Relatora ONU y tráfico de influencias en el Poder Judicial: “Estos problemas pueden resolverse”

“Me han señalado que existe una justicia para ricos y otra para pobres”, afirmó la relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, sobre la independencia de los magistrados y abogados nacionales tras una visita de dos semanas a nuestro país, en que se reunió con representantes del Gobierno, del Congreso Nacional, jueces, fiscales, abogados y organizaciones de la sociedad civil.

Durante la entrega de sus observaciones preliminares, la relatora destacó una serie de elementos del sistema chileno, como la labor de la Defensoría Penal Pública y la existencia de una academia judicial para los jueces. Sin embargo, también planteó que existen problemas en el acceso a la justicia en el caso de grupos vulnerables (como personas de la tercera edad, migrantes y pueblos indígenas), además de una diferencia importante entre distintas clases sociales.

“Mis interlocutores, entre ellos varios jueces, me han señalado que existe una justicia para ricos y otra para pobres y que las experiencias de los usuarios de la justicia dependen de sus medios económicos, su clase social y sus conexiones. Me dijeron que los ricos se benefician de un sistema judicial eficaz que permite la tramitación acelerada de sus causas hasta evitar penas de cárcel, mientras que los menos afortunados se ven atrapados en largos procedimientos y reciben penas más duras”, indicó.

“Muchos de estos asuntos resonaron en el estallido social de 2019-2020, encapsulado en el lema ‘no son 30 pesos, son 30 años'”, agregó la experta ONU.

Satterthwaite también se refirió a los posibles casos de tráfico de influencias en los nombramientos de jueces, señalando que aunque han generado “escepticismo público”, “estos problemas puedan resolverse”.

“Las instituciones chilenas son sólidas, el país cuenta con abundantes recursos y los chilenos quieren encontrar formas de avanzar”, dijo.

En esa misma línea, la relatora relevó que existe “un amplio acuerdo sobre la necesidad de una reforma que refuerce el sistema judicial”, por lo que ahora “se necesita de una acción audaz y una auténtica voluntad política para abordar los problemas sobre los que todos están de acuerdo, y para aplicar los cambios antes de que el público se rinda ante un sistema que actualmente considera defectuoso pero redimible”.

“Debe levantarse el estado de excepción en la Región de la Araucanía”

Respecto a la situación en La Araucanía, a la disputa entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, Satterthwaite afirmó “que la violencia y el conflicto no son motivos para dejar de lado las garantías procesales que sustentan el derecho a un juicio justo mediante una legislación especial”.

“Además, debe levantarse sin demora el estado de excepción en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y Bío Bío en la Región del Biobío”, añadió.

Por otra parte, la relatora se declaró “disgustada”, por las denuncias “de periodos de prisión preventiva excesivamente largos, sentencias duras y discriminación en la aplicación de la ley y en los procedimientos”, además de los casos de huelgas de hambre por parte de detenidos mapuche.

“Acciones tan drásticas deberían ser poco frecuentes en un sistema jurídico bien desarrollado y con capacidad para tratar a todos por igual. Al parecer, algunas de estas huelgas estaban relacionadas con solicitudes de beneficios durante la detención a las que las personas ya podían tener derecho”, observó.

De todas maneras, la experta destacó los avances de la Comisión por la Paz y Entendimiento conformada el 2023: “Su amplia composición y su enfoque basado en el consenso son dignos de elogio y espero con interés las recomendaciones que la comisión presentará en octubre”.

La prevalencia de un enfoque punitivo

Otro de los elementos por los que la relatora aseguró estar preocupada, fue el avance de “un enfoque punitivo frente a otro basado en los derechos humanos, lo que supone una mayor presión sobre el sistema judicial”.

“Por ejemplo, me preocupó conocer sobre las orientaciones dadas a los fiscales para solicitar la prisión preventiva cuando los agresores pertenecen a determinadas categorías sociales. Junto con la creación de nuevos delitos y el establecimiento de penas obligatorias, estas políticas han provocado, al parecer, el hacinamiento en las cárceles”, estimó.

Por otro lado, Satterthwaite cuestionó el lento avance de las causas de derechos humanos vinculadas a hechos ocurridos durante la dictadura, además del “secretismo” con que se manejan dichos casos, por tramitarse bajo el antiguo Código Penal.

“Si no se toman pronto medidas más decisivas, la avanzada edad de las víctimas de la dictadura puede desembocar en la impunidad”, advirtió.

De manera similar, la relatora criticó “el lento avance de los casos relativos al uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de Carabineros durante el estallido social, especialmente preocupante si se compara con el rápido avance en los casos de destrucción de bienes por los mismos hechos o hechos relacionados”.

“Me preocupa especialmente oír que, en muchos casos, los presuntos delitos prescribirán en octubre de 2024, lo que aumenta la frustración de quienes soportan prolongadas esperas de justicia”, afirmó.