Tres meses del cisma de Belorado: «Una huida hacia adelante»
«Esta batalla no está acabada». Es la amenaza que lanzaba este jueves a través de un vídeo mensaje en Instagram la ex abadesa del convento burgalés de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, cuando se cumplen tres meses de que abanderara un cisma inédito en la historia de la Iglesia. Un grupo de clarisas decidía separarse de Roma tras firmar un manifiesto el pasado 8 de mayo que negaba el Concilio Vaticano II y la autoridad de todo pontífice después de Pío XII. A la par, decidían ponerse bajo la jurisdicción de la llamada Pía Unión San Pablo Apóstol, un movimiento sedevacantista desconocido hasta la fecha, liderado por Pablo de Rojas, un falso obispo nostálgico del franquismo, negacionista del holocausto, sin grey conocida y bajo la sombra de pilotar una secta bajo una perspectiva católica. Ellas, en cambio, niegan la mayor, al considerar que son los 1.400 millones de católicos quienes están siendo «estafados», entre otros, por el actual Papa. De fondo, amén de estas disquisiciones pseudoteológicas e ideológicas, la trifulca por una operación de compraventa de los conventos vinculados a la comunidad en Orduña y Derio, con un misterioso benefactor millonario que se esfumó con el paso del tiempo sin conocer su identidad.
Arrancaba entonces lo que las propias protagonistas y guionistas de esta trama han definido como una «telenovela» con tantos alicientes que las han encumbrado en un fenómeno mediático eclesial tal, que ha superado lo mismo a un cónclave papal que a la lacra de los abusos sexuales. A saber: un cura coctelero «fake», fotomontajes de su mentor en el Ritz de Londres, la huida de una monja tránsfuga fiel a Francisco, un obrador monacal para elaborar bombones con mojito de alta cocina, un criadero de perros supuestamente ilegal, un cambio de la cerradura en Derio…
El órdago irrevocable de consagradas, orgullosas de retomar la misa tridentina en latín y con el sacerdote de espaldas, se consumó el 22 de junio, se decretaba la excomunión de diez de las habitantes del monasterio y salvaba a las cinco ancianas de la comunidad que, hasta la fecha, no se han manifestado públicamente sobre el cisma. Desde ese instante, Laura Gil de Biedma, nombre civil de la priora defenestrada, y sus nueve compañeras han dejado de ser monjas y católicas. De hecho, deberían incluso despojarse de su hábito de clarisas. A la par, se convertían en inquilinas ilegales de un cenobio propiedad de Roma, con la correspondiente petición para que desalojen el lugar. Sin embargo, ellas no piensan moverse salvo que llegue una sentencia judicial, en tanto que consideran que son las propietarias del inmueble, un extremo que niega la Iglesia católica.
Al frente de esta crisis eclesial, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, al que la Santa Sede nombró comisario pontificio. O lo que es lo mismo, la máxima autoridad sobre la comunidad y los conventos, otorgándole poder total sobre las propiedades y sus cuentas. De hecho, él firmó la excomunión y en su mano está interponer una demanda de desahucio contra las ex clarisas rebeldes. Hasta la fecha, se han iniciado los trámites previos, como lo demuestra el informe de vulnerabilidad sobre las habitantes de Belorado que ya ha iniciado la Diputación de Burgos.
Entretanto, sor Isabel ha interpuesto una denuncia contra Iceta por violación del derecho de libre asociación y principio de libre separación, así como por abuso de poder y usurpación de la representación legal. Pero sus dardos al arzobispo van más allá: «Nos está llevando a la total ruina». «Me siguen todos los días llegando impagos, impagos, impagos…», denuncia la ex religiosa, que acusa a la comisión gestora de no pagar ni las nóminas ni los suministros ni las facturas –«lo mismo de la leche que de azúcar o de la harina»-, lo que les habría impedido seguir fabricando sus dulces.
Desde la Archidiócesis de Burgos niegan la mayor. A través de múltiples comparecencias y comunicados sostienen que «se han gestionado los pagos de los trabajadores y proveedores que han seguido el protocolo establecido por la comisión gestora», el órgano colegiado para intentar mediar con las ex contemplativas. Intentos todos ellos frustrados, incluida una expulsión de Belorado del grupo enviado por Iceta a golpe de Guardia Civil. Por ello, desde Burgos remarcan que «la ex abadesa nunca ha facilitado la información económica que se le ha requerido, al menos en cinco ocasiones». «Únicamente ha enviado facturas y nóminas pendientes de pago, que la comisión gestora está estudiando con detenimiento», subrayan desde el equipo de Iceta.
Con este cruce de acusaciones se llega a este 11 de agosto, día en que las ex religiosas están llamadas a celebrar la festividad de su fundadora, santa Clara. Y lo hacen con un nuevo giro al más puro estilo de «La Mesías» de los Javis. Tras la expulsión de Pablo de Rojas y su portavoz, que ha bloqueado en su móvil a la ex abadesa después de donarlas 6.000 euros para pagar a los abogados, sor Isabel de la Trinidad ha fichado a un nuevo capellán: el falso obispo brasileño Rodrigo Henrique Ribeiro da Silva.
En el Arzobispado de Burgos no salen de su asombro ante los nuevos episodios emitidos desde Belorado. Así, interpretan los últimos movimiento de las ex clarisas como «una huida desesperada hacia adelante» y lamentan que «no hayan mostrado ningún signo para poder reconducir la situación». Pero no pierden la calma. «Vamos tomando nota de cada una de sus acciones y acusaciones para proceder desde el punto de vista pastoral y legal», aseguran a LA RAZÓN desde el equipo de Mario Iceta. La comisión gestora de Burgos insiste en que «pagamos lo que conocemos», refiriéndose a que no sabían del impago del seguro del coche que ahora echa en cara la abadesa defenestrada. «Sin embargo, sí hemos pagado los audífonos de una de las monjas, y eso no lo cuentan», dejan caer, como prueba de la buena voluntad eclesial frente a los ataques del grupo cismático.
«Si verdaderamente no estuviéramos actuando acorde a la ley por no pagar algo, ya habría intervenido la justicia contra nosotros», sentencian desde la Archidiócesis. Es más, dan la vuelta al argumentario de las ex priora: «No nos dejan administrar lo que legalmente nos corresponde, es un derecho, pero también es un deber que tenemos».