruebas y que se pueda mantener el congelamiento por ese plazo, pero solo unas cuantas horas a la persona para demostrar su origen lícito.
“Eventualmente se puedan dar abusos contra ciudadanos honestos”, dijo el legislador del PLP. Apuntó que, sin un umbral, el Ministerio Público podría ir y congelar capitales pequeños y afectar a gente que no tenga capitales ilícitos.
Por su parte, Cambronero cuestionó que se revierta la carga de la prueba, en el sentido de que quedaría bajo responsabilidad de la persona demostrar que su capital es lícito, en lugar de que la Fiscalía está obligada a demostrar que no lo es.
Luego de rechazadas las mociones liberales, se aprobó una moción para remitir la nueva versión del proyecto a consulta de varias instituciones, entre ellas la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ICD, los ministerios de Hacienda y de Seguridad Pública, así como los bancos estatales y públicos, y la Contraloría, entre otras.