La sombra de los problemas legales con las primas a las renovables de la pasada década se alarga con los años. El actual Ejecutivo, que hereda un conflicto generado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy , se enfrenta a numerosas denuncias de las empresas y fondos que invirtieron en España en este negocio, y que ahora reclaman una recompensa por el final de aquellas ayudas . Ante este aluvión de arbitrajes perdidos en el CIADI, y que ahora se han convertido en potenciales embargos de bienes para afrontar los impagos —algunos ya con sentencias favorables—, el Gobierno tiene que recurrir a todas las herramientas legales posibles para salvar la situación . Así, en lo que va de año, la Abogacía del Estado ha licitado concursos públicos por valor de 1,1 millones de euros para recabar informes legales y documentos periciales con el objetivo de ganar los casos pendientes . Estos contratos son tan solo de asesoría, y están al margen de la propia defensa que contrata el Estado cuando va a los tribunales. Según fundamentan en los pliegos, este tipo de informes son esenciales dado que en los casos anteriores se ha demostrado que la prueba pericial fue vital . Cabe destacar, también, que hay una exigencia fundamental: que la empresa contratante no haya publicado nada relacionado con esta materia que pudiera perjudicar a los intereses españoles. En esta media docena de contratos, algunos ya están adjudicados, otros se encuentran en la fase de evaluación, e incluso uno se quedó desierto. Fue a principio de año, el caso que mantiene abierto Sevilla Beheer (contrato de 50.000 euros), que junto a Córdoba Beheer, reclamaron 20,5 millones de euros, aunque la compensación final se quedó en seis millones. También por valor de 50.000 euros se han licitado dos contratos para elaborar informes en los casos contra E.On e Infracapital. Con esta última se ha tenido que realizar una declaración de urgencia para acelerar los procesos en la elaboración de la documentación para la defensa española. Los contratos de mayor cuantía han sido los de Woc Photovoltaik (877.000 euros) y Cavalum (110.000 euros), ambos ganados por Accuracy Asesores, y que son de peritos económicos. Por parte del Gobierno, el planteamiento durante todos estos años ha sido siempre el mismo: que este problema viene de la decisión adoptada en 2013 por el gabinete de Rajoy de recortar de forma drástica la rentabilidad aprobada por el Ejecutivo de Zapatero sobre esas instalaciones renovables. No obstante, ahora no quieren recordar que esas rentabilidades aprobadas en los años de auge económico previos a la crisis financiera eran incompatibles con el proceso de consolidación fiscal exigido por Bruselas a España. La situación no cesa. El pasado fin de semana trascendió que la Justicia de Estados Unidos ha sentenciado, ya en apelación, que tiene jurisdicción para «confirmar» y «hacer cumplir» los laudos de un caso que implica a tres inversores damnificados con derecho a una indemnización a su favor de más de 300 millones de euros. Se trata de un duro revés para nuestro país , que trataba de frenar esta posibilidad, y se deja vía libre ahora a que se produzcan embargos de bienes españoles públicos en ese país.
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