Que la salud sea prioridad universal
Hoy, más que nunca, es vital que unamos nuestras fuerzas, compartamos nuestras experiencias y trabajemos en proyectos comunes que impulsen un futuro donde proteger y garantizar la salud en nuestras naciones sea una prioridad y no una quimera, afirmó el ministro de Salud Pública, doctor José Angel Portal Miranda, al intervenir en la 11na. Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, que tiene lugar en México.
En tal sentido, ratificó la disposición de Cuba de poner al servicio de la Organización Panamericana de la Salud y de los países de la región, su capacidad técnica y experiencia en la producción de medicamentos, productos biotecnológicos y vacunas, así como el desarrollo alcanzado por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos.
Portal Miranda subrayó que la autosuficiencia de medicamentos en la región debe «salirse de la esfera técnica y llegar a las políticas públicas, que promuevan la cooperación regional y respalden el derecho de todos a la salud» y expresó su deseo de que las reflexiones de la conferencia «contribuyan al desarrollo de una diplomacia en salud más enfocada hacia la integración».
Consideró el evento como una oportunidad para aprobar e implementar proyectos conjuntos y seguir desarrollando las competencias básicas para la continua introducción y perfeccionamiento de las buenas prácticas y el uso de las ciencias regulatorias en los Estados miembros de la Red Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica.
El Ministro comentó que en la Mayor de las Antillas la salud pública es un derecho de todas las personas, y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación, cuyas bases nacen en la comunidad y están respaldados por profundos conceptos de solidaridad y cobertura universal.
Enfatizó que actualmente es un reto mantener los resultados e indicadores en este ámbito, debido al impacto de la crisis generada por la COVID-19, unido al recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, así como la arbitraria inclusión de la isla en la «espuria y unilateral lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo».