Llegó el Estado facho antiONG, por Mirko Lauer
[El autor de esta columna integra la directiva del Instituto Prensa y Libertad, IPYS, una ONG dedicada a la defensa de libertades periodísticas].
El nuevo enemigo de los dictadores en América Latina: las ONG. Esto que es común en las satrapías de Asia hoy es la novedad en este continente. En Nicaragua se está obligando a 1.500 ONG a asociarse con el Estado, como una forma de limitar su capacidad de acción en la sociedad, vale decir, cerrarlas. En Venezuela los ataques del chavismo a las ONG son permanentes.
En el Perú venimos de un intento del Congreso de someter a estas organizaciones de derecho privado mediante una ley que ha sido repudiada por las embajadas locales de 16 países. La idea de fondo es el control del pensamiento organizado en todas las áreas de la actividad social. Destaca el odio dictatorial a la defensa de los derechos humanos.
Un argumento socorrido para atacar a las ONG es que ellas reciben fondos del exterior, y en consecuencia son agentes de intereses foráneos. Esto lo esgrimen Gobiernos autoritarios que sobreviven del préstamo y del donativo de fuera. Otro argumento es que las ONG no persiguen sus objetivos declarados, sino que defienden intereses políticos de diverso tipo.
Las ONG más odiadas por las dictaduras y por quienes quisieran instalar una propia son las dedicadas a la defensa de los derechos humanos o a la investigación de los tinglados secretos de la corrupción en el poder. En esto último es notoria la tirria que le tiene la extrema derecha política al Instituto de Defensa Legal, IDL.
Pero en lo de recibir ataques desde la intolerancia autoritaria o dictatorial, las ONG no están solas. En verdad, las primeras víctimas en este terreno son los sindicatos independientes, seguidos muy de cerca por las Iglesias socialmente orientadas. En realidad, todo aquello capaz de defender al pueblo frente al Estado es blanco de persecución.
Para quienes buscan parecidos presentes o futuros entre el poder político en el Perú y el de Venezuela, allí están las leyes paralelas para limitar la libertad de asociación en los centros de estudios y desarrollo llamados ONG. Pero, en cambio, Caracas y Lima adoran la ayuda humanitaria que viene de fuera y que sustituye lo que sus Gobiernos deberían realizar, y no quieren ni pueden.